Desde 2023 hasta septiembre de 2022 (último registro brindado por OABI), se han incautado 7,099 bienes en todo el país. El fondo nunca ha funcionado, aseguran representantes de organizaciones de la sociedad civil y analistas políticos abordados por Criterio.hn
Foto portada: Casa incautada a Rosa Elena Bonilla de Lobo
Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa.- Desde la creación de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en 2003, esta ha administrado los bienes incautados a criminales, narcotraficantes y corruptos, sin embargo, en vez de representar una compensación a la sociedad hondureña, ha sido el lugar propicio para realizar actos de corrupción por parte de autoridades a cargo.
En múltiples ocasiones la OABI ha sido denunciada públicamente por la mala administración de los fondos, desvío, subastas de bienes a precio de “gallo muerto”, y venta de bienes y entrega de los mismos sin tener orden judicial.
El ejemplo más reciente se evidenció el pasado 05 de junio del presente año, cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó una denuncia en la que responsabilizó por el delito de violación a los deberes de los funcionarios al actual director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Gonzales.
Lo anterior por devolver una propiedad incautada al ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, pese a que no se contaba con una orden judicial.
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MÁS BIENES A OABI
El pasado 10 de julio el secretario de Defensa , José Manuel Zelaya Rosales, anunció que los bienes encontrados en el marco de la operación “Fe y Esperanza”, ejecutados en los centros penitenciarios del país, pasarían a ser administrados por la OABI.
“Esta primera etapa que se ha iniciado es el control para retomar la gobernanza, son los primeros hallazgos, se hará el proceso debido a través de la OABI, para que los bienes puedan ser reutilizados para labores o fines sociales. Esperemos que la OABI tenga a bien iniciar con el proceso administrativo de todo lo que se ha encontrado aquí”, expresó en comparecencia pública el funcionario.
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BIENES INCAUTADOS POR OABI
La Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito establece el en artículo 74 la creación de un “Fondo Especial para la Prevención Social y Lucha Contra la Criminalidad Organizada” que deberá ser creado y administrado por la OABI.
El Fondo Social Especial se creará a partir del dinero incautado a los narcotraficantes y demás criminales. El texto dicta que se debe crearse mediante una cuenta especial en una institución financiera, misma que será supervisada por un auditor adscrito a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCO).
De acuerdo con los registros brindados por la OABI a este medio digital, desde la creación de la institución en 2003, hasta el 30 de septiembre de 2022, -último registro contabilizado-, la institución ha incautado 7,099 bienes en todo el país.
Dentro de estos desglosa: 3,043 bienes inmuebles, 3,742, vehículos, 57 aeronaves, y 257 embarcaciones, que suman la cantidad de 7,099.
En cuanto a los bienes inmuebles destaca que la mayoría fueron incautados en el departamento de Cortés (1,013), seguido de Francisco Morazán (332), Colón (351) y Atlántida con (307). Zona norte y centro de Honduras.
A estos le siguen Yoro (259), Copán (117), Olancho (116), Choluteca (93), Lempira (72), Comayagua (65), Santa Bárbara (44), Ocotepeque (39).
En menor cantidad Intibucá (37), Islas de la Bahía (34), La paz (21), Gracias a Dios (15), Valle (13) y El Paraíso (12).
“EL FONDO NUNCA FUNCIONÓ”
Aunque los bienes incautados a criminales pasan a ser administrados por la OABI, y de esta manera resarcir el daño, este no ha funcionado según opina el abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado.
“El fondo nunca se creó, nunca funcionó y toda la institución abandonó su propósito, ahora habrá que pensar cómo lograr que un instrumento de decomiso de los bienes incautados no se convierta en instrumento de corrupción”, dijo a Criterio.hn, Raúl Pineda Alvarado
Explicó que se ordenó que se creará el fondo social que debía rendir informes al Fesco, esto cuando dependía del Ministerio Público, pero ahora pasó a depender del Poder Ejecutivo.
En este sentido, Pineda Alvarado explicó que, sólo en San Pedro Sula la OABI maneja más de 300 bienes y no puede administrarlos todos, pero aclaró que la idea de la institución no es que sea un ente de beneficencia, sino que los fondos puedan ser utilizados para combatir el crimen como, por ejemplo: agentes encubiertos, recompensas, gastos que se incurren en cada operación antidroga.
“No hay que ver la OABI, como que tiene un presupuesto asignado, si hay bienes la OABI puede gastar si no hay bienes no puede. Porque la institución no se creó con fines sociales, sino con la finalidad de facilitar las acciones para la prevención de violencia, porque es una organización que no tiene un ingreso fijo sostenible”, dijo el analista.
SIN RETORNO
Sobre el tema, el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cesar Espinal, dijo a Criterio.hn que el retorno al bien jurídico ha sido muy precario.
Espinal ejemplificó el caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social donde se incautaron bienes, en este sentido, apuntó que el retorno de estos bienes no se vio reflejado en la sociedad hondureña.
El mismo caso sucedió en temas de seguridad en incautaciones al crimen organizado, analizó que esta reparación no se ha dado debido a la corrupción que existe en la misma OABI, “el retorno de esos fondos todavía no se ve reflejado en una mejora de la institución u otro sector”, expresó el abogado.
DECOMISOS SEGÚN LA LEY
Sobre el tema, el coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, explicó a Criterio.hn que en relación a los bienes incautados se puede realizar mediante dos vías, los que entraron en contacto con el delito y por medio de privación de dominio público.
Mediante operaciones y en centros penitenciarios deben realizarse un control, debido a que el dinero no puede pasar a la destrucción, ya que es evidencia que debe pasar a una investigación, expresó Madrid.
Explicó que, la evidencia o decomiso es llevada mediante ante un juez y si este ordena que es culpable los bienes pasan a un estado llamado comiso, donde le quita la propiedad del bien o dinero que ha participado en un delito.
“En ese momento pasa a manos del Estado y solo ahí, ya se puede hacer uso de los bienes”, explicó Madrid al referir la forma en que se puede disponer del dinero o bienes incautados.
En tanto, expresó que la Ley de Privación de Origen de Bienes Ilícitos permite colocar medidas de aseguramiento sin tener juicio penal, porque la Ley no es penal es una ley de privación de dominio por obtenerla de forma ilícita. Si es vencido en juicio, los bienes se pierden y el Estado entra a tutelarlos o administrarlos, señaló Madrid
