La negativa oficial de rendir cuentas sobre los gastos y los documentos presupuestarios, desautorizan el discurso gubernamental en cuanto a los costos incurridos durante la organización y desarrollo de la Novena Cumbre de la Celac.
Tegucigalpa, Honduras. – En abril de 2025 Honduras fue sede de la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un evento de relevancia regional que reunió a delegaciones internacionales en Tegucigalpa.
Criterio.hn solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional un informe de los gastos incurridos en la organización y desarrollo de este encuentro.
La petición de los gastos se formuló el 13 de mayo pasado, ante una serie de impresiones y que surgieron a raíz de unas declaraciones vertidas por el entonces canciller, Eduardo Enrique Reina, quien refirió que el costo durante la presidencia de Honduras sobre el mecanismo de la Celac, era de entre 5 y 6 millones de dólares, lo que generó cuestionamientos por parte de varios sectores.
Ante la avalancha de críticas, la Cancillería emitió, posteriormente, el 7 de abril, un comunicado, mediante el cual aseguró que el costo de la presidencia pro témpore para el ejercicio de un año, incluyendo la Novena Cumbre, ascendía a un millón de dólares. Asimismo, que dicho valor fue cubierto, en su mayoría, por organismos internacionales, cooperantes y socios estratégicos.
Adicionalmente, Reina señaló que el 30% de los gastos de la cumbre serían cubiertos por Honduras.
Respuesta de la Cancillería
“La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, no incurrió en gastos para la realización de las Cumbre de la CELAC realizada en Tegucigalpa”: respuesta de la Cancillería mediante memorándum #639-GA-2025,10 de julio de 2025.
La respuesta de la Cancillería fue proporcionada a casi dos meses de que fue solicitada por este medio de comunicación y se registró, luego de un recurso de reposición interpuesto ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La IX Cumbre de la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en Honduras –durante el 8 y 9 de abril de 2025— contó con la participación de representantes de los 33 estados miembros, incluyendo la presencia de 10 mandatarios de la región.
Aunque el evento culminó con la firma de la “Declaración de Tegucigalpa”, anunciada como un acuerdo “por consenso”, en realidad solo fue suscrita por 30 delegaciones. Argentina, Nicaragua y Paraguay manifestaron su desacuerdo con algunos puntos de la declaración y se abstuvieron de firmar, evidenciando las diferencias y tensiones políticas que atraviesa la región a pesar del esfuerzo diplomático por mostrar unidad.
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¿CUÁLES FUERON LOS GASTOS?
Criterio.hn revisó el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año fiscal 2025 de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en el cual se identifican gastos asociados directamente a la organización de la Cumbre de la Celac.
Entre estos datos oficiales, destacan la compra de tóner y tintas para uso exclusivo del evento por 1,500,000 lempiras, con fecha de contratación el 21 de marzo de 2025, y la contratación de servicios de protocolo destinados a la cumbre, por un valor de 31,000,000 de lempiras, registrada el 11 de abril de 2024 –dos días después que se realizara la cumbre—. Estos registros muestran una asignación presupuestaria considerable dirigida exclusivamente a la organización de la cumbre. Sin embargo, sobre estos gastos no existe respaldo que evidencie una erogación por parte del Gobierno de Honduras o que estos corran como parte del 30% de los gastos que Honduras asumiría, como lo aseveró Eduardo Enrique Reina.
A partir de estos hallazgos, Criterio.hn evidenció una discrepancia significativa al comparar la información del PACC con la respuesta oficial canalizada a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Mientras los documentos presupuestarios reflejan gastos concretos para la Celac, la respuesta de la Cancillería asegura que no se incurrió en ningún egreso relacionado con el evento. Esta contradicción genera dudas sobre el manejo y la transparencia de la información pública.
Con el objetivo de obtener la versión oficial sobre las discrepancias identificadas, El Mirón [la sección de verificación de Criterio.hn] intentó entrevistar al vicecanciller Gerardo Torres. Aunque, en un intercambio de mensajes por WhatsApp, Torres ofreció una entrevista para el jueves 31 de julio —tras su regreso de un viaje a China—, llegado el día, El Mirón volvió a contactarlo para confirmar la cita, pero no obtuvo respuesta.
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OBSTÁCULOS PARA LA TRANSPARENCIA
La falta de transparencia en las instituciones estatales continúa siendo uno de los principales desafíos para el acceso a la información pública en Honduras, reflexiona José Perdomo, representante de la Red por la Defensa de la Democracia.
Para Perdomo la contradicción de la Cancillería con su PACC anual, documento mediante el cual se consigna el gasto de más de 32 millones de lempiras para la contratación de servicio de protocolo, toner y tinta, vinculados directamente a la cumbre, es alarmante. “Este tipo de contradicciones evidencian cómo la opacidad se ha convertido en una norma dentro de la administración pública”, afirma.
El representante de la Red subraya que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pese a establecer parámetros obligatorios de publicación en los portales de transparencia, carece de capacidad técnica y humana para evaluar la calidad del contenido publicado. “Muchas instituciones reciben calificaciones del 100% por cumplir con los requisitos formales, pero el contenido es deficiente o irrelevante”, cuestiona.
Perdomo también objeta que la cultura institucional favorece la publicación parcial o manipulada de la información, lo que impide a la ciudadanía ejercer plenamente su derecho constitucional y convencional de acceso a datos públicos. “Se reporta lo que se quiere reportar, y no hay mecanismos efectivos para obligar a las instituciones a entregar información completa, concreta y digerible”, agregó.
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ESTRATEGIAS OPACAS LIMITAN LA TRANSPARENCIA
Aunque la derogación de la Ley de Secretos fue celebrada como un avance en materia de transparencia, diversas tácticas siguen obstaculizando el acceso a la información pública en Honduras.
Lester Ramírez, director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), señala que, si bien formalmente el estado ha eliminado el referido instrumento legal, en la práctica persisten mecanismos que dificultan la rendición de cuentas.
“Hemos visto un montón de solicitudes de reserva de información. Hemos visto un montón de portales que dicen que están en mantenimiento y por eso no se puede divulgar información”, expuso Ramírez, al subrayar cómo nuevas estrategias opacas han surgido para restringir el acceso ciudadano a datos de interés público.
El director del IUDPAS agregó que, en lugar de avanzar hacia una cultura de apertura y transparencia, las instituciones parecen emplear excusas administrativas y tecnológicas para evitar la divulgación de información.
Estas denuncias se suman a los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil, que advierten una tendencia preocupante: a pesar de los cambios formales en la legislación, la opacidad sigue siendo una constante en la administración pública.
Ante este panorama, el abogado José Perdomo destaca la necesidad de fortalecer el marco legal y operativo del IAIP, así como de establecer mecanismos de exigencia y sanción para los funcionarios que incumplen con sus obligaciones de transparencia. “No basta con recursos de revisión o reposición; se requiere una estructura coercitiva que obligue a las instituciones a rendir cuentas”, sostiene.
El Mirón, concluye que la respuesta de la Cancillería, en la que señala que, “no incurrió en gastos para la realización de las Cumbre de la Celac”, es FALSA porque, aunque aseguren que no incurrieron en gastos, en su PACC se previeron gastos por 32.5 millones de lempiras.
Asimismo, porque en el comunicado del 7 de abril, la Cancillería asegura que el costo de la presidencia pro témpore de la Celac para el ejercicio de un año, incluyendo la Novena Cumbre, ascendía a un millón de dólares. Esto significa un valor de 25 millones 720 mil lempiras, con base al precio del dólar en aquella fecha, es decir, una cifra menor a lo expuesto en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de la Secretaría de Relaciones Externas y Cooperación Internacional que refiere un valor de 32.5 millones de lempiras.
