Testimonio de jueza ejecutora y oficio del Ministerio Público, apuntan a que la presencia de agentes militares en el violento desalojo de Punta Gorda fue a petición tanto del abogado privado, como de la fiscal Yescenia Canizales, según reveló el investigador en derechos humanos, Joaquín Mejía.
Tegucigalpa.- Ni la lluvia ni el racismo estatal acallaron las voces de indignación del pueblo Garífuna de Punta Gorda, Caribe hondureño, en el segundo día de la audiencia inicial contra las y los seis defensores del territorio.
Muy temprano los habitantes Garífunas de Punta Gorda se trasladaron hasta el juzgado de Roatán, para exigir libertad incondicional y cese a la persecución contra Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Martínez, Luis Moisés Dolmo, Abad Sánchez Gómez y Keyder Tichani Ballesteros, acusados por el Ministerio Público por usurpación agravada, más un cargo individual por atentado contra un policía.
Fue una larga jornada, con la audiencia iniciando aproximadamente a las 9:00 AM y extendiéndose por más de 12 horas. Pasadas las 7:00 PM, la lideresa Garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, alertó que estaban siendo rodeados por policías en las afueras del juzgado mientras aguardaban la conclusión de la audiencia.
Tras realizarse la primera mitad de la audiencia de este jueves, la abogada Kenia Oliva del Bufete Justicia Para los Pueblos, expresó que la supuesta dueña del terreno afirmó que “no conoce el terreno” y que “ella solo sabe que tiene una escritura”, según video compartido por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
Oliva manifestó en ese mismo video, que la señora afirmó “que vive en la comunidad, pero que emigró a Estados Unidos hace muchísimos años y que por lo tanto, según las preguntas que se le hicieron tiene muchísimo desconocimiento de lo que ocurre en la comunidad Garífuna”.
LA EXPLICACIÓN DETRÁS DE LA PARTICIPACIÓN MILITAR EN EL DESALOJO
Por la tarde, el experto en derecho constitucional y derechos humanos, Joaquín Mejía, señaló vía Twitter que durante la continuación de la audiencia inicial contra los defensores garífunas, la jueza ejecutora manifestó que el juez ordenó la presencia de la Policía Nacional en el desalojo, pero que el abogado privado gestionó la presencia de los militares de la Fuerza Naval.
A lo que Mejía cuestionó: “¿cómo es posible que un particular tenga el poder de lograr que los militares participen en un desalojo? El Ministro de Defensa y la comandanta en jefa de las FFAA, la presidenta Castro, deben dar una explicación y deducir las responsabilidades correspondientes”.
El abogado y doctor en derechos humanos cuestionó desde un inicio la participación de agentes militares en el violento desalojo del lunes 7 de noviembre en Punta Gorda.
Sobre el tema, Mejía dijo a Criterio.hn en el artículo “Presencia de militares en desalojo de Punta Gorda contradice plan de gobierno de Xiomara Castro”, que genera preocupación la presencia de militares teniendo en cuenta su historial criminal y violento en los desalojos, a la vez que la presidenta Castro prometió en su plan de gobierno la desmilitarización de la seguridad ciudadana.
Dos horas después de los primeros dos tuits de Mejía, este reiteró en una tercera publicación que había grabación del testimonio de la jueza manifestando la participación del abogado privado gestionando la presencia militar.
Pero además de esto, el oficio No.999-2022 de la Fiscalía Local de Roatán señalaría a la fiscal Yescenia Canizales como la solicitante de presencia militar al jefe de la base naval, capitán Corbeta Donny Mauricio Zaldivar Ramos, para la realización del desalojo.
DEFENSA ANUNCIA QUE IMPUGNACIÓN FUE DECLARADA SIN LUGAR
El Bufete Justicia Para los Pueblos anunció al inicio de la audiencia que el juez Allan Urbina García declaró sin lugar la impugnación presentada por la defensa, ante vicios de nulidad cometidos por la fiscal durante la aprehensión.
El bufete legal reiteró que el Ministerio Público propuso varios medios de prueba ilícitos, entre los que destacan USB sin peritaje que compruebe la autenticidad de los videos que contienen, un álbum de fotos cuya autoría es tema de debate porque no hay firma de las mismas.
Otras pruebas ilícitas, admitidas por el juez Urbina, son los testimonios de ocho personas no pertinentes en la causa, así como pruebas documentales como recibos para mostrar que las y los defensores garífunas detenidos no han pagado sus impuestos en el municipio, argumentando que esto demuestra que no son locales.
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Es importante recordar que de acuerdo al informe de la jueza ejecutora del desalojo, dejó consignado por escrito que los seis Garífunas fueron aprehendidos en la vía pública mientras realizaban una protesta y no dentro del predio. Pese a esto son acusados por usurpación agravada.
ENFADO E IMPOTENCIA TRAS RACISMO ESTATAL
La defensora Melissa Martínez, criminalizada en este proceso, manifestó que siente enfado al ver la injusticia en el actuar de las autoridades del país, que en vez de proceder a favor de quienes defienden un territorio ancestral, dan muestras abiertas de su racismo, dijo a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
Afirmó que en el primer día de la audiencia inicial sintió impotencia al escuchar la risa y ver los gestos que la fiscal Reyna Yessenia Fúnes Canizales dirigía en contra de ellas y ellos. “Ella allí, en plena audiencia se ríe, pone sus gestos hacia nosotros que los podemos notar y uno siente impotencia en ese momento, de estar sentada y no poder decir nada contra las acciones que están actuando las autoridades”, declaró.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos señaló que la defensa del territorio ancestral es un derecho legítimo de los pueblos, recordando que la comunidad Garífuna de Punta Gorda fue fundada hace 225 años y su territorio un sitio ancestral para el pueblo Garífuna.
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La defensora criminalizada en este proceso bajo el cargo de usurpación en su propia tierra ancestral, Dorotea Arzú, concluyó: “Los Garífunas no invadimos. Recuperamos nuestro territorio”.
