La administración del Congreso Nacional entre 2022 y 2026 combinó derogación de normativas claves, que fueron aprobadas en administraciones pasadas, con la postergación de reformas estructurales clave para el combate a la corrupción y la impunidad.
Los principales avances legislativos se concentraron en 2023, mientras que los años siguientes estuvieron marcados por conflictos entre el oficialismo y la oposición, y parálisis legislativa.
Tegucigalpa, Honduras. –La gestión de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional (2022-2026) dejó en vilo la aprobación, reforma y derogación de varios proyectos de ley en materia de lucha contra la corrupción, modificaciones a la normativa electoral y la derogación de la inmunidad parlamentaria.
En un inició el Congreso Nacional dirigido por Redondo derogó normativas, aprobadas durante las administraciones de Juan Orlando Hernández (2010-2014) y Mauricio Oliva Herrera (2014-2022) al frente de ese poder del Estado, como la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, varios fideicomisos, el decreto 116-2019 o Fondo Departamental y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Sin embargo, quedaron pendientes la eliminación o reforma del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), cuestionado por ser órgano al servicio de quien ejerce la presidencia de la República, y varias normativas solicitadas por la Organización de Naciones Unidas para la instalación de un mecanismo internacional de combate a la corrupción en Honduras.
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DEUDAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Poder Legislativo, era un actor clave para cumplir los requisitos exigidos por Naciones Unidas, pero varias de las normativas quedaron engavetadas. Por ejemplo, la Ley de Colaboración Eficaz, reformas al Código Penal y Procesal Penal, y la derogación del decreto 117-2019, que concede inmunidad a los diputados del Congreso Nacional no lograron los consensos necesarios y otras no pasaron del segundo debate.
Otro punto que dejó pendiente la administración de Luis Redondo fue la aprobación de un paquete de reformas legales como parte del Plan Solución Contra el Crimen Organizado 2.0.
El cual contemplaba reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la modificación de reglamentos administrativos, esta solicitud no fue presentada ante el pleno del Congres Nacional.
El 18 de junio de 2025, el entonces presidente del Congreso Nacional Luis Redondo sometió a discusión la derogación del decreto 117-2019, más conocido como la «inmunidad parlamentaria«, que otorga protección legal a los diputados en el ejercicio de sus funciones. Esta propuesta, tampoco obtuvo los 86 votos necesarios para ser aprobada, ya que los diputados del Partido Nacional no acompañaron la iniciativa.
Tras cuatro años de la firma del memorándum, el Congreso Nacional apenas concretó tres de las ocho condiciones mínimas, y los avances se concentraron entre julio y agosto de 2023.
Entre las medidas aprobadas destacaron la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, normativa que había obstaculizado el acceso a información pública y la eliminación del Decreto 116-2019 sobre fondos departamentales. Sin embargo, Naciones Unidas ha reiterado que la derogatoria del Decreto 116-2019 se aprobó sin la mayoría calificada exigida, creando un vacío de certeza jurídica.
También se derogó la reforma aprobada en 2021, a la Ley de Lavado de Activos, la cual restableció la responsabilidad penal de personas jurídicas y flexibilizó el acceso a información financiera, y la derogación del decreto 57-2020, el cual limitaba las facultades del Ministerio Público para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción.
Pese a la derogación del Fondo Departamental, el Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo permitió que diputados manejarán recursos y gestionarán proyectos y ayudas a través de las subvenciones y el Fondo de Administración Solidaria.
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REFORMAS ELECTORALES DUERMEN EL SUEÑO DE LOS JUSTOS
En contraste, las reformas electorales quedaron relegadas a un segundo plano y no fueron priorizadas en la agenda legislativa. Entre las propuestas olvidadas estaban la segunda vuelta, la separación de elecciones legislativas y presidenciales, y la ciudadanización de las mesas electorales.
En febrero de 2022, el diputado liberal Yuri Sabas presentó un proyecto de reformas que terminó estancado en la Comisión de Asuntos Electorales. La iniciativa incluía la segunda vuelta, regulación de períodos para alcaldes y congresistas, y la reducción del número de curules en el Legislativo.
Para el analista político y abogado Luis León, la discusión sobre la segunda vuelta es necesaria ante la fragmentación del sistema de partidos y la necesidad de fortalecer la legitimidad del voto.
Durante una entrevista brindada a un noticiero capitalino el analista advirtió que reformar parcialmente la actual ley electoral no resolverá los problemas estructurales del sistema, señalando que la partidización de las instituciones electorales sigue siendo el principal obstáculo para procesos transparentes.
A su juicio, Honduras requiere una nueva ley electoral construida de forma integral, que despolitice las instituciones, revise el modelo de contratación para el manejo sistemas tecnológicos y evite que, cada cuatro años, el país enfrente los mismos conflictos y cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.
Mientras estas reformas continúan postergadas, el balance legislativo de la gestión de Luis Redondo deja avances parciales, deudas estructurales y un sistema político que enfrenta los mismos desafíos de credibilidad, institucionalidad y transparencia que marcaron el pasado reciente del país.
Estos desafíos deberán ser asumidos por el nuevo Congreso Nacional que entrará en funciones el próximo 25 de enero con el inició de la I Legislatura del período 2026-2030.
El presidente de la Junta Directiva Provisional, Tomás Zambrano y diputados de las bancadas del Partido Nacional y Liberal han prometido la aprobación de reformas electorales y de proyectos de ley que, según sus declaraciones a medios de comunicación, serán en beneficio de la población hondureña.
