Tegucigalpa.- El gobierno de Honduras lanzó hoy el nuevo programa de “policía comunitaria”, en el departamento de Santa Bárbara, con la presidenta Xiomara Castro, de combatir con firmeza la inseguridad que, dijo, heredó del gobierno anterior.
El pasado mes de marzo, durante la ceremonia del traspaso de mando de la Policía Nacional, la presidenta se comprometió a crear la Policía Comunitaria y desmilitarizar la sociedad, fortaleciendo la institución policial.
Ayer durante el evento la mandataria prometió que la Policía Comunitaria garantizará el respeto y el cumplimiento a los derechos humanos de la ciudadanía.
Para el especialista, defensor y promotor de los derechos humanos en Honduras, Joaquín Mejía, la creación de la Policía Comunitaria no es algo nuevo, ni que el actual gobierno lo acaba de crear, no obstante, dijo que la iniciativa no deja de ser algo positivo para la población.
En entrevista con Criterio.hn, Mejía manifestó que en la currícula actual que se debe implementar en el Instituto Técnico Policial (ITP), ya habla de una policía comunitaria con un enfoque de derechos humanos.
Mejía considera que de nada sirve estar formando policías con una visión comunitaria con enfoque de derechos humanos si luego estos mismos policías van a trabajar en la Policía Nacional, una institución jerarquizada, militarizada y que, además, sigue vinculada con el crimen organizado.
Reflexiona que, a esta nueva policía comunitaria, lo único que le va a ocurrir son dos cosas: quedarse callada o acomodarse. “Creo que mientras no exista una profunda reforma y depuración de los entes de seguridad del Estado esta iniciativa, aunque sea positiva a largo plazo, no van a tener el efecto que se busca”.
Por su parte el criminalista, Gonzalo Sánchez es del razonamiento que la policía comunitaria va a venir a contrarrestar la ola de criminalidad mediante sus operaciones en los diferentes barrios y colonias, pues considera que esta será una policía de comunidad y para la comunidad y que vigilará los grandes y pequeños negocios.
El sociólogo, Armando Orellana, es de la opinión que si la Policía Nacional o los militares formarán parte de esta nueva policía comunitaria eso no le dará buena imagen y argumenta que pese a que los militares hayan pedido perdón al inicio de este nuevo gobierno, la mala percepción de ellos y de la Policía Nacional aún se manifiesta en la población.
Aún hay poca credibilidad en estas instituciones y hay rechazo por sus acciones represivas e inhumanas para el pueblo, concluyó.
Mientras que el también sociólogo Marco Tinoco, dijo que la Policía Comunitaria será una policía con competencias, habilidades y conocimientos, para acercarse y convivir con la comunidad y que la comunidad participe en la misma política de seguridad.
En entrevista con Criterio.hn, Tinoco manifestó “aspiramos a tener una policía más democrática, eficiente, que resuelva hechos y que pueda prevenir el delito”. Se espera que, con la creación de esta policía comunitaria, se disminuya la ola de violencia y criminalidad en Honduras.
En su momento, los miembros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), no le apostaban a la militarización de la sociedad y más bien abogaban por una policía comunitaria, siempre y cuando esta fuera bajo algunas recomendaciones, entre ellas una nueva ley de policía.
La presidenta Xiomara Castro, en el lanzamiento de la Policía Comunitaria, manifestó que el principal objetivo de esta policía es la cercanía y el combate a la delincuencia, creando espacios articulados para la disuasión, control y combate al delito.
En este mismo evento el director general de la Policía Nacional, Héctor Gustavo Sánchez, señaló que esta es la ruta para reducir la incidencia criminal en el país. Agregó que la próxima semana la Policía Comunitaria se instalará en los 198 municipios del país.
La Policía Comunitaria—que estará bajo la Dirección de Asuntos Interinstitucional y Comunitarios, un órgano superior de prevención, disuasión y control del delito y faltas—además, pretende mantener la seguridad ciudadana, el orden público, la paz, la convivencia, los derechos humanos, prestando un servicio policial con enfoque comunitario.
En su toma de posesión, el pasado mes de enero, Xiomara Castro, se comprometió a derogar la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, misma que le otorgó al expresidente y ahora extraditado Juan Orlando Hernández el control absoluto de los entes de seguridad. En virtud que la normativa sigue vigente, Castro goza de las mismas prerrogativas que Hernández.
Hasta la fecha y, a seis meses de un cambio de autoridades y del gabinete de gobierno, la derogación de la referida ley es una de las tantas promesas que siguen sin ser cumplidas por parte del actual gobierno.
A criterio de especialistas en el tema de seguridad, que ha tenido acceso Criterio.hn, el plan de la desmilitarización en la sociedad ya puede considerarse como un plan fallido, pues aseguran que esta transición se debe realizar en un proceso gradual, fortaleciendo las instituciones que serán asignadas o que tienen la tarea en lo concerniente a temas de seguridad y prevención de la violencia.
Un comentario
Es preocupante, que no se den los procesos de demilitarzacion en. La sociedad, de manera sistemática y fortalecimiento institucional como dice el autor, y pese a ello, ojala la Policía Comunitaria, sea efectiva y tenga apoyo.