Organizaciones LGBTIQ+ denuncian falta de avances en implementación de medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso Vicky Hernández, mientras sectores conservadores se oponen al reconocimiento de la identidad de género
La falta de una ley de identidad de género deja en manos de un procedimiento administrativo la posibilidad de cambio de nombre en el DNI para personas trans, lo que lo hace vulnerable a modificaciones con cada cambio de gobierno
Tegucigalpa, Honduras. – La situación de las personas trans en Honduras ha mostrado pocos avances significativos, a pesar de la esperanza que generó el fallo de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con la sentencia del caso de Vicky Hernández y otras Vrs Honduras.
La Corte IDH determinó que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández y ordenó medidas de reparación entre ellas, garantizar el reconocimiento de la identidad de género en el Documento Nacional de Identificación (DNI). Sin embargo, las personas trans continúan enfrentando discriminación, violencia y exclusión.
Vicky Hernández, una mujer trans y activista de derechos humanos, fue asesinada en la ciudad de San Pedro Sula por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado la noche del 28 de junio de 2009, día en que se implementó un toque de queda en el marco del golpe de Estado contra el entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales.
En las últimas semanas, el debate sobre el protocolo para el cambio de nombre ha vuelto a la palestra pública generando más estigmatización y desinformación en la sociedad hondureña.
LA FRASE
“Gobierno de Libre está presionando al Registro Nacional de las Personas para que se pueda realizar el cambio de nombre, eso sólo se puede aplicar con reforma a la Constitución y para eso necesitan a la bancada del Partido Nacional y, nosotros no apoyamos ninguna iniciativa en ese sentido; nuestro representante del Partido Nacional, Rolando Kattán en el Registro Nacional de las Personas tampoco apoya esta acción: Tomas Zambrano, diputado y presidente de la bancada del Partido Nacional
El diputado y presidente de bancada del partido Nacional, Tomás Zambrano manifestó su oposición al cumplimiento de las medidas de reparación en el caso Vicky Hernández. El Partido Nacional, reconocido por sus posturas conservadoras, ha sido uno de los principales oponentes en el Congreso Nacional en temas de reconocimientos de derechos humanos tanto para las mujeres como para las personas LGBTIQ+.
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PERO, ¿REALMENTE SE REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL?
El transfemicidio de Vicky Hernández se convirtió en un caso emblemático desde su inicio como parte de la estela de crímenes de odio que se registran en Honduras, razón que motivó a la Organización Lésbica Feminista Cattrachas y al Centro de Derechos las Mujeres (CDM),a presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 23 de diciembre de 2012, siendo esta sometida a la Corte el 30 de abril de 2019.
La Corte IDH determinó que el Estado hondureño era responsable por la violación de sus derechos, incluyendo el derecho a la identidad de género y caracterizó lo sucedido a Vicky Hernández como un asesinato por prejuicio sobre identidad y expresión de género como mujer trans, por lo tanto, un transfemicidio.
En consecuencia, ordenó varias medidas de reparación, entre ellas, la adopción del procedimiento que permita a las personas trans adecuar sus datos de identidad en los documentos oficiales. Además, la Corte estableció que el nuevo procedimiento debe alinearse con la Opinión Consultiva OC-24/17, garantizando que las personas que deseen rectificar su género o nombre lo hagan de manera libre y sin obstáculos innecesarios.
En ese sentido y para responder a la interrogante sobre si se necesita una reforma constitucional, Criterio.hn entrevistó al doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, quien realizó un análisis sobre la situación de las personas trans en Honduras y afirmó que para garantizar el reconocimiento de su identidad auto percibida no es necesaria una reforma constitucional.
Mejía explicó que, según el artículo 15 de la Constitución hondureña, las sentencias internacionales tienen carácter de cumplimiento obligatorio. Es decir, Honduras está obligado a cumplir con todas las medidas de reparación que impuso la Corte IDH.
Artículo 15, Constitución de la República de Honduras
Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional
Además, Mejía, señaló que el artículo 63 de la Constitución establece la “cláusula abierta”, por la cual otros derechos no reconocidos explícitamente en el texto constitucional pueden entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad. “Cualquier derecho que venga de una sentencia o de un tratado internacional entra de manera inmediata la Constitución”, señaló Mejía. El abogado indicó que el Estado tiene la obligación de equiparar los derechos de las personas trans a los de las personas heterosexuales, porque la Constitución reconoce a la persona humana como el fin supremo de la sociedad, sin distinción de raza, género o identidad sexual.
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CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA
A pesar que la sentencia, emitida en marzo de 2021, señala que en un periodo de dos años Honduras debía adoptar el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, las organizaciones LGBTIQ+ han denunciado la falta de progreso en la implementación de estas medidas.
Grecia O’Hara, coordinadora de la organización Somos CDC, dijo a Criterio.hn que la Procuraduría General de la República no ha proporcionado avances concretos, es decir, han sido insatisfactorias y que no han visto avances significativos en el reconocimiento de la identidad de género en los documentos de identidad.
Para Joaquín Mejía, llevar el tema de cambio de nombre al Congreso Nacional es “es complicar las cosas innecesariamente”. En ese sentido, refiere, que basta con la voluntad política y la aplicación de los instrumentos jurídicos existentes, para que se haga efectivo el reconocimiento de la identidad de las personas trans sin necesidad de reformas constitucionales.
Este enfoque administrativo, de acuerdo con Grecia O´hara, fue la respuesta a la propuesta de ley presentada en 2021 sobre la identidad de género, la cual no avanzó debido a la falta de preparación legislativa y la oposición de algunos sectores. Aun así, las organizaciones que impulsan este cambio ven el protocolo como un primer paso crucial para que, en el futuro, se pueda lograr una ley que reconozca integralmente los derechos de las personas trans.
Además, señaló que ese procedimiento administrativo no debería ser un protocolo sino la Ley de Identidad Integral de Género para personas trans, pero admite, que esa propuesta en Honduras es “un sueño muy a largo plazo”.
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DESINFORMACIÓN Y CORTINA DE HUMO
La situación actual en Honduras respecto al reconocimiento de la identidad de género y la implementación de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH refleja un contexto de resistencia política y social. A pesar de que el Estado ha reconocido su responsabilidad, las acciones concretas para garantizar los derechos de las personas trans siguen siendo insuficientes.
La implementación del protocolo para el reconocimiento de la identidad de género en el DNI ha sido rodeada de desinformación, principalmente por la cobertura sensacionalista de algunos medios de comunicación y declaraciones imprecisas de actores políticos. Medios han afirmado erróneamente que el cambio ya está en marcha y además hacen mofa sobre dicho procedimiento. Asimismo, diputados como Tomás Zambrano señalan que requiere reformas constitucionales, generando confusión entre la ciudadanía.
Ante ello O’Hara advierte sobre la desinformación que ha rodeado este proceso, especialmente por parte de medios de comunicación y actores políticos que han tratado de politizar el tema. La activista también destaca el riesgo de que este protocolo se utilice como una “cortina de humo” para desviar la atención de otros temas importantes en la agenda nacional.
Grecia O’Hara enfatiza el doble discurso que han adoptado algunos miembros de la bancada del Partido Nacional en torno al reconocimiento de la identidad de género. En reuniones privadas con organizaciones LGBTIQ+, estos actores políticos han expresado su apoyo al protocolo, pero públicamente se posicionan en contra de los procedimientos, buscando así proyectarse como defensores de la moralidad ante la sociedad, refiere O´Hara.
Además, señala que esta estrategia no sólo desvía la atención de los escándalos de corrupción en los que los líderes del Partido Nacional han estado involucrados, sino que también instrumentaliza el tema LGBTIQ+ para ganar aceptación popular, priorizando intereses políticos sobre los derechos humanos.
“Vemos ese doble discurso y sabemos también que eso les genera a ellos una aceptación por parte de la sociedad, porque piensan y los ven como héroes que están defendiendo la moralidad y se les olvida también los actos de corrupción en los que se les han mencionado, pero les importa más el tema LGBTIQ+”: Grecia O’hara, mujer tras y activista de derechos humanos.
Además, las disidencias sexuales viven la resistencia cultural y oposición de grupos conservadores como grupos pro vida, representados en las iglesias, partidos políticos, empresa privada, jerarquías militares y policiales y medios de comunicación que se oponen a los avances en materia de derechos LGBTIQ+.
Estos desafíos se evidencian en los altos índices de violencia y crímenes de odio, siendo las personas trans víctimas desproporcionadas de esta violencia, que, entre 2004 y 2023, registró 518 muertes violentas, y 25 en los primeros seis meses de 2024.
Luego de un análisis de las fuentes documentales y fuentes entrevistadas, Criterio.hn concluye que el protocolo de reconocimiento de identidad de género auto percibida o, como se maneja mediáticamente, cambio de nombre para personas trans en el Documento de Identidad Nacional, no requiere reforma constitucional, por consiguiente, lo dicho por Tomás Zambrano es Falso.
Actualmente, el cambio de nombre en el DNI depende de un procedimiento administrativo del Registro Nacional de las Personas (RNP), pero para evitar vulneraciones con los cambios de gobierno, lo pertinente sería la aprobación de una ley de identidad de género que garantice este derecho de manera permanente.
