Agencia financiada por EE.UU. asumirá sus funciones
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Tras el blanqueo de contratos carreteros a favor del crimen organizado, el gobierno determinó la intervención del Fondo Vial y trasladar sus funciones a Invest-Honduras”, conocida también como Cuenta de Desafío del Milenio (MCA-Honduras).
La decisión se adoptó por el Consejo de Ministros y surtió efecto legal desde el pasado 26 de mayo, tras la publicación del decreto Ejecutivo PCM-040-2017, firmado por el presidente, Juan Hernández y que establece un plazo inicial de intervención de 180 días, es decir seis meses, pudiéndose prorrogar por más tiempo.
Una investigación de InSight Crime de marzo de este año, cuantificó que el Fondo Vial les pagó a las empresas de la organización de narcotraficantes Los Cachiros más de US$4 millones entre 2010 y 2013 para que llevaran a cabo obras de mantenimiento de carreteras en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro.
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CRISIS
En uno de sus considerandos, el Decreto Ejecutivo establece que el “Fondo Vial atraviesa una creciente crisis institucional, que va en detrimento de la nación, poniendo en alto riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios que le corresponde según su ley orgánica y su Reglamento”, sin hacer mención de los negocios irregulares que se hicieron en el ente desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), ahora Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep).
Para llevar a cabo el propósito trazado por el gobierno, se crea una Comisión Interventora, que se encargará de la administración del Fondo Vial y de su funcionamiento, desarrollo y operación, ejerciendo todas las potestades de administración y dirección de todas las actividades, así como el ejercicio de las demás facultades que por norma legal adicionalmente le correspondan.
El decreto específica que el Consejo Directivo de Invest-Honduras, también Cuenta del Desafió del Milenio-Honduras (MCA-Honduras), integrará en pleno la Comisión Interventora.
Señala además la suspensión en el ejercicio de sus funciones, y durante el tiempo que dure la intervención, del Comité Técnico Vial, la Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva, Gerente Técnico y cualquier otro órgano de dirección o gerenciamiento.
Asimismo autoriza a la Comisión para que proceda a la suspensión temporal del personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos de personal que se consideren innecesarios.
Dentro de los primeros 90 días de la intervención, la Comisión deberá rendir al presidente de la República un informe de evaluación sobre la situación administrativa, técnica y financiera, así como las medidas transitorias implementadas y las recomendaciones para la reestructuración, modernización y mejora del Fondo Vial.
Si es procedente, la Comisión Interventora deberá, además, informar sobre los hallazgos encontrados, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin menoscabo de lo anterior, la Comisión deberá solicitar al TSC, la implementación de una auditoría de carácter financiero, de cumplimiento y forense, con el propósito de lograr el establecimiento de prácticas administrativas, financieras y gerenciales transparentes en el Fondo Vial.
El decreto refiere también que para la reestructuración y regularizar los procesos de compra y contrataciones, la Comisión Interventora tendrá la asistencia técnica directa de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones (ONCAE).
