La desaparición forzada de Francisco Pascual López expone la crítica realidad de la violencia contra campesinos en el Bajo Aguán, donde predios de la Corporación Dinant de Miguel Facussé y la finca de René Morales concentran la tierra y los conflictos.
Las investigaciones enfrentan obstáculos por las de compañías de seguridad, la falta de acción policial y el cierre de expedientes del Ministerio Público, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian la ausencia de justicia y la tolerancia institucional frente a responsables directos e indirectos de su desaparición.
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa, Honduras .- Francisco Pascual López era un campesino miembro del Movimiento Campesino Rigores, activo en la defensa de los derechos sobre tierras de reforma agraria en el Bajo Aguán. Desapareció en mayo de 2011 en un contexto de violencia sistemática contra líderes campesinos, amenazas y hostigamientos vinculados a disputas de tierra.
Investigaciones preliminares señalaron que un guardia de seguridad de la corporación Dinant lo atacó, el paradero de Francisco Pascual sigue desconocido. La región registra asesinatos, desapariciones forzadas y amenazas contra quienes defienden derechos territoriales.
El Ministerio Público cerró la investigación en octubre de 2023, alegando falta de pruebas para determinar responsables, pese a evidencias y denuncias presentadas por la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), y organizaciones de derechos humanos.
La decisión contradice la resolución del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que instruyó mantener abierta la investigación sancionando a los responsables. El cierre del expediente refleja negligencia institucional y refuerza un patrón de impunidad estructural en casos de desaparición forzada.
El doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía, dijo que, Francisco Pascual López es uno de los casos de desapariciones forzadas en Honduras, un fenómeno que entre 2012 y 2022 afectó a 9,838 personas en la región del Bajo Aguán.
Mejía señaló que se registran 129 muertes violentas registradas, incluyendo seis desapariciones forzadas, entre ellas la de Francisco Pascual López. Su caso fue presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y luego trasladado al Comité contra la Desaparición Forzada, que ordenó al Estado investigar a los responsables, determinar su paradero y garantizar la participación de su familia en el proceso.
Asimismo, a pesar de la resolución internacional, el Ministerio Público, a través de la UMVIBA, cerró la investigación alegando falta de pruebas y deficiencias en la pesquisa.
Joaquín Mejía destaca que esto evidencia la incapacidad del Ministerio Público para cumplir su obligación, señalando que “hay pruebas como rastros de sangre en propiedades vinculadas a empresas locales y que nunca fueron investigadas”.
El cierre del expediente no solo incumple obligaciones internacionales, sino que deja sin respuesta a la familia de Francisco, puntualizó Mejía.
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ENTRE DINANT Y “LAS PALMERAS”: LA DESAPARICIÓN DE FRANCISCO PASCUAL LÓPEZ
Frente a esta situación, familiares y defensores de Derechos Humanos apelan al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas para reabrir la investigación, mientras el caso avanza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la determinación preliminar de responsabilidad del Estado por parte de la Comisión Interamericana. Es decir, la desaparición forzada es un delito continuado, que obliga al Estado a investigar hasta encontrar a la persona o sus restos, sancionar a los responsables y garantizar la participación de la familia en todas las medidas de reparación y cambios estructurales.
Rita Romero, abogada y asesora en Derechos Humanos de la Fundación San Alonso Rodríguez dijo que, la investigación del caso de Francisco Pascual debe “ser objetiva y territorial, porque existen indicios que su cuerpo fue arrastrado hacia predios de la Corporación Dinant. Además, el expediente de la UMVIBA documenta que fue atacado por un guardia de seguridad, lo que justifica la necesidad de una inspección forense en la zona, que incluso podría revelar más víctimas donde se ha señalado como un posible cementerio clandestino”.
Señalando que, el ataque a Francisco ocurrió en mayo, un mes antes de que la Corporación Dinant destruyera el asentamiento campesino de Rigores en julio. Esto evidencia que la violencia contra los habitantes estaba vinculada directamente a la disputa territorial, y que la investigación debe incluir tanto a los guardias responsables como a quienes dieron las órdenes dentro de la empresa. El Ministerio Público tiene la obligación de abordar estos elementos para garantizar que la investigación sea completa.
Por lo tanto, los datos del Observatorio Permanente reflejan que, de 119 víctimas registradas, 90 eran campesinos, demostrando que, la concentración de tierras y los proyectos extractivos han provocado un patrón de despojo y violencia sistemática. En consecuencia, la UMVIBA no ha cumplido con informar sobre los requerimientos fiscales contra los responsables, dejando pendiente la rendición de cuentas a empresas y guardias de seguridad involucrados en ataques a campesinos.
Fuente anónima dijo a Criterio.hn que, la desaparición de Francisco Pascual ocurre en un contexto de conflicto territorial vinculado a propiedades privadas. La víctima se encontraba cuidando ganado perteneciente a un familiar cuando fue interceptado por guardias que, según lo informado, trabajaban para el terrateniente René Morales y Miguel Facussé. Las tierras donde se encontraba colindan con propiedades del grupo campesino al que Francisco Pascual pertenecía, así como con fincas vinculadas a la Corporación Dinant.
Mientras tanto, esta persona explica que el ataque contra Francisco ocurrió específicamente en la finca conocida como “Las Palmeras”, asociada a René Morales. Ese mismo día, mientras cuidaba el ganado de su hermano. Según manifestó, Francisco Pascual fue abordado por los guardias de René Morales, señalando directamente la responsabilidad de la desaparición a manos de la seguridad de la propiedad “Las Palmeras”. Por lo tanto, debido a cuestiones de seguridad esta fuente se mantiene en el anonimato por seguridad, dada la implicación de los terratenientes mencionados y el riesgo que representa para su integridad o la de su familia.
Cabe mencionar que, la reapertura del caso ante el Ministerio Público es indispensable para esclarecer lo sucedido. La investigación debe incluir la determinación de responsabilidades sobre los guardias vinculados a René Morales y Miguel Facussé, así como la revisión de los predios donde Francisco Pascual fue visto por última vez. Asimismo, el caso refleja un patrón de conflictos territoriales en la región, donde la concentración de tierras en pocas manos y la presencia de guardias privados están directamente relacionados con la violencia contra miembros del grupo campesino.
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De igual forma, Pedro Ulloa, defensor de los Derechos de las Personas, explica que la identificación de los responsables de la desaparición de Francisco Pascual López se complica por la existencia de múltiples compañías de guardias de seguridad. “Además, los cambios constantes entre empresas, como Dinant y La Unión, dificultan aún más determinar quiénes actuaron directamente”. Por otro lado, la falta de colaboración y el hermetismo de los cuerpos policiales para ingresar y realizar investigaciones en las fincas evidencian obstáculos institucionales que favorecen el encubrimiento de los responsables.
Sin embargo, cabe mencionar que, esta situación refleja una estrategia de impunidad sistemática. La escasa identificación de los responsables directos y la resistencia de las autoridades a investigar a fondo dentro de los territorios implicados evidencian que existe tolerancia hacia quienes ejecutaron el ataque. Esta dinámica no solo limita la justicia, sino que también pone en evidencia deficiencias estructurales en el accionar del Ministerio Público.
Cabe destacar que, la documentación de estos hechos ha sido presentada, incluso a instancias internacionales, cuestionando cómo, a pesar de contar con información detallada, el Estado hondureño mantiene la impunidad en estos casos. La exigencia actual es que el Ministerio Público asuma su responsabilidad y actúe de manera efectiva frente a la gravedad de los hechos.
Familiares de Francisco Pascual y defensores de derechos humanos exigen la reapertura de la investigación y la identificación de responsables. Solicitan al Ministerio Público y al Estado de Honduras cumplir con sus obligaciones, apelando al Comité de Desaparición Forzada de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reclamando medidas inmediatas para conocer el paradero de Francisco Pascual.
La desaparición de Francisco Pascual López, ocurrida hace casi quince años, evidencia un patrón de violencia sistemática contra campesinos en el Bajo Aguán, vinculado a la concentración de tierras en predios de la Corporación Dinant y Las Palmeras de René Morales. A pesar de denuncias documentadas y resoluciones internacionales que exigen investigar a los responsables, el Ministerio Público mantiene el caso cerrado, mientras la impunidad persiste y los responsables directos e indirectos siguen sin rendir cuentas.
