El representante de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, había planteado el inicio formal del diálogo desde ayer lunes 13 de agosto, tras ocho meses de reuniones previas.
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El tan llevado y traído diálogo político propiciado por el gobierno de Juan Hernández, con el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se vino al traste este martes, según lo anunció el propio representante del organismo mundial, Igor Garafulic.
El diálogo que lleva ya casi ocho meses de pretender instalarse no ha tenido los consensos entre las fuerzas políticas participantes y tras 16 reuniones parece haber fracasado. Igor Garafulic anunció su suspensión esta tarde, manifestando que no hay consenso entre las partes y pidió disculpas al pueblo hondureño por la actitud de los representantes de las fuerzas políticas.
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Una vez que el representante de Naciones Unidas, informara sobre el fracaso del proceso, los representantes de cada una de las fuerzas políticas participantes esgrimió sus argumentos ante los medios de comunicación. Enrique Ortéz Sequeira, miembro del Partido Liberal de Honduras, cuestionó que el presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez y el jefe de Gobierno, Juan Hernández, pretenden reflejar «una enorme división y desconfianza”, para caminar estratégicamente por separados en el diálogo.
Ortéz Sequeria acusó directamente al Partido Nacional de ser el culpable de que no haya diálogo político en Honduras.
De su lado, Antonio García, representante del excandidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dijo que no hubo consenso porque el Partido Nacional quiere “dos sillas” y “es algo que no podemos aceptar».
Entre tanto el representante del Partido Nacional, Luis Colindres, manifestó que las fuerzas de oposición no tienen condiciones para iniciar el diálogo. «Nosotros estamos anuentes, pero hubo vocabulario ofensivo, trataron de asesino al Presidente», sostuvo.
El secretario de la Presidencia y representante del Gobierno, Ebal Díaz, alegó que no pueden seguir tolerando las faltas de respeto de los demás actores que integran el diálogo.
En las 16 reuniones previas no participó el Partido Libertad y Refundación (Libre) que siempre adujo no creer en el proceso porque era impulsado por el gobernante y porque los alcances no tendrían carácter vinculante.
Este mismo día, Libre vaticinó que el diálogo no sería posible porque «el titular del régimen de Honduras no quiere dialogar sobre la ilegal reelección, el fraude electoral y las muertes de los hondureños que salieron a las calles a exigir el respeto a sus votos».
En el marco de las 16 reuniones preparatorias, Igor Garafulic y los participantes, acordaron resolver la crisis política mediante la instalación de cuatro mesas temáticas: resultados electorales y la crisis electoral, derechos humanos, temas constitucionales y reformas electorales.
Para el desarrollo de cada una de las mesas temáticas, Naciones Unidas había contratado a los mediadores internacionales: la excongresista guatemalteca, Catalina Soberanis; la estadounidense y actual asesora de la oficina de programas del Centro Internacional para la Justicia Transnacional (ICJT), Marcie Mersky; el español y ex miembro del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU Salvador Aguilera y el dominicano experto en temas electorales, Javier Cabreja.
El diálogo fue planteado por el jefe de gobierno, Juan Hernández, ante las denuncias de fraude y la poca estabilidad política de su segundo gobierno. El proceso electoral mediante el cual Hernández fue declarado vencedor de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, fue puesto en duda por la Organización de Estados Americanos (OEA), que ante la poca certeza en los resultados, recomendó la repetición de las elecciones.
Tras las elecciones, los hondureños se volcaron a las calles denunciando un fraude electoral y la violación a la Constitución de la República, que prohíbe la reelección. En medio de las protestas al menos 22 personas murieron producto de las balas disparadas por las fuerzas de seguridad del Estado, según un informe presentado en marzo pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
