Fosdeh presenta recomendaciones al gobierno de Honduras para enfrentar la crisis

Destaca especialmente la necesidad de apegarse al Artículo 329 de la Constitución de la República que dice: “El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación adecuada. La Ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas”

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) ha presentado una serie de recomendaciones al gobierno de Honduras para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Fosdeh señala que, en tiempos de crisis, el sistema económico de un país se desnuda. Se desnuda la política fiscal; su sistema tributario y el direccionamiento del gasto público -la correlación existente entre asignaciones y prioridades de una nación-, de igual manera, la efectividad de la política monetaria; el manejo de la inflación y si los medios e instrumentos utilizados son eficientes para el control de esta.

Aunado a ello, si la apertura comercial favorece o va en detrimento del sistema productivo y/o del bienestar de los consumidores; intermedios y finales, de igual manera, el mercado laboral y; si este modelo de actividad (es informal o en su mayoría formal), puede ser capaz de resistir el embate de la crisis durante períodos extensos. Sin duda, la capacidad de soporte del Estado está relacionada también a como se encuentra distribuida la riqueza nacional.

Ante la crisis, algunas de las cadenas de valor (expresado técnicamente) se encuentran limitadas por su eslabón complementario; los medios de distribución, para que los mercados abastezcan los hogares, las empresas y las empresas que utilizan como insumos para transformarlos.

De acuerdo con el Fosdeh las medidas puestas en vigencia ha disminuido la comercialización de los bienes básicos para la vida humana, sobre todo los alimentos, bebidas y, bienes de higiene personal, entre otros. Como consecuencia inmediata, ha puesto en precario la alimentación de las mayorías, sobre todo, los más vulnerables.

Evidenciando la poca capacidad y sobre todo, la respuesta sobre el sistema de producción, aunado a la de transporte y logística, que por motivos de Estado de Excepción complican adicionalmente la situación.

El impacto económico fue reforzado con la aplicación del el Decreto Ejecutivo PCM-121-2020, donde el Gobierno de Honduras en Consejo de Secretarios de Estado, acordó la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en los Artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la República, relativos a la libertad personal, libertad de asociación, reunión y de circulación durante 7 días en algunos municipios del país, disposición que se vio extendida en tiempo y espacio, posteriormente. Esta medida se llevó a cabo para procurar la contención y mitigación de las de los impactos negativos en la salud de la población, causados por el COVID19.

Naturalmente, estás medidas han venido a causar un impacto en las relaciones comerciales, laborales y económicas del país, por lo que se debe considerar un plan para garantizar los ingresos, en concepto de sueldos y salariaros (ingresos monetarios), de los ciudadanos.

En este sentido, las medidas económicas anunciadas hasta el momento contribuyen parcialmente para solucionar o dar respuesta a una crisis sanitaria que rompe toda relación económica real, recurriendo a improvisación cargada de paliativos ante la pandemia. Por lo tanto, el FOSDEH apegado a su misión de contribuir a la construcción de políticas públicas orientadas a la transformación nacional, y dando respuesta a su visión de una sociedad más equitativa y respetuosa de los Derechos Humanos, propone algunas medidas iniciales.

El Fosdeh destaca especialmente la necesidad de apegarse al Artículo 329 de la Constitución de la República; “El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación adecuada. La Ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas”. Garantizando de igual manera los derechos económicos, sociales, políticos y culturales establecidos en la Constitución, por ejemplo; un sistema tributario principal de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad establecido en el artículo 351; Derecho a la Seguridad Social en el Artículo 142; Derecho al Trabajo en el Artículo 127, entre otros.

Aquí la propuesta presentada por el Fosdeh

Exhortamos al gobierno de Honduras a tomar en cuenta las siguientes consideraciones del FOSDEH 1. Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación. Decreto Legislativo 286-2009. 2. Leer como propuesta; SEPLAN. 2013.

Reingeniería del Sector Público de Honduras.

1. Es necesario buscar los mecanismos eficaces y eficientes para revertir el impacto en menor tiempo posible. Dichos medios tienen que demostrar resultados y efectos evidentes. No podemos esperar cambios estructurales haciendo lo mismo, o afianzando el “status” económico actual. La vasta literatura expresa que ya existen los instrumentos de la política económica efectivos, por ejemplo, los impuestos, subsidios, gasto focalizado, entre otros, y con mayor retardo los de la política monetaria. Aunado, el debate sobre los Tratados de Libre Comercio (TLC´s).
2. Es necesario retomar el sistema de planificación a través de una Secretaría que sea técnica-operativa para el cumplimiento de objetivos y metas del desarrollo de Honduras, además, que dé dirección a una visión de país y plan de nación con sus lineamientos estratégicos, en todo caso, y lo mínimo que se puede hacer; es una actualización de esta [1]. Sumado, a ser la responsable en la construcción de escenarios de los ambientes económicos, sociales y políticos cambiantes, no sólo nacionales, sino también internacionales para su continuo mejoramiento. Un sistema dinámico para la toma de decisiones.
3. No sólo es necesario una reorientación del Presupuesto General de la República para retomar las prioridades de Estado, es imperante una reingeniería del sector público de Honduras [2]. No podemos tener un excesivo gasto público en diversas instituciones con la misma finalidad, sumado a la demasía de instancias, que manifiestan una falta de liderazgo, ampliando el desorden organizativo de la Administración central, como también el de orden presupuestario. Un ejemplo de ello ¿Cuántas secretarías, direcciones, instituciones públicas, programas, etc., están para realizar infraestructura productiva?.
4. La búsqueda de un replanteamiento del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Reestructurar algunas “recomendaciones” conforme a la crisis actual, y las metas de gasto y recaudación tributaria, así como el cumplimiento de los objetivos de afianzar la posición fiscal y preservar la estabilidad macroeconómica. Esto implicaría de igual manera, el ajuste de algunas metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
5. Algunas medidas para la Política Fiscal; Llegó el momento de re exigir el Pacto Fiscal para lograr la tan añorada “justicia fiscal”. Algunas crisis generan oportunidades, sin embargo, en algunas ocasiones surgen oportunistas, donde crean estructuras tributarias y de gasto a favor de intereses particulares. Lo cual, es imperante retomar la discusión de la progresividad fiscal (y disminuir la carga regresiva, como el Impuesto Sobre Venta), el gasto tributario (privilegios fiscales; exoneraciones y exenciones fiscales) y un gasto público priorizado en las necesidades de las mayorías.
6. Renegociar la Cartera de Deuda Pública el “congelamiento” en los pagos del Servicio de la Deuda multilateral y bilateral por el Coronavirus. Los fondos deben destinarse bajo un plan estratégico y agresivo de cambios de la economía informal a la formalidad y el rescate económico y financiero de los hogares refugiados en la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme). Debe existir un apoyo a la gran empresa que absorbieron el pago de sueldos y salarios de sus empleados en tiempos de crisis bajo mecanismos de evidencia. La propuesta es la creación de un fondo de rescate con los recursos del no pago de la deuda externa bilateral y multilateral.
7. Subsidiar los servicios de energía eléctrica, telefonía fija y agua potable. Subsidiar los hogares por dos o tres meses cuyo consumo sea igual o menor a 250 kW/mes, si supera dicho consumo; el hogar asume la diferencia. La factura de agua potable de la menos los cinco departamentos que son considerados focos de la pandemia mundial en el país (Atlántida, Colón, Cortes, Francisco Morazán y Choluteca). Para ello, los recursos del fidecomiso Solidario y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema (llamado fideicomiso “Vida Mejor”) que es financiado con el diferencial de 3 puntos porcentuales del incremento en el Impuesto Sobre la Venta de 12% a 15% en el año 2013. El consumo de la telefonía fija debe ser subsidiada en su totalidad, y que sea incluida en el “próximo” plan de rescate de HONDUTEL. Además, una estrategia con los servicios privados; cable, telefonía móvil e internet, estrategia de moratoria.
8. Garantizar pagos diferidos o moratoria del Impuesto Sobre la Renta en personas naturales y jurídicas. Dado que el impacto económico dejado por el Coronavirus en el país será asumido en su mayoría por el Mipymes, también, una parte de la gran empresa, el Estado de Honduras debe garantizar que el pago correspondiente al año fiscal 2019 sea cancelado de forma diferida en lo que resta del 2020, dejando margen para que los recursos sean implementados en la conservación de empleos y soporte a los efectos económicos adversos.
9. Asistencia humana a las personas más vulnerables. Existe un fondo para las transferencias monetarias condicionadas (Bono Diez Mil) y para los programas de asistencia social para cubrir a más de 1.2 millones de hogares en condición de pobreza, el fidecomiso “Vida Mejor”. Debido a la crisis, sin duda es necesario más recursos, para esto, el FOSDEH propone algunos recursos de la “Tasa de Seguridad”. Y destinar a la seguridad alimentaria los L4,000 millones aprobados a las Fuerzas Armadas para fomento del “agro”.
10. Garantizar los sueldos y salarios de los trabajadores de la empresa privada. Para esto, se propone a la Secretaria de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas una medida de crédito fiscal buscando equilibrar el total de sueldos y salarios pagados por el sector empresarial y que el mismo sea utilizado para el pago del Impuesto Sobre la Renta u otro impuesto que se considere necesario. Asimismo, reducir el aporte de la “Tasa de Seguridad”, la cual funge como un impuesto a las transferencias bancarias, siempre y cuando la empresa haya cumplido con el pago puntual y oportuno a sus trabajadores.
11. Atenuar la Incertidumbre Laboral, invocando una salida satisfactoria para todas las partes. En los últimos días se ha generado fuerte incertidumbre en cuanto a la situación laboral de miles de hondureños, son muchos los miembros del sector empresarial que están considerando, para mitigar sus pérdidas la aplicación de la disposición contenida en el Artículo 99 del Código de Trabajo que hace referencia a la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo. Si bien el artículo 100 del mismo código, establece las causales que pueden ser invocadas para la aplicación de esta figura jurídica y contempla en su numeral 2 a “La fuerza mayor o caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo”, como una de ellas, también el Artículo 102 delega responsabilidad al Poder Ejecutivo para “…dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores.” Las normativas dispuestas en el Código de Trabajo deben ser aplicadas con el fin de regular las relaciones entre el capital y el trabajo sobre una base de justicia social, principio que debe ser observado en estos momentos de crisis, más que nunca. Es fundamental hacer un llamado a la observancia de las disposiciones constitucionales, donde se garantiza la estabilidad laboral (Artículo 129), y que, el trabajador “…puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas” (Artículo 136).
12. Apoyo a la economía informal. La mayoría de la población económicamente activa se encuentra en dicho rubro, el salvamento debe enfocarse en esta población, a través de una asistencia social integral; no sólo de recursos monetarios (o asistencia de los programas sociales), sino de acceso al servicio de salud, de servicios públicos gratuitos, entre otros. Aunado, la posible contratación en los programas públicos creados o complementarios (de otras instituciones) ante la crisis.
13. Congelamiento temporal y supervisado de precios. Lastimosamente afectando la libertad empresarial en este tiempo de crisis para mantener el control en los precios de los bienes y servicios básicos de la economía nacional, el gobierno de Honduras debe establecer una canasta básica especial y fijar el precio de los productos y servicios que la compongan con el fin que todos pueden adquirirla sin incrementos.
14. Garantía de insumos y equipo esencial para el combate del Coronavirus. Proporcionar al personal de la salud, el pago en tiempo y forma de sus sueldos y salarios y, adicionalmente garantizar urgentemente que el personal de la salud cuente con los implementos de bioseguridad necesarios para hacer frente a la pandemia en el país. Los recursos pueden salir del presupuesto ya aprobado por el Congreso Nacional para hacer frente al COVID-19 y de la renegociación temporal del no-pago del servicio de la deuda o cualquier fondo de emergencia que ofrezcan los acreedores internacionales. Agregar a esto a los que se dedican a la limpieza pública, así como el suministro a la ciudadanía.
15. Algunas medidas para la Política Monetaria;

15.1 Debido que la tasa de interés constituye un elemento de suma importancia dentro del funcionamiento de cualquier economía, y puesto que es la variable determinante para las decisiones de ahorro e inversión de los agentes económicos es imperante su reducción para un acceso de créditos blandos en la actualidad y después de la crisis, este comportamiento puede ser influenciado al corto plazo por la política monetaria a través del control de la inflación [3].

15.2 Se debe continuar hacia la baja de la Tasa de Política Monetaria (TPM). A pesar de reducir la TPM para ubicarla en 4.5%, sumado a otras medidas correspondientes a la política monetaria dictada por el Banco Central de Honduras. El traspaso a las tasas de interés manejadas por el sistema financiero nacional tiene un retardo, ya que las reacciones de los bancos a los cambios de las tasas de la política son rígidas en el corto plazo y en ocasiones incompleto [4].

15.3 La liquidez que genere algunos efectos de los instrumentos de la política monetaria debe direccionarse a un plan estratégico de fomento a los sectores económicos vulnerables. Dicha liquidez, también debe considerarse en la distribución equitativa sobre algunos medios más veloces, como créditos especiales, bonos y colocación de préstamos a los no bancables. Y no sólo por el sistema financiero tradicional.

15.4 El sistema bancario hondureño deberá modificar sus políticas relacionadas a los cargos por el retiro de dinero de tarjetas de crédito, montos mínimos que deben estar en las cuentas de ahorro y las cuentas de cheques. Ninguna utilización de dinero plástico o de dinero en efectivo debe de ser castigada por los bancos y las ¨centrales de riesgo correspondientes¨.

15.5 La administración monetaria del país debe garantizar la relación de cambio del lempira frente al dólar y otras monedas duras, para contener problemas monetarios de alto impacto. Durante el periodo 2020 establecer una política de cambio fijo. Es momento de usar los instrumentos de la política económica, y bajo el enfoque expansivo, sabemos que una parte de la política monetaria tiene esta visión, lo cual respaldamos.

Pero, debemos ser agresivos en la focalización del gasto y disminución de impuestos, cargas, entre otras. Para la implementación y ejecución de todas estas medidas y sin perjuicio a medidas adicionales que puedan surgir de otros sectores y proponer las autoridades, exigimos la conformación de una Comisión de Emergencia Multidisciplinaria y Multisectorial cuyo objetivo sea el de crear, proponer, aprobar y ejecutar conjuntamente las políticas económicas y sociales para hacer frente a los efectos del Coronavirus, de igual manera, esta comisión debe fungir como veedora ciudadana de los fondos públicos a implementar.