Tegucigalpa. Desde horas tempranas de este lunes, diferentes organizaciones de la población trans se presentaron frente a Casa Presidencial para exigir a la presidenta Xiomara Castro que reciba a la comunidad diversa en su despacho y a la vez demandan el cumplimiento de las promesas de campaña.

En el posicionamiento público de las organizaciones trans de Honduras, demandan al Estado que cumpla con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y el cumplimiento de la sentencia del caso Vicky Hernández y otros versus el Estado de Honduras hacia el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans.  

Pancartas en mano y alzando las vos para ser escuchadas las personas de la comunidad trans también exigieron al gobierno hondureño que cumpla con la aprobación de la Ley de Identidad de Género.

Los manifestantes aseguran que, sin esta ley, la comunidad trans no tiene derecho a una identidad propia, situación que los pone en peligro constante.

Asimismo, aseguran que por el no cumplimiento de esta ley, muchos crímenes de odio se han disparado en el país. Con el agravante que la impunidad en estas muertes ronda el 93%.

Con sus banderas color celeste y rosa, que representan a la comunidad transgénero y recordando a las personas transexuales, transgénero y de género no binario que han sido asesinadas por la transfobia, o por crímenes de odio, la discriminación y la violencia que la comunidad trans padece, también exigen el cese a la violencia en contra miembros de la comunidad diversa.

Aseguran que la violencia, el estigma y la discriminación ha llevado a la muerte violenta de más de seis personas trans solo el 2022.

Desde el año 2004 hasta la fecha los Observatorios de muertes violentas de la comunidad diversa registran 131 muertes violentas de personas trans en el territorio hondureño.

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Representantes de la comunidad trans aseguran que en Honduras el promedio de vida para ellas es de 35 años porque en el país no se garantiza el derecho a la vida para esta población vulnerable.

Los miembros de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras han protestado por años en el país para que se le respeten sus derechos humanos, sin embargo, los gobiernos pasan y las promesas simplemente se quedan en el aire.

En entrevista con Criterio.hn la representante de la organización lésbico, trans y feminista Ixchel, Ana Ramírez manifestó que hay indignación en la comunidad trans a nivel nacional, “nosotras vemos que les dan prioridad a otros temas y nosotras venimos luchando hace años por nuestros derechos y no somos escuchadas y escuchados”, anunció.

Ramírez agregó que después de dos horas del platón no les había recibido el comunicado y tampoco les habían dado respuesta, situación que se ha convertido en costumbre por parte de las autoridades de gobierno.

“La no recepción de nuestras peticiones solo refleja la discriminación que existe en el país, los partidos políticos no quieren reconocernos porque eso les afecta ante la sociedad”, señaló Ramírez.

A juicio de Ramírez, ellas no están siendo incluidas en los temas importantes de país, sino que hay exclusión para quienes pertenecen a la comunidad LGTBI en el actual gobierno, tampoco le dan respuesta a las peticiones y exigencias que la comunidad presenta.

La comunidad trans exige la inclusión en las mesas técnicas del cumplimiento de la sentencia de Vicky Hernández, en ella estipulan becas para miembros de la población, no obstante, Ramírez asegura que hasta la fecha no se ha dado ninguna beca a ningún miembro LGTBI.

“Lamentablemente solo fuimos parte de un discurso en la toma de posesión de la presidenta y nada más”, recalcó.

Misma opinión tienen la coordinadora de las mujeres trans de la Asociación Kukulkán, Dulce Guifarro, quien en conversación con Criterio.hn aseguró que el Registro Nacional de las Personas (RNP), está haciendo sus acciones sin tomar en cuenta a la comunidad trans del país.

“No estamos siendo tomadas en cuenta, no nos informan de nada, nos habían prometido que en septiembre nos daban respuesta sobre el cambio de nombre y después nos salen diciendo que no hay ningún avance”. reveló Guifarro.

Además, agregó que el Estado de Honduras no ha cumplido con la protección de los derechos de las personas que son miembro de la comunidad, tampoco a proteger la vida y la integridad física de las personas trans.

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El pasado nueve de mayo, en un acto público la presidenta Xiomara Castro expresó su compromiso a favor de los derechos de la población LGTBIQ+ y prometió darles inicio y seguimiento a los procesos de las recomendaciones brindadas por la Corte Interamenticana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, a más de diez meses del gobierno de Castro la población diversa asegura que ninguna de estas promesas se ha cumplido.

En el poco tiempo que Castro lleva de gobernar el país, las protestas han estado a la orden del día. Un día son las mujeres, otro los campesinos y luego los grupos de población vulnerable, para que luego sean médicos y enfermeras, y todos los manifestantes coinciden que protestan porque se cumplan las promesas que hizo la presidenta.

HONDURAS Y LA DEUDA HISTÓRICA CON LAS PERSONAS LGTBIQ+

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2015 Violencia contra personas LGBTI, señala que la negación del derecho a la identidad de las personas trans, la discriminación y exclusión del entorno familia; a los servicios de salud; educación y trabajo, conforman un engranaje de violencias que permean las vidas de las personas trans y las colocan en posiciones de desigualdad y vulnerabilidad.

El documento destaca que la violencia contra las personas trans, en particular las mujeres trans, es el resultado de una combinación de factores: exclusión, discriminación y violencia dentro de la familia, las escuelas y la sociedad en general; falta de reconocimiento de su identidad de género; participación en ocupaciones que las ponen en mayor riesgo de violencia; y alta criminalización.

Representantes de la comunidad LGTBIQ+ aseguran que todo eso tiene consecuencias en el ejercicio de sus actividades diarias, incluyendo el ámbito educativo, laboral, médico y electoral, resultando en la negación de sus derechos humanos, que además incluye los derechos económicos sociales, culturales y ambientales.

De las doce medidas de reparación establecidas por la Corte-IDH en respuesta a los daños ocasionados, las cuales el gobierno se comprometió a cumplir, defensores y representantes de las poblaciones diversas aseguran que solo dos de esas medidas se han cumplido hasta la fecha.

La población diversa en Honduras continúa sin políticas públicas que salvaguarden sus existencias y que les garanticen acceso a los derechos humanos fundamentales a las personas LGTBIQ+.