Tegucigalpa.-Ante la negligencia de los operadores de justicia, la familia de la extinta lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, exigió nuevamente este jueves la pronta aplicación de la justicia sobre este emblemático caso.
Como una nueva acción de presión, la familia se trasladó este jueves a los tribunales de justicia, donde fueron testigos de la parsimonia y el favoritismo con la que se maneja el proceso judicial que ha venido siendo denunciado por múltiples irregularidades que implican a funcionarios del Ministerio Público, Policía Nacional, Agencia Técnica de Investigación y de la Corte Suprema de Justicia.
Berta Cáceres, denunció internacionalmente a la empresa DESA por atentar contra los recursos naturales y la vida de los pobladores de la comunidad Lenca.
A su llegada a los tribunales se les impidió su entrada a la sala donde se suponía de iba a realizar una audiencia de conciliación, solicitada por el vice ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Jonathan Laínez, quien enfrenta un proceso por haber extendido la licencia ambiental a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sin haber realizado un proceso de consulta previa, violentando así el convenio 169 de la OIT.
Finalmente la audiencia no se llevó a cabo y fue pospuesta para el 24 de noviembre, informó Gustavo Adolfo Cáceres Flores, hermano de Berta Cáceres, quien lamentó que se les siga negando el acceso a la información.
En tanto, Austra Berta Flores, lamentó que el proceso judicial de su hija se siga dilatando, sin embargo apuntó que la familia seguirá luchando hasta lograr la impartición de la justicia contra los responsables del vil asesinato que segó la vida de la presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
“No estamos dispuestos que todo quede en la impunidad, así es que exigimos al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y a la Corte Suprema de Justicia que no se conviertan en cómplices de la impunidad en el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores”, manifestó Flores al dar lectura a un comunicado.
Añadió que pese a que el crimen de su hija se cometió desde el pasado 3 de marzo, la justicia hondureña aún mantiene este caso en la impunidad porque todavía no ha presentado ante los tribunales a los autores intelectuales.
“Mi hija era una ciudadana que defendía el medio ambiente y los derechos humanos en una comunidad indígena, que se encuentra amenazada por un modelo explotador, que con el incumplimiento irrestricto de la ley y la complicidad de algunos funcionarios, niega los derechos de las comunidades y se aprovecha de los recursos naturales que hoy en día tienen un precio comercial inimaginable”, añadió la octogenaria.
Recordó que su hija siempre denunció nacional e internacionalmente a la empresa DESA por atentar contra los recursos naturales y la vida de los pobladores de los territorios lencas, pero “al final fue asesinada”.
De su lado, Salvador Cáceres, esposo de Berta, manifestó que el Estado al otorgar la licencia ambiental a la empresa DESA, violentó el convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa con los pobladores, lo que se obvio en la Serna.
En tanto el apoderado legal, Víctor Fernández, lamentó que el proceso judicial se siga dilatado por porte del Estado de Honduras.
Fernández informó además que el viceministro de la Serna, Roberto Dario Cardona, quien extendió la ampliación de la licencia para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, también ha solicitado la conciliación a la parte afectada.
Explicó que la solicitud de conciliación tanto de Cardona, como la de Jonathan Laínez, significa que ambos funcionarios admiten su responsabilidad.
Agregó que los exfuncionarios, están considerando ampararse en un procedimiento abreviado, que también es el reconocimiento de la culpabilidad.
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