Pese a los femicidios, el Estado hondureño sigue sin aprobar una política de seguridad integral ni la Ley Especial de Prevención de las Violencias hacia las Mujeres; resistencias institucionales y discursos antiderechos retrasan medidas urgentes para proteger la vida de las mujeres
Tegucigalpa, Honduras. – La violencia contra las mujeres persiste como una de las crisis más graves y normalizadas del país. A pesar de los reiterados llamados de organizaciones feministas y de derechos humanos, los femicidios y las agresiones no cesan, mientras el Estado continúa sin una política de seguridad con enfoque de género que proteja de manera efectiva la vida de las hondureñas.
Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil, y especialista en derechos humanos advierte que el cuerpo de seguridad sigue dominado por una visión militarista y policial centrada en el control territorial, sin adoptar una perspectiva integral que priorice la seguridad humana. Los intentos por incorporar el enfoque de género son, de acuerdo con su experiencia, añadidos improvisados y superficiales que no atacan las raíces de la desigualdad ni de la violencia feminicida.
Sánchez relata que muchas de las políticas de seguridad en el país nacen sin perspectiva de género y solo se modifican bajo presión de organismos donantes o internacionales, lo que obliga a realizar cambios apresurados y sin convicción.
Aunque se han incorporado elementos relacionados con la violencia doméstica, el enfoque sigue siendo limitado y excluyente, dejando a las mujeres en desventaja frente a un sistema que privilegia una “seguridad armada” y militarista reproduciendo patrones de control social que afectan de manera particular a sectores vulnerabilizados.
La feminista considera que, mientras no se desmonten las estructuras militares y policiales que rigen la seguridad, y no se fortalezca la sensibilidad y formación de los cuerpos de seguridad con perspectiva de género, cualquier política será insuficiente.
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FEMINICIDIOS EXPONE LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES
En los últimos días, la alarma social ha crecido en el departamento de Olancho, donde ocho mujeres fueron asesinadas de manera violenta entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, sumándose a una escalada nacional que ya alcanza las 190 mujeres víctimas de muertes violentas en lo que va de 2025, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH. Los departamentos más afectados por estos crímenes son Francisco Morazán, Cortés y Olancho, donde la impunidad y la brutalidad de los hechos siguen marcando tendencia.
De acuerdo con Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), “las muertes violentas de mujeres tienen su raíz en la cultura violenta en la que vivimos, en la forma en la que son educados los niños y las niñas, donde nos dicen que los hombres mandan”.
Para la experta, es fundamental trabajar desde la infancia, inculcando que “las niñas son iguales y que cuando se establece una relación de pareja no es para que uno mande, dominación más control, sino más bien donde se establezca la comunicación de iguales; que se les enseñe valores como el respeto”.
Para la especialista en temas de seguridad, los factores estructurales como la pobreza, el desempleo y el limitado acceso a la educación y la salud contribuyen a perpetuar este fenómeno. “Sin eso difícilmente podemos revertir esa violencia que padece este país”, enfatizó.
Ayestas también criticó la insuficiencia de la judicialización. En el país se judicializa con el Código Penal identificado como el código de la Impunidad, que redujo la pena a 25 años de prisión por femicidio, pero para Ayestas, lo crucial es que apliquen esta normativa. “¿De qué sirve tener un nuevo código penal si los hombres no van a ir a la cárcel porque no se les investiga, no se les judicializa y nunca van a responder por los daños que causan?”.
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SIN AVANCE LEY INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAA
En Honduras, organizaciones feministas y de mujeres presentaron el 8 de marzo de 2022 a la presidenta Xiomara Castro la propuesta de Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, un marco legal que busca garantizar prevención, protección y acceso a justicia para las hondureñas. Sin embargo, a más de tres años, la iniciativa no ha sido aprobada ni enviada al Congreso Nacional para su discusión, lo que refleja la persistencia de obstáculos políticos y sociales que frenan el avance de los derechos de las mujeres.
Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, explica que la ley ha enfrentado un extenso “periplo institucional”, pasando por la Secretaría de la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otras entidades. Pero advierte que, probablemente, no será aprobada debido a la influencia de los discursos de grupos antiderechos, que han logrado paralizar el avance de la propuesta.
De acuerdo con las organizaciones de mujeres y feministas, estos sectores han tergiversado disposiciones de la ley relacionadas con el enfoque de género y la atención específica a mujeres trans, acusando erróneamente que la norma promueve el matrimonio igualitario y cambios de identidad en la niñez, lo que ha generado resistencia y polémica en el ámbito político y social, frenando el proceso legislativo.
