El coordinador del MADJ, Martín Fernández, recordó que refundar pasa por respetar la soberanía popular y del mismo Estado sobre intereses particulares o de grupo
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- En el Primer Encuentro Regional de Energía en Atlántida, la exigencia fue clara: voluntad del Estado para la cancelación inmediata de más de 40 concesiones eléctricas a lo largo y ancho de 4,372 kilómetros cuadrados.
“Argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas”, manifestó el coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Martín Fernández.
El evento reunió al titular de la Secretaría de Energía, Erick Tejada; el viceministro de Energía, Tomás Rodríguez; la investigadora social y asesora ministerial, Ninoska Alonzo; el alcalde de El Porvenir, Mario José Meléndez; y el edil de Arizona, Carlos Arnaldo Chacón Méndez; en el Museo de Tela, el pasado domingo 11 de septiembre.
La ocasión fue promocionada en las redes sociales de la Secretaría de Energía como el primer Encuentro Regional de Energía (ERE), cuyo principal tema a tratar sería “los avances del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro en la formulación de la Política Energética Nacional (PEN)”.
En la intervención de Fernández, este manifestó que desde el Movimiento Amplio han sido claros “en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican”.
Entre estos, destacó el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (Ingelsa) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa Hidrocep, Contempo, Genera, Ecae-Semsa.
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Fernández, quien junto al MADJ han hecho frente a la ilegalidad de los proyectos que se han instalado en Arizona, Atlántida, señaló que está evidenciado el contubernio público-privado y la impunidad que rodea a estos procesos.
Pidió al titular de la Secretaría de Energía, indicar forma y fecha en la que procederán a la cancelación de los proyectos en desarrollo por Hidrocep e Ingelsa, revisar funcionamiento de los proyectos ya en operación en el que impere el principio de justicia de la nueva ley, y establecer el mecanismo para la revisión de contratos de concesión que siguen lesionando los derechos de las comunidades.
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Además, afirmó que “hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos”.
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Remarcó que “estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida”.
El coordinador del MADJ recordó a Tejeda que la organización que representa también forma parte de otros procesos de resistencia contra proyectos de generación de energía impuestos en otros territorios y que refundar pasa por respetar la soberanía popular y del mismo Estado sobre intereses particulares o de grupo.
El alcalde por Arizona, Arnaldo Chacón, manifestó que “estos proyectos de energía hidroeléctrica que existen en el departamento de Atlántida, deberían ser analizados uno a uno, para que veamos que este tema nos ha afectado a todas esas comunidades que estamos solo viendo pasar la energía en esos cables de alta tensión”.
Aludió, también, que en diez años desde que empezaron a operar estas empresas hidroeléctricas en Arizona se han facturado por este, alrededor de 1,500 millones de Lempiras, de los cuales únicamente 5 millones han quedado en las arcas de la alcaldía de Arizona.
