Un año después de la implementación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, los movimientos campesinos enfrentan una ola de desalojos violentos y denuncian la falta de protección frente a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, agravando la crisis de pobreza y desamparo en las comunidades rurales
Tegucigalpa, Honduras. – Al cumplirse un año de la implementación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, impulsada por la presidenta Xiomara Castro, los movimientos campesinos del país denuncian un alarmante aumento en los desalojos violentos y la falta de protección frente a violaciones de sus derechos humanos.
Lilian Borjas, defensora campesina y secretaria general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, expresó a Criterio.hn que a un año de la implementación de la Comisión de Seguridad Agraria los campesinos y campesinos sólo han tenido desalojos violentos.
A criterio de Borjas, estas acciones violentas son una herramienta para generar casos y reprimir a quienes defiende el derecho a la tierra. Además, criticó que el nuevo gobierno mencionaba “el pueblo al poder”. Ante esta repetida frase que resonaba a inicio del mandato del partido oficialista, Borjas señaló que “el poder lo tienen unos cuantos, en el gobierno, lo tiene la policía que reprime, que hostiga, amenaza y acosa; lo tiene el Poder Judicial donde se mueve mucha plata de sobornos, de estafa, lo tiene los juzgados donde están jueces coludidos con la corrupción”.
La Comisión de seguridad Agraria, que fue presentada como una solución para garantizar la seguridad y el acceso equitativo a la tierra se implementó el 06 de junio de 2023, en el marco del Consejo de Seguridad, pero ha resultado en un creciente desamparo para las comunidades rurales.
Sin embargo, en lugar de brindar la prometida protección, los y las campesinas enfrentan un incremento en los actos de violencia durante los desalojos forzosos, ejecutados muchas veces sin órdenes judiciales y con la participación de fuerzas de seguridad del Estado.
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DESALOJOS PERPETÚAN LA POBREZA
Los desalojos violentos contra los movimientos campesinos no solo representan una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también perpetúan el ciclo de pobreza en las comunidades rurales. Al ser expulsados de sus tierras, los campesinos pierden sus hogares y medios de subsistencia, lo que agrava su situación económica y social. Sin acceso a la tierra para cultivar y generar ingresos, estas familias quedan atrapadas en la pobreza.
De acuerdo con la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnud), Isabel Albaladejo, los desalojos violentos impactan en el goce de los derechos socioeconómicos que continúan siendo afectados por la desigualdad, pobreza y la falta de acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales.
Durante la presentación del informe Situación de Derechos Humanos, Honduras 2023, Isabel Albaladejo enfatizó que “el acceso inequitativo a la tierra es una de las principales causas de desigualdad y pobreza en el país, originados por factores como la inseguridad y le tenencia de la tierra y la limitada capacidad institucional de dirimir los derechos de propiedad y la superposición de los títulos privados sobre los títulos ancestrales”, refirió la representante de la OACNUDH en Honduras,
La OACNUDH, sólo en 2023, contabilizó 38 desalojos forzosos –las organizaciones campesinas registran más—, se destaca que 24 fueron ejecutados tras la creación de la Comisión de Seguridad Agraria.
Lilian Borjas, reprochó que luego de los desalojos, cientos de familias quedan completamente en la calle, ya que las maquinarias proporcionadas por las agroindustrias destruyen las plantaciones de los campesinos y campesinas y además destrozan sus viviendas, en algunos desalojos se ha documentado que los efectivos de la Policía Nacional han derramado combustible en los pozos de agua.
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LLAMADO A LA NO VIOLENCIA
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunció la grave situación que enfrentan las comunidades campesinas en el país, frente a la política de despojo, estigmatización, persecución judicial y precarización de la vida.
En ese sentido, la Red de Defensoras exigió al Estado que detenga los desalojos, criminalización y hostigamiento contra quienes luchan por el acceso a la tierra.
Del mismo modo, el director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Germán Rosa, pidió a las autoridades del orden público a no cometer actos violentos, agresiones y maltrato en contra de los campesinos y campesinas que son expulsados de los territorios que habitan.
El padre jesuita, Germán Rosa, extendió la petición a la presidenta Xiomara Castro. “Pedimos a nuestra presidenta Xiomara Casto que busque soluciones humanas, dignas y justas para nuestros queridos campesinos que son desalojados violentamente de sus tierras”.
Desde la implementación de la Comisión de Seguridad Agraria, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos y movimientos campesinos se han ejecutado más de 40 desalojos, todos de manera violenta.
