Entre los funcionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández que se beneficiaron de los finiquitos y nulas auditorías del Tribunal Superior de Cuentas se encuentran David Chávez, Ebal Díaz, Nasry Asfura y varios alcaldes de Honduras.
Tegucigalpa, Honduras.- Los finiquitos otorgados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que eximen de actos de corrupción y nulas auditorías han sido la herramienta que varios funcionarios del periodo presidencial de Juan Orlando Hernández (2014-2022) utilizarón para eludir la cárcel.
Entre los funcionarios se encuentra David Chávez, quien fue requerido en noviembre del año pasado por las autoridades hondureñas, acusado de fraude, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos durante su gestión (2010-2013) como director del Instituto de Formación Profesional (Infop), dicha acusación basada en una denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en 2015.
No obstante, su defensa legal argumentó que Chávez, contaba con la sentencia de un juez ejecutor y ratificado a través un finiquito del TSC que lo exonera de haber cometido un acto de corrupción durante su gestión en dicho instituto y pese a que dicho documento representa un acto administrativo y no penal, es legítimo.
Por lo tanto, iniciar un nuevo proceso legal por el mismo caso incurriría en un doble juzgamiento, acción que es prohibida por la legislación hondureña.
La figura del doble juzgamiento, no cabe en este caso, según la opinión del abogado y diputado del Congreso Nacional, Ramón Barrios, ya que según opinó para dicha medida se aplique el acusado debió haber sido vencido en juicio, acción que nunca sucedió con Chávez.
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OTROS CASOS
El caso de David Chávez no es el único en el que las acciones de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas han exonerado, mediante sus auditorías, a varios exfuncionarios del periodo de Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
Otros funcionarios que han salido victoriosos de señalamientos gracias a esta herramienta otorgadas por el ente durante la gestión como magistrado presidente de Juan José Pineda incluyen a Ebal Díaz, Nasry Asfura y varios alcaldes de Honduras.
Otro exfuncionario de Juan Orlando Hernández que también se habría librado de responsabilidad penal, pero ahora por negligencia en las investigaciones del TSC, fue Ebal Díaz, exsecretario de la Presidencia (2018-2022).
El Ministerio Público (MP), inició hace unos meses una investigación contra Díaz por el delito de enriquecimiento ilícito, en este sentido, Edmundo Orellana, exsecretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, señaló que dicha investigación debió haberla realizado el TSC.
Sin embargo, ante la omisión del TSC, fue la fiscalía quien asumió la responsabilidad, ante ello Orellana subrayó que las autoridades del TSC deben ser castigadas por su negligencia, ya que la investigación de estos casos es una de las funciones esenciales de dicho ente auditor.
De igual forma, Nasry Asfura, exalcalde de la capital y excandidato presidencial del Partido Nacional (PN), se libró de un antejuicio en su contra debido a la ausencia de una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que revelara irregularidades en su gestión.
En 2021, el fiscal Luis Javier Santos, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), abrió una línea de investigación contra Asfura y seis de sus colaboradores, este proceso fue remitido por la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción al TSC.
Por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actuando como Corte de Apelaciones en la petición de antejuicio, resolvieron declarar no ha lugar la solicitud de presentación de acción penal contra el alcalde del Distrito Central.
En su resolución, la Sala Penal decretó la concurrencia de prejudicialidad, determinando que el TSC debía emitir una resolución definitiva sobre la auditoría e investigación especial.
Pese a los recursos interpuestos por la fiscalía finalmente todos fueron desestimados por lo que la solicitud de antejuicio contra Asfura y sus funcionarios no se pudo materializar.
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MAGISTRADOS DEL TSJ ENFRENTARÁN JUSTICIA
Las irregularidades durante la gestión de Juan José Pineda como magistrado presidente del TSC han sido notables. Para el caso, en noviembre de 2023, el Ministerio Público (MP) recibió una denuncia sobre las anomalías cometidas en dicha entidad.
Para el 1 de abril de este año, la fiscalía ya había emitido requerimientos fiscales contra el magistrado presidente y otros funcionarios, acusados de destrucción de evidencia, violación de deberes y tráfico de influencias, ya que se evidenció que varios magistrados emitían resoluciones contrarias a lo evidenciado, sobre todo el caso de las alcaldías.
Como resultado de la investigación, en abril del mismo año se logró la captura de Ricardo Rodríguez, exmagistrado del TSC; Santiago Reyes, exsecretario general; Douglas Javier Murillo, jefe de auditores y Karen Martínez, directora legal, quienes permanecen con medidas distintas a la prisión. Mientras Juan José Pineda, exmagistrado presidente del TSC, aún continúa prófugo de la justicia.
Itzel Anaí Palacios Siwady fue designada como Magistrada Presidenta, mientras que los magistrados Jorge Gustavo Medina Rodríguez y Ricardo Alfredo Montes Nájera completarán el equipo, dichos funcionarios desempeñarán sus cargos durante los próximos siete años, conforme a lo establecido por la ley.
Al respecto, Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ, advirtió que la impunidad para los funcionarios continuará mientras las autoridades de entes como el TSC sean elegidos a través de acuerdos políticos.
Según Aguilar, la intervención de personas para encubrir irregularidades es común cuando se detectan problemas en la gestión de alcaldes o diputados.
En este sentido destacó que, aunque se necesitan reformas, lo fundamental es que los funcionarios actuales y futuros del TSC respeten la Ley Orgánica del TSC, ya que la falta de cumplimiento de esta ley, que otorga al TSC la responsabilidad de realizar auditorías, es el principal problema de la institución.
