Trece habitantes del sector Medina enfrentan un proceso por usurpación tras instalar un campamento contra Agrecasa, mientras la Fiscalía solicita capturas pese a conocer el contexto y los informes oficiales que señalan daños ambientales graves.
Tegucigalpa, Honduras. – Trece pobladores del sector Medina, en Puerto Cortés, son acusados por el delito de usurpación, tras instalar un campamento para exigir la cancelación del proyecto minero de la cantera de Sapadril, operada por la empresa Agregados del Caribe S.A. de C.V. (Agrecasa).
La acción es impulsada desde el Ministerio Público por el fiscal Jorge Lagos, quien presentó el requerimiento fiscal con orden de captura y desalojo el pasado 7 de noviembre, aplicando el cuestionado decreto 93-2021, informó Víctor Fernández, del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que representa a los imputados.
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Celedonio Cantarero, uno de los pobladores criminalizado del sector Medina, expresó que exigen justicia al Estado, empezando por la protección de los bienes comunes de los cuales depende la vida de los ciudadanos, y que cese la criminalización en su contra. «Estamos exigiendo justicia ambiental a favor de las comunidades, especialmente del sector Medina, que es las más afectada directamente y que esa concesión se cancele y la empresa cierre definitivamente», explicó.
Las y los pobladores criminalizados son: Celedonio Díaz Cantarero, Isaí Núñez Godínez, Isis Vanessa Laínez Lara, Miguel Ángel Pérez Orellana, Olvin Narváez Rivera, Paulo Sánchez, Noé Flores, Rosalío García, Elmer Benigno Portillo, Fredy Francisco Rivera, Víctor Dubón Claros, Bayron José Antúnez y Nahún Reyes Rivera.
PAPEL DE LA FISCALÍA
Víctor Fernández recalcó que el fiscal no pidió citar a los acusados, sino que solicitó su captura, pese a conocerlos y saber dónde encontrarlos. Calificó la actuación como «un comportamiento excesivo y desproporcionado por parte de un funcionario que conoce el contexto». Además, cuestionó que el Ministerio Público, siendo representante de la sociedad, se deslegitime al asumir la defensa de los intereses económicos de la empresa minera.
«Estos compañeros, el tiempo libre y no libre lo dedican a luchar por el agua, por la vida, por la salud de toda esa zona, incluyendo la de los fiscales. Y usted [Jorge Lagos], conociendo esto, en lugar de ser leales con la sociedad, son leales con los criminales disfrazados de empresa que afectan a la gente», expresó Fernández.
El profesional del derecho aplaudió la decisión del juzgado de no librar la orden de captura y, en su lugar, citar a los acusados, además de no ordenar el desalojo, optando por escucharlos antes de resolver si procede o no la acción penal. Sin embargo, cuestionó la acción del fiscal, quien, en vez de acatar la decisión, presentó un recurso de reposición en contra de la decisión de la jueza. Añadió que sus representados ya se presentaron ante el Juzgado de Letras de Puerto Cortés y están a la espera de que el juzgado ratifique la decisión.
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LLAMADO A LA PROCURADURÍA
Víctor Fernández llamó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz Galeas, a asumir la responsabilidad presentando el requerimiento fiscal contra Agrecasa y sus ejecutivos por los delitos ambientales documentados por los pobladores y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
El abogado también citó una opinión del departamento legal de la Serna en la que se concluyó que el proyecto Canteras Sapadril ha incumplido la normativa ambiental vigente –incluida la Constitución, la Ley General del Ambiente y su reglamento– al afectar fuentes hídricas y generar riesgos significativos para la salud de la población. Por estos hallazgos, la institución recomendó la clausura definitiva del proyecto.
Asimismo, el dictamen establece que, debido a la gravedad de los impactos documentados, hay méritos suficientes para presumir la comisión de delitos ambientales, por lo que instó al Ministerio Público, a la PGR, y a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente a abrir las investigaciones correspondientes, determinar responsabilidades penales y adoptar medidas para sancionar a los responsables y evitar que los daños continúen. No obstante, hasta el momento ni la Fiscalía Especial del Medio Ambiente ni la PGR han actuado contra la minera.
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