Tegucigalpa. – La corrupción no es un acto nuevo en Honduras, pero diversos sectores comentan que, durante el gobierno del expresidente extraditable por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, la podredumbre de la corrupción llegó a niveles descarados y sin precedentes.
Dejó de sorprender que, cada día salga a la luz un nuevo acto de corrupción que ofende a una población empobrecida, la pobreza alcanzó al 74 por ciento del pueblo, cuya confianza ha sido utilizada y atropellada hasta el cansancio.
Los ejemplos más recientes de despilfarro al dinero del pueblo, salieron hace unas horas, trasciende que el Consejo Nacional Anticorrupción en nuevas investigaciones han encontrado que un exfuncionario de Casa Presidencial del Gobierno de “JOH”, malgastó en viajes y amoríos más de 240 mil lempiras por día.
Además, ayer uno de marzo de 2022, justo cuando se derogó por completo la lesiva “Ley de Secretos”, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, denunció que desparecieron documentos de Casa Presidencial, lo que evidencia que maliciosamente se hizo para evitar que se puedan conocer más actos de corrupción.
Ante estas irregularidades y delitos, manipulación de leyes, se violentó la Constitución de la República, los exfuncionarios se han ido con jugosas prestaciones, aunque hayan sido muchos de estos nombrados por la Corte del Distrito Sur de New York por corrupción y narcotráfico.
Ante ese sombrío panorama por el que la población exige justicia, nos encontramos con una Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Ministerio Púbico (MP) sin compromiso con la justicia, que fortalece el manto de la impunidad, como lo manifiestan analistas, abogados y otros sectores sociales.
Al respecto, el abogado especialista en temas constitucionales, Juan Carlos Barrientos, conversó sobre lo antes expuesto por Criterio.hn y lamentó que Casa Presidencial entregue una tarjeta de crédito a altos funcionaros ligados a la casa de gobierno porque cuentan con una partida presupuestaria confidencial, con lo que lamentablemente se puede hacer lo que venga en gana, porque no es auditable y permite que el presidente regale el dinero que, aunque este debería ser para gastos de naturaleza laboral, terminan utilizándose de forma irresponsable para otros fines.
Inició aconsejado que el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) elimine la partida presidencial o la transparente para que deje de ser confidencial, así facilitar que sea auditable, para que pueda ser revisada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Sin embargo, también aconsejó reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas, porque el este solo acciona posteriori, cuando se necesita que los análisis a altos funcionarios se hagan a priori, porque es necesaria la auditoría preventiva.
“Si queman, desaparecen o destruyen papeles, tristemente no se puede hacer nada”, dijo Barrientos, al tiempo que recordó que años atrás en el Instituto de la Propiedad (IP) incendiaron la parte administrativa para evitar el desenredo de embrollos que no beneficiaban a alguna parte.
El abogado constitucional, dijo que no es posible que, en tiempos de alta tecnología, no se hayan microfilmado los documentos que dicen desaparecieron de Casa Presidencial, lo que pareciera haberse hecho con premeditación para no dejar ninguna evidencia.
“En los bancos hacen microfilme de todos los documentos financieros, no estamos en la época de las cavernas”, razonó el togado, quien apuntó que debe haber varias medidas que funcionen a la par.
En el tema de la lucha contra la corrupción, manifestó que los jueces llevan a cabo los juicios conforme a la carga probatoria que presentan los entes acusadores, es decir la Fiscalía, sin embargo, los juicios están mal preparados, por lo tanto, no pueden ganarlos porque carecen de medios de prueba que permita fallar en contra.
“El Ministerio Público tiene la costumbre de ponerse a llorar que los jueces no valoraron todo lo que ellos hicieron, pero no es cierto, a mí me consta que están mal preparados los juicios”, argumentó Barrientos.
Lea también: Tras derogar Ley de Secretos, instan endurecer sanciones a funcionarios que violenten el acceso a información
NEGLIGENCIA HACE PERDER LOS CASOS
A reglón seguido, ejemplificó la negligencia en el famoso caso de corrupción Caso Pandora, presentado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2018, donde toda la acusación estaba sustentada en fotocopias y los peritajes no contaban ni siquiera con la firma del perito.
“Ahí es donde los abogados de la otra parte se comen el caso porque son más estudiosos y metódicos, claro, los clientes les están pagando una buena cantidad de dinero por eso hacen mejor las cosas”, apuntó y aconsejó que se debe capacitar mejor a los fiscales
Por otro lado, Barrientos dijo que el Código Penal debe ser derogado, porque está pesimamente elaborado, acompañado de un sinfín de falencias que permiten que no se pueda siquiera acusar por el delito de lavado de activos. Lo anterior, por el simple hecho que se debe probar que hubo un delito al momento de adquirir bienes.
El entrevistado sostuvo que no sirve de nada derogar la Ley de Secretos cuando sigue en pie el lesivo Código Penal, el cual enfatizó debería ser eliminado de inmediato.
Lea también: CNA pide que se judicialice en Honduras a todos los hondureños incluidos en listas de corrupción y narcotráfico
CAMBIAR LA CORTE, MINISTERIO PÚBLICO Y DESMONOPOLIZAR ACCIÓN PENAL
Entre tanto, el jurista aplaudió que la diputada Fátima Mena impulse un anteproyecto de decreto para cambiar la forma de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, tomando en cuenta que los actuales están inmiscuidos en temas de corrupción, como lo ha mencionado la justicia de Estados Unidos.
“Ya no podemos seguir con esos mismos mecanismos o seguirán eligiendo a las peores personas”, destacó Barrientos.
A su vez, sostuvo que “mientras no se corrija esto que he mencionado, aquí todo seguirá marcado por corrupción”, señaló y reconoció que derogar la Ley de Secretos es un buen inicio, pero significa solo una pequeña parte para llegar a algo contundente.
Deberían dar acción penal pública al Consejo Nacional Anticorrupción, porque la acción penal público está monopolizada por la Fiscalía y el Ministerio Público, reduciendo así que solo esos entes puedan presentar acusaciones.
Por esa razón, argumentó que el CNA debería tener también esa facultad porque realizan líneas de investigación, deberían tener sus propios abogados y presentar de manera directa a los juzgados las acusaciones y medios de prueba, los que no llegan a más porque “el fiscal del Ministerio Público los engaveta”.
Por ahora, sostuvo que no existe una ley que castigue la destrucción de documentos que esconden corrupción, pero mencionó que al menos se debería iniciar por penalizar al administrador de Casa Presidencial, aunque esto se obstaculiza porque la partida es concienciar.
