La omertá o ley del silencio es un código de honor de la mafia siciliana, que impide dar cualquier información sobre las actividades de la organización o personas de la misma a terceros. La violación de este código se castiga con la muerte.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El ocultamiento de información sobre todos los trámites ambientales mediante el acuerdo ministerial No. 1402-2018 de la Secretaría Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), ha sido bautizado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) como omertá o “ley del silencio siciliano”.
En su página web la organización, con sede en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, denuncia además que las mismas autoridades de MiAmbiente manifestaron a los medios de comunicación nacional, “la apertura de una plataforma que realizará los estudios técnicos de las licencias ambientales en 25 segundos, y en 24 horas entregará las licencias ambientales; dando a entender que se aproxima una avalancha de emisiones de licencias, en el marco de la piñata que pretende efectuar el régimen de Juan Orlando Hernández”.
La medida de opacidad fue aprobada el 8 de agosto y publicada en el diario oficial La Gaceta número 34,721 el 17 de agosto pasado.
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La aprobación del ocultamiento de información surge en momentos en que en Honduras ha iniciado un proceso de rechazo a la explotación de minas, represas hidroléctricas y otros proyectos del modelo extractivo, específicamente en territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y negros.
La omertá o ley del silencio es un código de honor de la mafia siciliana, que impide dar cualquier información sobre las actividades de la organización o personas de la misma a terceros. La violación de este código se castiga con la muerte.
Ofraneh señala que una vez que el contenido del acuerdo ministerial transcendió entre la opinión pública, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente publicó un comunicado mediante el cual adujo que la medida del ocultamiento de la información está destinada a proteger el derecho de propiedad intelectual de los aspirantes a obtener licencias; además de reafirmar supuestamente su apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La organización negra refiere además que en el comunicado, el gobierno expuso que “se considera información reservada: los levantamientos de estudios geofísicos, planos, bosquejos, mapas obras tridimensionales relativas a la geografía, topografía y arquitectura o las ciencias y toda aquellas documentación en la cual el proponente o dueño de un proyecto que haya solicitado una licencia ambiental y demás solicitudes administrativas que considere de su propiedad’.
De acuerdo a la Ofraneh, “el pingüe negocio que ha desatado la entrega masiva de licencias ambientales ha dejado réditos por 55 millones de lempiras en el primer semestre de 2018, siendo la mayoría de ellas destinadas a licencias agrícolas y proyectos energéticos”.
La organización señala que Honduras se ha destacado por una ingobernabilidad en materia ambiental, recrudeciéndose el saqueo a partir del golpe de Estado del 2009, que ha conllevado a la entronización de un Estado fallido, que hasta la fecha continúa imperando en el país.
“Los decretos de energía limpia, convirtieron los ríos en patrimonio de familias insertadas dentro del régimen del poder, lo que ha generado como resultado asesinatos y conflictos sociales que tienden a recrudecerse, al mismo tiempo que las disparidades económicas han aumentado en la última década”, dice Ofraneh.
“En el caso de la omertá -ley del silencio siciliana- que pretende instaurar MIAmbiente con el Acuerdo Ministerial 1402-2018, está dirigida a callar la avalancha de reclamos que surgirán de la masificación de licencias ambientales que surgirán de la plataforma “25 segundos”, sigue exponiendo la organización de los pueblos negros.
Señala que en los los últimos dos meses MIAmbiente ha demostrado su inoperancia y distorsión de las leyes con el caso de la termoeléctrica de La Ensenada, que se pretende instalar de forma inconsulta entre las comunidades garífunas de Sambo y Corozal. La termoeléctrica inicio su construcción sin contar con una licencia ambiental y mucho menos haberse apegado al Convenio 169 de la OIT, efectuando una consulta previa libre e informada con las comunidades garífunas que serán afectadas por la contaminación de la termoeléctrica de 70 megavatios, recuerda la organización.
