La conflictividad de tierras también alcanza a poblaciones que se enfrentan a proyectos extractivos, pero sobre esto el gobierno no se ha pronunciado.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el proceso de distribución de tierras agrarias y forestales, bajo la coordinación de una comisión que será integrada por miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), con la supuesta finalidad de revisar el estamento jurídico de las propiedades y adjudicarlas a quienes corresponda legalmente.
Otra de os objetivos del proceso, explicó este martes la mandataria en cadena nacional de radio y televisión, es erradicar la usurpación que mantiene atemorizada a la población e impide el desarrollo económico en el sector agrario.
Castro detalló que la nueva comisión la encabezará el director del Instituto Nacional Agrario (INA), junto al presidente de la junta directiva del Instituto de la Propiedad (IP), el titular del despacho de Desarrollo Económico, y cada miembro del CNDS delegará a un representante ante esta instancia.
La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, como se ha bautizado a la plataforma gubernamental, tendrá que elaborar un plan que resuelva la mora agraria, entre otros problemas, para después ser evaluado por el Consejo de Ministros que elaborará un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional y que deberá ser socializado por los diputados.
“El proyecto de ley debe incluir la conciliación de justiprecios pendientes de pago del decreto 10-2008 y asegurar la titularidad de la tierra (a quien le pertenece) y a los ocupantes (usurpadores), así como una sección que castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva y de los bosques, de acuerdo con la resolución del Consejo de Defensa”, dijo la mandataria.
ATRAERÁ INVERSIÓN EXTRANJERA
El anuncio de la presidenta fue inmediatamente aplaudido por la empresa privada. Para el caso el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, aseguró que con la decisión se atraerá la inversión extranjera al país.
“Este tema en verdad que ha preocupado mucho porque afecta la seguridad jurídica y la legitimidad del gobierno y lo vemos con muy buenos ojos que la presidenta haya dicho que van a tomar acciones”, expresó.
Agregó que “un país donde no se respeta la propiedad privada está condenado al fracaso, no tiene seguridad jurídica, ni tiene inversión y el empresariado local, no quiere invertir en un país donde no se respete la seguridad privada.
La postura de Fortín contrasta con las constantes denuncias de los lideres de las comunidades indígenas y afrodescendientes que, de manera permanente manifiestan, el desplazamiento forzado y violencia ejercida por empresarios de la industria extractiva que se han apoderado, incluso de zonas protegidas con la connivencia de los gobiernos.
Otra situación que, por el momento, ha sido invisible para el gobierno son las ordenes de desalojo de comunidades completas que habitan predios donde empresarios y gente de poder argumentan ser dueños con base a títulos suplatorios adquiridos de manera irregular.
Aunque Castro no se refirió de manera específica a lo antes expuesto, mencionó también que en los registros del INA “hay un sinnúmero de terrenos con antecedentes de legalidad, que causan efectos a terceros, pero estudios apuntan a que estos registros carecen de legitimidad y en gran mayoría han sido propiedades adquiridas irregularmente por medios de remedidas”.
Según Castro, este proceso será con base a los resultados de las investigaciones que ejecute la nueva comisión, para así determinar, en el marco de la legalidad, quién es el dueño de los las tierras agrícolas y forestales, y procesar en los tribunales de justicia a grupos organizados que se han encargado de provocar desplazamientos forzosos.
“El sector agropecuario aporta 12.9% del PIB y el 35% de las exportaciones del país corresponden a este sector de la economía, cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural en donde el 63% de la población vive en condición de pobreza, y el 50% en extrema pobreza”, detalló Castro, quien en los últimos días ha tenido mayor visibilidad mediática.
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TIERRAS OCUPADAS DE MANERA ILEGAL
La presidenta indicó además que, desde 2021 a la fecha, los grupos criminales se han apoderado de gran porcentaje de tierras productivas del país, promoviendo la anarquía e inseguridad que impacta negativamente en el desarrollo del agro, inversión extranjera y la economía nacional.
“Actualmente se contabilizan 36,451.17 manzanas de tierras (más de 25 mil hectáreas) tomadas por diversos grupos de personas, y las investigaciones han demostrado poca operatividad en la evacuación de denuncias, emisión y ejecución de órdenes judiciales de desalojo (…) lo que ha constatado graves daños en la producción nacional y economía”, detalló.
Mencionó que la agilidad al proceso de resolver denuncias es otro factor en contra. “Por ejemplo: hasta la fecha 56 fincas de palma de aceite han sido tomadas (usurpadas) de las que en los juzgados sólo se han librado 22 órdenes de desalojo y sólo nueve se han ejecutado”.
Ante eso, ordenó a las autoridades del IP realizar una investigación de las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes, pero que en su tramitación demuestran ilegitimidad, mientras que al INA sugirió priorizar la revisión de tierras denunciadas por los campesinos dedicados al agro.
“Las tierras tomadas y que se encuentren usurpadas en flagrancia permanente se les aplicará los artículos la ley de Fortalecimiento del Sector Productivo, de la Palma Aceitera y los artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal”, advirtió.
Agregó que “la Fiscalía en forma expedita solicitará al juzgado correspondiente la orden de desalojo preventivo y en casos especiales ordenará a través de un autoacordado efectuar el desalojo nombrando al juez ejecutor que no sea un funcionario policial”.
La presidenta aceptó que la reforma agraria, en su gestión, todavía se mantiene pendiente y que, desde la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en 1992, se ha impedido que el INA dé respuesta positiva e inmediata a las denuncias de campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios expropiados de sus propias tierras.
“Han transcurrido más de 30 años de la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, decreto legislativo 31-92, lo que no permite al Instituto Nacional Agrario dar respuesta positiva a la demanda de tierras que presentan continuamente las mujeres campesinas y grupos de campesinos”, expuso.
Lamentó que históricamente la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados, lo que orilla y mantiene en condiciones precarias al sector rural y agrícola del país, “en donde la población lucha por llevar alimentos a su casa (mientras) otros sectores gozan de privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos”.
En su comparecencia nacional, Castro solicitó a los campesinos y empresarios afectados por las invasiones de tierra colaborar con toda la información necesaria, debidamente registrada que demuestra que son poseedores de esos terrenos.
Y advirtió a los usurpadores que no importa dónde esté ubicado el terreno ni la peligrosidad que conlleve llegar hasta el, porque la nueva normativa es desarticular y poner en manos de la justicia a los encargados de afectar el brazo rural y trabajador de Honduras.
