Hasta el momento el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ha pronunciado, de manera oficial, sobre la posibilidad de lanzar un proceso de contratación expedita para el servicio de transporte pesado de material electoral
El desenlace del caso Unión Latin Cargo será determinante no solo para la operatividad del proceso, sino también para medir la capacidad del CNE de sortear crisis en la recta final hacia las elecciones del 30 de noviembre
Tegucigalpa, Honduras. -A sólo 22 días para las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta otro desafío: la contratación del servicio de transporte pesado de material electoral. La empresa Unión Latin Cargo decidió retirarse definitivamente del proceso, pese a que el pasado 3 de noviembre se oficializó la adjudicación del contrato.
Esta situación coloca al órgano electoral ante un escenario complejo, con plazos ajustados y la posibilidad de que deba iniciar un nuevo proceso de licitación, esta vez bajo la modalidad de contratación expedita, que permitiría invitar al menos a tres oferentes en un corto periodo.
Según medios de comunicación, la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) trabaja contrarreloj para lanzar este nuevo procedimiento, con la intención de asegurar que el transporte esté disponible antes del 20 de noviembre, fecha límite para la salida del material hacia los centros de votación en los diferentes centros de votación en todo el país.
Lea: Retraso, única oferta y retiro de empresa marcan el proceso de contratación de transporte
FALTA DE ACUERDOS ENTRE CNE Y UNIÓN LATIN CARGO, DEJAN SIN TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTORAL
El pasado 3 de noviembre la Unidad de Contrataciones y Compras Electorales (UCCE) anunció que se el contrato para el servicio de transporte del material electoral se le adjudicó a la Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A., pero ese mismo día la empresa anunció públicamente su retiro del proceso.
En un comunicado, Unión Latin Cargo S.A. explicó que su decisión responde a “una evaluación de las condiciones actuales del entorno nacional, las cuales no garantizan seguridad”.
Asimismo, el documento, dirigido al CNE y a la UCCE, advertía que “ante la creciente incertidumbre política y la falta de garantías efectivas para proteger al personal, la flota y los bienes involucrados, la empresa considera prudente abstenerse de continuar participando en este proceso”.
El retiro repentino generó preocupación dentro del órgano electoral, que enfrenta un calendario apretado para cumplir con la distribución de maletas electorales, kits tecnológicos y demás insumos esenciales para la realización de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Pese a ello, representantes de Unión Latin Cargo sostuvieron posteriormente una reunión con el pleno de consejeros y la Unidad de Compras del CNE, en un intento por resolver las diferencias surgidas durante el proceso.
No obstante, la postura de la empresa se mantuvo firme. Sus ejecutivos reiteraron que la falta de garantías y condiciones logísticas adecuadas impedía continuar con la prestación del servicio.
Luego del comunicado los representantes de Unión Latin Cargo se reunieron con el pleno de consejeros y la Unidad de Compras del CNE, para resolver las diferencias que surgieron durante el proceso de contratación, pero su postura cambió de manera drástica tras alegar la falta de garantías y condiciones para la prestación del servicio.
Phill Ávila, gerente comercial de Union Latin Cargo, dijo a medios de comunicación que para la empresa este proyecto es importante, pero requieren de todas las garantías necesarias para poder desarrollarlo, y evitar que se repitan los hechos ocurridos durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
“No se nos ha atendido las solicitudes pertinentes y en la reunión con el pleno no llegamos a una conclusión satisfactoria”, externó el empresario, señalando que la decisión de retirarse fue tomada en conjunto con el equipo legal de la empresa, aunque dejó abierta la posibilidad de volver al diálogo con el órgano electoral.
Ávila explicó que la empresa solicitó garantías de seguridad, acompañamiento logístico y veeduría –de los organismos acreditados por el CNE– durante todo el proceso de transporte, desde los centros de acopio hasta los centros de votación.
“Queremos que haya veeduría de todos los entes inscritos ante el CNE que estén autorizados, que acompañen el traslado y garanticen el cumplimiento de los estándares y cronogramas establecidos”, aseveró.
RIESGOS LOGÍSTICOS Y LEGALES
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), advirtió sobre los riesgos que enfrenta el órgano electoral por el retraso en la adjudicación de este contrato crucial.
Manifestó que el órgano electoral comienza hoy un nuevo proceso bajo la figura de contratación expedita, que podría culminar a más tardar el próximo martes o miércoles, pero “este procedimiento representa un atraso y un riesgo para el desarrollo normal del cronograma electoral”.
El jurista dijo a medios de comunicación que el Estado no cuenta con la capacidad logística ni con los recursos materiales necesarios para asumir directamente el transporte del material electoral.
“No hay ninguna institución pública, ni siquiera dentro de las Fuerzas Armadas, que tenga la cantidad de contenedores necesarios para movilizar el material. Esta labor solo puede ser realizada por el sector privado”, apuntó.
El abogado relacionó las dificultades actuales con la injerencia de otras instituciones en la autonomía del órgano electoral, recordando que desde hace meses advirtió sobre las posibles consecuencias de la intervención del Ministerio Público en los procesos de contratación.
Mencionó que en ocasiones anteriores se habían secuestrado documentos y bloqueado pagos a transportistas, lo que generó desconfianza entre los proveedores y provocó que muchos ahora duden en contratar con el CNE por el riesgo financiero y reputacional que implica.
El reloj sigue corriendo y los plazos se acortan, y el CNE dispone de menos de dos semanas para definir un nuevo proveedor y asegurar la distribución de todo el material electoral antes de la fecha prevista.
De no concretarse una solución inmediata, los comicios podrían enfrentar retrasos logísticos que afectarían la instalación de las Juntas Receptoras de Votos y la apertura de los centros de votación.
3 respuestas
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