Tegucigalpa.- El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, reiteró su exigencia al Congreso Nacional de Honduras para derogar varias normativas legales que blindaron la lucha contra el lavado de activos y menoscaba las acciones del Ministerio Público.
A través de redes sociales, el fiscal anticorrupción exigió al Congreso Nacional incluir en la agenda legislativa la derogación de varios decretos aprobados bajo la administración de Mauricio Oliva que impiden llevar a cabo el decomiso de información y ejecutar investigaciones con relación al delito de lavado de activo.
“Esperamos que esta semana sí se incluya la derogación de Decretos 57-2020 y 93-2021 que impide a la UFERCO acceder a información financiera. Cada día que pasa, es un día más que se pierde de información que el sistema financiero se niega a entregar amparados en estos decretos”, reprochó.
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En mayo de 2020, mediante Decreto Legislativo 57-2020, se aprobó la normativa para interpretar los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal contentivo de la figura de decomiso y secuestro de documentos u objetos relaciones a investigaciones del Ministerio Público.
Con dicha interpretación, se limitó a la fiscalía realizar decomiso y secuestro de documentos sin autorización de un juez, además se estableció un plazo de cinco años para conservar el registro de información por parte de las instituciones, es decir, que los sujetos requeridos a entregar la información en caso de haber transcurrido cinco años desde que realizó la transacción no estarán obligados a entregarla.
De igual manera, en octubre de 2021 valiéndose de un asueto nacional, los congresistas del conservador Partido Nacional en contubernio con la mayoría del Partido Liberal aprobaron el Decreto Legislativo 93-2021 mediante el cual derogaron y reformaron varios artículos del Código Penal, en especial, concerniente al Lavado de Activos.
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Para el caso, se reformó el artículo 47 en el que se estipuló que el secreto bancario será suspendido únicamente por orden judicial, es decir, que los entes financieros no están obligados a develar información ante investigaciones de lavado de activos, extorsión, entre otros, si no se autoriza por un juez.
Asimismo, se reformó el artículo 34 que establece como Persona Expuesta Políticamente (PEP) a aquellas personas que se desempeñan o desempeñaron en funciones públicas destacadas en el país o en un país extranjero a quienes una organización internacional les confió funciones dentro o fuera del país, también organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos de veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública.
Lo anterior, incluyó en riesgo bancario a las organizaciones de sociedad civil que investigan y denuncian actos de corrupción al darle facultad a cualquier institución del Estado intervenir en el sistema financiero y congelar sus cuentas y marginarlo.
En respuesta a la exigencia de Santos, el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, aseguró que será un tema prioritario derogar dichas normativas, aunque no estableció una fecha.
El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, reconoció los constantes llamados del fiscal anticorrupción, no obstante, señaló que dependerá de los votos del conservador Partido Nacional y la mayoría del Partido Liberal para lograr derogar las normativas lesivas que blindan la lucha contra la corrupción.
Cabe indicar que el Congreso Nacional aprobó la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos conocida como Ley de Secretos que blindó a más de 17 instituciones del Estado en ocultar información, asimismo restituyó las facultades del Ministerio Público que se trasfirieron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
