El lunes 11 de agosto continuará la audiencia inicial contra cinco garífunas de la comunidad de Santa Fe en la Bahía de Trujillo. Denuncian que Fiscalía actuó con celeridad contra ellos, favoreciendo a terceros
Tegucigalpa, Honduras. – “Basta de vender tierras garífunas, basta de que los extranjeros entren y se apoderen de las tierras que por ley y por derecho nos corresponden”, reclamó Cesia Noemi Guillén Miguel, una de cinco garífunas que acusadas por el Ministerio Público (MP) de Trujillo, Colón, por la comisión de los supuestos delitos de desplazamiento forzado y usurpación agravada.
La suspensión fue motivada por excusas y recusaciones realizadas por la acusación privada con respecto a las pruebas que están pendientes de ser presentadas, además están a la espera de una instrucción de la Corte de Apelaciones, a través de la cual se determinará si la togada puede continuar con la audiencia, indicó a Diario Colón, la abogada Kenia Oliva del Bufete Justicia para los Pueblos.
Oliva indicó que la población garífuna realiza la recuperación de un terreno ubicado en la comunidad de Santa Fe, del cual tienen un título de propiedad que data de 1882. Además del título, estarían respaldados por un informe del Instituto Nacional Agrario (INA) en el que se indica que el terreno se encuentra dentro del territorio ancestral garífuna, además de que se estaría ante una venta con vicios de nulidad.
Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, manifestó que están agotados de un sistema de aplicación de justicia racista y discriminatorio, mediante el cual se demuestra que no existe intencionalidad de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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“Este juzgado está construído dentro del territorio del pueblo garífuna y se dedica a perseguir, criminalizar y judicializar al pueblo garífuna”, remarcó Miranda, cuyo reclamo fue acuerpado durante un plantón pacífico realizado frente al Juzgado de Trujillo.
FISCALÍA EN TRUJILLO FAVORECE A TERCEROS Y CRIMINALIZA A GARÍFUNAS
El abogado Caleb Navarro de la Ofraneh explicó a Criterio.hn que los supuestos hechos denunciados datan del 22 de junio de este año, a la vez que la oficina regional del Ministerio Público le dio celeridad al proceso presentando el 8 de julio, temporada de vacaciones en el sistema judicial hondureño, el requerimiento fiscal.
Navarro calificó como alarmante que el MP de Trujillo nunca ha presentado una denuncia en donde las víctimas sean comunidades garífunas, sin embargo actuó de manera expedita en favor de terceros, quienes compraron –el año pasado– a una extranjera un terreno de más de 13 manzanas, que esta ubicado dentro del titulo de propiedad ancestral de 1882.
El profesional del derecho asegura que la escritura pública mediante la cual los denunciantes respaldan la compra, presenta vicios de nulidad desde el momento en que la misma fue inscrita ante el Instituto de la Propiedad, debido a que los registradores no pueden realizar inscripciones de propiedad en la que se perjudique a poblaciones indiígenas.
En este caso, manifestó Navarro, el registrador ya cuenta con cuatro expedientes abiertos por la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural por realizar inscripciones, anotaciones y demás actos registrales que perjudican a distintas comunidades indígenas en la Bahía de Trujillo.
Otro hecho que no habría sido investigado por la Fiscalía de Trujillo, según el abogado, esta ligado a la legalidad detrás de la compra y posterior venta de la propiedad costera por parte de una extranjera, puesto que la legislación hondureña restringe la propiedad privada por parte de extranjeros en zonas costeras y fronterizas.
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Navarro apuntó que si bien en Honduras existe un debate pendiente sobre los territorios indígenas: su extensión, seguridad jurídica, criterios y el alcance de la libre autodeterminación frente a la soberanía estatal. Llevar el tema al ámbito penal es un retroceso, tanto del Ministerio Público –que prometió investigaciones objetivas con los pueblos indígenas– como del Poder Judicial, que ignora que el Estado ha sido condenado tres veces por violar derechos territoriales de comunidades garífunas.
El abogado de la Ofraneh sostuvo que el Poder Judicial no puede continuar trasladando al Ejecutivo la responsabilidad de cumplir sentencias de la Corte Interamericana, sin asumir que los jueces deben exigir investigaciones más rigurosas y resolver los casos de territorios indígenas por vías no penales, porque este suele criminalizarlos.
