Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- El desfile de las mafias en Nueva York está dejando enormes lecciones en un país con una democracia en coma, como bien señala el Latinobarómetro. Poco a poco los cuentos sobre el dinero del narco en las campañas políticas cobra forma de voz de sus protagonistas: tanto para fulano, tanto para mengano, tanto para esto y otro tanto para lo otro. La primera vez que leí algo al respecto fue hace treinta y un años, en un reporte periodístico de un diario estadounidense que citaba ya la presencia de las mafias en la política.
La información salió en medio del fragor de la guerra fría, donde el narcotráfico no era el tema dominante, sino la entonces amenaza del comunismo. La segunda vez que escuché algo similar fue de un embajador de Estados Unidos en la capital, él habló por primera vez de “narco-estado”. Mucho tiempo ha transcurrido y el negocio de la droga siguió sin mayores alteraciones. Que hoy digan que investigan a presuntos mafiosos desde hace más de una década no debe sorprender a nadie, las agencias estadounidenses dedicadas a rastrear este tipo de ilícitos no improvisan, trabajan silenciosamente y guardan sus facturas para más adelante. Serán las cortes en Nueva York quienes tendrán la última palabra en esos casos que se ventilan y otros por ventilar.
Pero aquí, en el patio, el tema del financiamiento ilícito de campañas, derivado de esos cantos neoyorquinos, mueve el flash hacia dos actores estratégicos: la cámara legislativa y los recién conformados órganos electorales, entre ellos el Consejo Nacional Electoral.
¿Por qué ellos?, sencillo: porque el parlamento aprobó hace un par de años una Ley de la Política Limpia para cerrar el paso al dinero sucio y a los fondos procedentes de la corrupción y otros ilícitos al financiamiento de campañas políticas, creando para ello la llamada Unidad de la Política Limpia, misma que ahora ha quedado en una especie de limbo con la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues no se sabe si será una oficina adscrita a ese nuevo órgano electoral o tendrá independencia, autonomía y presupuesto propio para hacer un trabajo mejor que el proceso electoral pasado.
Los nuevos magistrados o concejales electos en el CNE inician sus funciones con enormes desafíos, el primero de ellos, devolver la credibilidad y la independencia en esa institución tras el sabor amargo dejado por el extinto TSE. Y esa credibilidad pasa por el destino que decidan dar a la Unidad de la Política Limpia ante los escándalos generados desde las cortes de Nueva York.
Uno de los magistrados o concejales precisamente “migró” de la Unidad de Política Limpia—donde era su magistrado-presidente—para ser parte del nuevo CNE, quizá su experiencia ayude a que esa Unidad no desfallezca y más bien sea fortalecida con mayor independencia en sus actuaciones, caso contrario, nos iremos acostumbrando a ver como la Unidad postea en las redes sociales sus cócteles, atención a visitas diplomáticas y uno que otro taller de sensibilización, además de entrega de certificados de buen cumplimiento en el gasto de campañas a los aspirantes políticos.
En tanto el congreso nacional, está obligado a fortalecer la ley de la política limpia para recuperar prestigio y credibilidad ciudadana. En este momento de agite político y arenas movedizas, el poder se traslada a la cámara legislativa, hacía ahí se moverán las demandas y las decisiones concernientes con la democracia, los flashes de la comunidad internacional se centrarán en ese poder del Estado, quizá por eso la prudencial distancia del presidente del Congreso Nacional ante el tsunami político que envuelve al país y a la Presidencia de la República. La joya de la corona se moverá hacia el parlamento y así presumo que lo intuyen los legisladores. Lo que salga de ahí, son otros cien pesos.
Lo que está en la agenda, es que el financiamiento ilícito de campañas obliga a la Unidad de Política Limpia a salir del confort en que se encuentra, su voz debe ser escuchada para saber cómo quieren verse de cara a la historia: pro activos o cómodos con lo que el destino les depare. Los capos de la droga confesos en Nueva York, no están hablando de donaciones de tomates o manzanas, están hablando de dinero contante y sonante que hace pensar el por qué cada vez las campañas políticas en Honduras son tan costosas, y en un país quebrado, como el nuestro, de dónde sale tanto dinero.
Hasta ahora, la Unidad de Política Limpia no nos ha dicho cuánto costó la campaña electoral de 2017, ha entregado certificados de cumplimiento de gasto de campaña, según la tabla por ellos estimada, pero esos costos parecen irrisorios en función de lo que trasciende.
En descargo de la Unidad de Política Limpia, es justo reconocer que entraron a operar contrarreloj tras una fuerte lucha que el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, dio para que se aprobara la Ley de Política Limpia, una ley, que como muchas otras, fue trastocada en el parlamento, pero tiene cosas rescatables.
De momento, la atención ciudadana se centra en Nueva York, las especulaciones están por doquier, la desinformación corre a borbollones y las apuestas van en aumento, pero en paralelo, lo que ahí se está diciendo tiene que ver con la vida del país y al margen de los resultados del juicio de TH, ¿Qué pasará aquí? ¿Qué escenarios nos esperan? ¿Seguirá la oposición en su torre de Babel? ¿Nos rendirá cuentas la justicia o la policía de por qué no capturó a los capos cuando se libraron las órdenes de captura?
¿Conoceremos quién fue el juez que sobornó el policía confeso que relató con lujo de detalles su destierro y luego su ascenso? ¿Dónde está el policía-primo prófugo que ayudó al transporte de la droga? El MP dice que desde el 2013 al 2018 libró requerimientos fiscales para capturar a varios de esos capos, ¿Por qué no ejecutaron esas órdenes? Y si los hubieran capturado y el MP los lleva a los tribunales ¿Habrían sido condenados o absueltos?
Las dudas son muchas y válidas, pero si se quiere cerrar el paso al financiamiento ilícito de campañas, las nuevas autoridades del CNE y las comisiones dictaminadoras en el parlamento sobre las leyes que regirán ese y los otros entes electorales, tienen por ahora la palabra. Monitorear su conducta, su discurso y su compromiso con el país y la democracia, es un deber ciudadano.
