Gobierno de Honduras aprobó sin licitación el contrato leonino con BG Group

El ahora Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, participó en las negociaciones

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Contrato de BG Group y el Estado de Honduras suscrito en el 2013 se hizo de manera directa, violentando la Ley de Contratación de Estado porque se obvió el proceso de licitación para recibir ofertas.

El contrato fue aprobado el 9 de abril del año 2013, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 017-2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Posteriormente, el 23 de mayo fue aprobado en el Congreso Nacional.

El contrato con BG Group establece un periodo de cuatro años para la exploración, prorrogables hasta por dos años más, es decir un total de seis años y para el periodo de explotación el plazo se definió en 20 años, prorrogables por cinco años más, es decir un máximo de 25 años.

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La zona de concesión se estimada en 35 mil kilómetros cuadrados y la exploración ya se hizo en los paralelos 84 y 85, esto último, de acuerdo a la versión de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh),

 Las negociaciones con BG Group estuvieron a cargo del entonces secretario de Recursos Naturales y Ambiente, el exfiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar y la firma fue estampada por la entonces Procuradora General de la República, Ethel Deras y Oscar Armando Manzanares Díaz, en su condición de representante legal de  BG International Limited, Sucursal Honduras. El proceso contó además con el asesoramiento del ahora Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, que en el aquel entonces fungía como alto representante y coordinador nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI – Honduras).

PAGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

• El contratista se comprometió con el Estado a pagar antes del comienzo de cada año, los siguientes cánones por concepto de impuestos:
• Durante el periodo de exploración: $ 50,000 por la totalidad del área del contrato.
• Durante el periodo de explotación (desarrollo y producción): $ 1 por cada hectárea donde se desarrollarán los trabajos.
• Un pago adelantado único y no reembolsable de $ 300,000, correspondiente a seis años, en la fecha en que entró en vigencia el contrato.
• El contratista se comprometió además a efectuar una inversión de $ 250.000 en proyectos sociales en la zona.
• Se fijó además que el contratista haría un pago de $ 300,000 por adelantado, una vez que el contrato cobrara vigencia.
• El documento refiere además que el Estado de Honduras tendrá derecho a apenas el 15 % del total de las ganancias.

El Presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez, apuntó que para esta plataforma de sociedad civil existió preocupación porque varias condicionantes del contrato son desfavorables para el Estado de Honduras y porque no se efectuó un proceso de licitación.

Rodríguez lamentó además la opacidad con la que el gobierno ha manejado y sigue manejando el asunto.