Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha levantado una alerta donde denuncia que la gubernamental Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), amenazó con cerrar la radio Cadena Hondureña de Noticias (CHN).
La amenaza habría sido en contra de 14 periodistas, denunció a C-Libre la Red de Alertas a Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos) de Francisco Morazán.
«Estamos hablando del caso de la radio porque hay un ultimátum para los periodistas. Personal de la OABI advirtió que la radio no está vendiendo y que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerrará el medio de comunicación este jueves 25 de agosto porque se deben 378,000 mil lempiras” y se dio un ultimátum a los periodistas para “vender publicidad, se les dio un plazo para el jueves 25 de reunir 100 mil lempiras», según la denuncia.
El medio de comunicación fue incautado, junto con otras empresas de Marcelo Chimirri exgerente de Hondutel en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, en abril de 2014 y desde entonces, la funcionaria, María Eugenia Mourra, nombrada por el Estado, es la encargada de relacionarse con los y las periodistas del medio de comunicación.
En ese sentido, el Estado de Honduras, a través de la administradora, supuestamente sostuvo que la empresa no es rentable y advirtió que habrá que cerrar el medio de comunicación sin tomar en cuenta el tema de la libertad de expresión.
Según la denuncia, originada en Rapcos y documentada por C-Libre, a los periodistas «los pasan amenazando dando plazos» y les exigen vender publicidad.
De acuerdo con informes a los que C-Libre tuvo acceso, la radio cuando fue incautada, contaba con unos 35 anunciantes y los periodistas -que tenían sus espacios independientes- poseían también sus propios anunciantes.
Las averiguaciones previas de C-Libre indican que los periodistas y trabajadores del medio de comunicación laboran sin recibir un salario mensual por parte de la radio, los comunicadores trabajan a cambio de recibir una hora semanal para la producción de un programa radial, bajo la dirección de cada periodista.
La documentación que respalda la denuncia demuestra que el sostenimiento de la radio recae en los periodistas que trabajan en un ambiente de tensión porque además de las coacciones desde la estatal OABI, permanentemente les quitan los servicios de agua y luz y el agua almacenada en la cisterna está contaminada.
De tres teléfonos que existían, ahora sólo hay uno, los comunicadores tienen servicio de teléfono celular, carecen de servicio de internet y de diez repetidoras a nivel nacional, únicamente habría dos en funcionamiento.
«Todos los periodistas pasamos con incertidumbre constante, no tenemos respaldo ni publicidad», se quejó uno de los periodistas que acompaño la denuncia de la grave situación que están viviendo.
El propietario de la radio incautada por el Estado, Marcelo Chimirri, indicó que hay un fallo judicial para pasar el dominio de la emisora al gobierno, por medio del Juzgado de Extinción de Dominio.
A juicio de Chimirri, el origen del cierre de la radio es que desde 2005, que surgió, ha sido una emisora crítica. A Chimirri lo acusan por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito mientras fue gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), de 2006 en adelante. Aún no hay una sentencia por esta acusación.
«La radio está prácticamente quebrada condenada a la desaparición». Cuando fue incautada, había unos 50 periodistas que trabajan en la radiodifusora, era una emisora sostenible con utilidades, inclusive el gobierno ha querido intervenir en la línea de pensamiento de los periodistas, sostuvo.
«Recordemos que hombres armados que guardias de seguridad sacaron de la cabina a Denovan Galicia por las críticas al procedimiento que se estaba siguiendo cuando la radio fue incautada», dijo.
El 4 de marzo de 2014, C-Libre difundió la Alerta 011-14 para informar al mundo ya redes internacionales de defensa de libertad de prensa que «la Oficina de Bienes Incautados de Honduras (OABI), interrumpió durante al menos cinco horas la programación informativa de Cadena Hondureña de Noticias (CHN). El hecho se produjo el día cuatro de marzo del 2014, cuando guardias de seguridad privada siguiendo directrices de la OABI desalojaron a periodistas de la cabina radial en plena transmisión habitual de noticias».
