El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable a Miguel Arcángel Rosales por inutilización de registros probatorios, confirmando la manipulación de la investigación inicial del asesinato de la lideresa lenca.
Tegucigalpa, Honduras. – El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque encontró culpable a Miguel Arcángel Rosales por el delito de inutilización de registro de pruebas en el caso del asesinato de la lideresa ambiental lenca, Bertha Cáceres, en marzo de 2016.
Rosales fue absuelto del delito de falsificación de documentos públicos. En el mismo fallo, Juan Carlos Cruz, fue declarado no culpable por la comisión de estos mismos delitos. Tanto Rosales como Cruz fueron asignados a la investigación del crimen de Cáceres.
Tras dictarse auto de formal procesamiento con prisión preventiva en 2017, el Ministerio Público (MP) detalló que Juan Carlos Cruz era un investigador de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mientras que Miguel Rosales era un expolicía. Según la relación original de hechos, ambos acusados habrían presentado pruebas falsas entre las que se incluyó una declaración de un supuesto testigo protegido y una grabación adulterada que apuntaba a que el crimen estaría vinculado a un robo.
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Camilo Bermúdez, del equipo de litigio del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), dijo a Criterio.hn que el fallo de condena por inutilización de registros probatorios, es importante porque confirma los hallazgos del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de que existió manipulación y obstrucción de la investigación para desviar la responsabilidad de los autores, especialmente de los autores intelectuales y de la línea que vincula a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
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“No es un Tribunal que nosotros reconozcamos como garantista. Aun así, que en este Tribunal se haya dictado una condena ––aunque sea solo contra uno de los implicados–– es muy importante”, comentó Bermúdez.
Recordó, además, que ese mismo juzgado dejó en libertad al militar que atentó contra la vida de Allan García en 2013, en la comunidad de Río Blanco, un hecho que derivó en el asesinato de su padre Tomás García, en el marco del mismo conflicto socioambiental por el que, casi tres años después, fue asesinada Berta Cáceres.
Camilo Bermúdez también señaló que este mismo Tribunal favoreció al policía responsable del asesinato de Keyla Martínez, crimen ocurrido en una celda policial durante el estado de excepción por la emergencia sanitaria de covid-19, del que este viernes se conmemoró el quinto aniversario.
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En la causa por el asesinato de Berta Cáceres se han ratificado las condenas como autores materiales de Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Óscar Torres Velásquez, y quedó firme la sentencia contra Roberto David Castillo como autor material intermedio, aunque con modificación de agravantes.
Pese a estos avances, la impunidad persiste para los autores intelectuales. En el caso de Daniel Atala Midence, exgerente financiero de DESA, permanece prófugo desde diciembre de 2023, cuando fue requerido tras ser vinculado al crimen por el Ministerio Público.
