La Corte del Distrito Norte de California extiende el TPS hasta noviembre y reconoce la existencia de suficiente evidencia que respalde que la cancelación del TPS responde a prejuicios raciales, no a una revisión objetiva
Tegucigalpa, Honduras. – La decisión de la Corte del Distrito Norte de California de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta noviembre, es una victoria, pero no es el final del camino, expuso a Criterio.hn Teodoro Aguiluz, director ejecutivo de CRECEN Houston.
La decisión que ampara a las y los hondureños, nicaragüenses y nepalíes hasta el 18 de noviembre, y cuya prorroga podría ser ampliada en la audiencia que se celebrara ese mismo día en el marco de una demanda colectiva impulsada por la Alianza Nacional TPS, busca impugnar la decisión de poner fin al TPS de estas nacionalidades por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
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“Este fallo nos da fuerza, reafirma el poder de la organización y nos recuerda lo que está en juego: el derecho a quedarnos en el único hogar que muchos de nosotros hemos conocido. Seguiremos luchando por protecciones permanentes y contra la cruel separación de nuestras familias,” comentó –mediante un comunicado– Teófilo Martínez, hondureño con TPS, demandante y líder de la Alianza.
ORDEN JUDICIAL EXPONE SESGO RACIAL EN FIN DEL TPS
La orden judicial que concedió la moción para posponer la terminación del TPS, publicada el jueves 31 de julio, es crítica de la actual administración estadounidense, explicando que “el simple hecho de existir en los Estados Unidos con TPS no es un delito”.
La resolución de 37 páginas firmada por la jueza Trina Thompson reconoce la validez de los argumentos planteados por los demandantes, entre quienes se incluyen a la organización Alianza Nacional TPS (NTPSA) y otras siete personas, entre ellas cuatro hondureños.
En el escrito la jueza reconoce que los demandantes proporcionaron suficientes pruebas para que durante el proceso demuestren que las cancelaciones del TPS de Nepal, Honduras y Nicaragua “se basaron en una determinación preestablecida de poner fin al programa de TPS, en lugar de una revisión objetiva de las condiciones del país”.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció el 7 de julio que, tras la revisión correspondiente, determinó que “Honduras ya no cumple las condiciones para el Estatus de Protección Temporal (TPS)”, por lo que se procedía a dar por terminado el programa que ampara a un estimado.
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La jueza Thompson, además, apuntó que se realizó un cambio de la política existente al proporcionar únicamente una transición de 60 días a los hondureños y nicaragüenses y no de al menos seis meses, como fue la práctica predominante a lo largo de los últimos 22 años.
Thompson también reconoce la existencia de evidencia suficiente para sostener los argumentos de violación a la quinta enmienda al basar la decisión en prejuicios raciales y el origen nacional.
“Al estereotipar el programa TPS y a los inmigrantes como invasores que son criminales, y al resaltar la necesidad de una gestión de la migración, las declaraciones de la secretaria Noem perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”, sostiene la jueza.
Con respecto al argumento de discriminación racial, Teodoro Aguiluz, director de CRECER Houston, señaló que en efecto el pensamiento de la administración de Donald Trump “es grosero, agresivo, ofensivo” en contra de las comunidades migrantes, llegando a calificarlas como criminales por una infracción civil –el cruce de la frontera- y así justificar las detenciones.
IMPACTO ECONÓMICO EN ESTADOS UNIDOS
El Tribunal también consideró que los demandantes sufrirán un daño irreparable en caso de no posponerse la terminación del TPS a Nepal, Honduras y Nicaragua. Incluso, a partir de cifras proporcionados por los demandantes, sostuvo que existe interés público para posponer la terminación del TPS, indicando que la economía sufrirá en caso de que los titulares del TPS sean obligados a abandonar Estados Unidos.
Estimaciones señaladas en el texto detallan que la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua provocará una pérdida económica de $1.4 mil millones en EE. UU. al reducir la actividad económica y las contribuciones fiscales. Agrega que los titulares de TPS aportan $10.3 mil millones anuales y pagan 2.2 mil millones en impuestos federales y estatales. Solo en el caso de los hondureños con TPS, se perderían $73 millones en contribuciones al Seguro Social y $17 millones en Medicare.
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Pese a que el gobierno argumenta que las y los demandantes están solicitando una medida cautelar universal prohibida por la reciente decisión de la Corte Suprema en Trump v. Casa, la jueza señala que ese fallo no resuelve si los tribunales pueden anular acciones de agencias federales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Agrega que en el caso Trump v. Casa refiere a una orden ejecutiva presidencial, mientras que en el caso de la Alianza Nacional TPS se busca impugnar la acción de una agencia federal.
Teodoro Aguiluz de CRECEN Houston invitó a la comunidad migrante a continuar luchando y participar en los foros informativos nacionales en Estados Unidos. El próximo sábado tendrán un encuentro en Houston, donde compartirán detalles y orientación sobre el documento que los titulares de TPS deberán presentar en sus trabajos para evitar suspensiones que afecten a sus familias.
