Tegucigalpa, Honduras.- La ausencia de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, propuestas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) al Congreso Nacional, ha limitado la efectividad del inconstitucional estado de excepción. Esto, entre otras variables, se refleja en el alto porcentaje de detenidos por delitos relacionados con el crimen organizado que no llegan ni a los tribunales.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), afirmó que es necesario hacer reformas legales para evitar la liberación de presuntos criminales detenidos durante el estado de excepción.
Javier Acevedo mencionó que estas reformas, de ser apoyadas por los diputados, previamente deben ser analizadas para que no sean procesadas personas que fueron capturadas de manera arbitraria e injusta)
Según Acevedo, muchos de ellos quedan libres por la falta de denuncias o pruebas suficientes que los vinculan con delitos relacionados con la violencia y la criminalidad, situación que contrasta con el elevado número de arrestos anunciados por la Policía.
Acevedo detalló que, según la normativa vigente, los sospechosos detenidos durante el estado de excepción son liberados en menos de 24 horas si no existen denuncias en su contra o si las pruebas no son suficientes para procesarlos, incluso cuando haya indicios de su vinculación con estructuras criminales.
Con la reforma se busca mayor rigor, permitiendo que, en ausencia de pruebas contundentes, se otorgue un plazo razonable mientras el detenido permanece bajo custodia para que la Policía pueda fortalecer su investigación.
Acevedo también señaló que, además de las reformas legales, es fundamental mejorar los procesos de investigación policial. Advirtió que, con las reformas legales que sugirió el CNDS, cualquier ciudadano detenido, con o sin motivo válido, podría ser sometido a un proceso judicial injusto, ya que su captura carecería de fundamento adecuado, pero aún así enfrentaría procedimientos legales arbitrarios.
Lo expuesto por Acevedo cobra notoriedad cuando han pasado 5 meses y 8 días desde que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad resolvió que el Poder Legislativo, liderado por el diputado oficialista Luis Redondo, debía reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, en el marco del Plan Solución Contra el Crimen.
La reforma al Código Penal que sugirió el CNDS liderado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, busca calificar ante la ley como terroristas a quienes integren agrupaciones criminales y cometan delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico.
Por otro lado, la reforma al Código Procesal Penal plantea que cualquier persona capturada mediante orden judicial o en flagrancia sea sometida a prisión preventiva, es decir, que no quede en libertad por falta de denuncia en su contra o poca evidencia presentada.Además, que sea sometida a juicios colectivos, una medida que, además de violar derechos humanos y la presunción de inocencia, replica el modelo de judicialización implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
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¿POR QUÉ NO SE HAN REALIZADO?
En términos sencillos, aunque el gobierno mostró voluntad al proponer estas reformas, orientadas aparentemente a la lucha contra los grupos criminales, no se han concretado. Esto se debe a que el presidente del Congreso no las ha presentado ante el pleno de diputados, ya que el oficialismo ha demostrado ser incapaz de generar consensos. Como resultado, las reformas serán rechazadas por los congresistas opositores.
Luis Redondo no solo ha estancado estas reformas, sino que también mantiene engavetada la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, cuyo objetivo es acuerpar la lucha contra la criminalidad organizada)
Actualmente, Luis Redondo ha sido incapaz de conseguir los 65 votos necesarios (mayoría simple) para ratificar el estado de excepción. Aunque el Poder Ejecutivo ha prorrogado esta medida en diversas ocasiones, no ha sido ratificada por el pleno de diputados, manteniéndola en un estado de ilegalidad. Es decir, el presidente del Congreso no cuenta con el apoyo ni para legalizar esta herramienta, considerada fundamental para la seguridad, ni para complementarla con las reformas necesarias. Como resultado, los criminales seguirán actuando con impunidad y cometiendo diversos delitos.
La falta de apoyo al oficialismo en el Congreso no es una conclusión derivada de hechos, sino una confesión del mismo presidente de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento. Meses atrás, afirmó que no permitirían someter a votación un proyecto para el cual no cuentan con el respaldo necesario.
“No logramos los votos. Es sencillo: no tenemos los votos, no podemos someter el tema a votación y perderlo. Así que esperamos que en la próxima sesión del Congreso podamos contar con el apoyo necesario para aprobar la extensión del estado de excepción”, expresó en medios de comunicación Sarmiento, diputado por Olancho.
En conclusión, mientras el Congreso Nacional sigue siendo improductivo, lo que refleja una falta de voluntad política, y el Ejecutivo no solicite la aprobación inmediata de las reformas previamente analizadas para evitar futuros abusos de poder, la criminalidad continuará desbordada en el país. Esto ocurrirá mientras persista un estado de excepción enmarcado en la ilegalidad, denunciado por abuso de poder y violación de los derechos humanos por parte de los agentes de seguridad pública.
