Un funcionario de gobierno reconoció que la operatividad del Ministerio Púbico y la Corte Suprema deben reforzarse para que la CICIH pueda llegar al país
Tegucigalpa, Honduras.- Desde la cúpula del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, sostienen que la misión de expertos que envió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó reforzar las instituciones operadoras de justicia para cumplir con una de las aristas en la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
Fue el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, quien contó que semanas atrás la misión de expertos que envió la ONU, en una de las reuniones que sostuvo con funcionarios, aseguró que las instituciones del país se encuentran débiles, lo que podría perjudicar la instalación de la CICIH.
“Con la comisión de expertos de la lucha Contra la Corrupción y la impunidad estuvimos reunidos la semana pasada, entendiendo la debilidad de la institucional que ellos mismo diagnostican y que ya conocemos”, dijo el funcionario en medios de comunicación.
Los expertos de la ONU llegaron, por segunda vez consecutiva, al país el pasado 13 de agosto y, tras sostener varias reuniones con miembros de sociedad civil, presidencia del Congreso y del Poder Judicial, se marcharon el 19 del mismo mes.
Este grupo de expertos tiene la labor, en la visita final que hagan en Honduras, de establecer un convenio entre la ONU y Honduras, en el cual se plasmen de forma literal qué tipo de facultades y capacidades tendrá la CICIH en el país
La comisión que nombró el gobierno para hacerle contraparte al grupo de expertos de la ONU y es integrada por Rixi Moncada, titular de la Secretaría de Finanzas; el canciller Enrique Reina y el ministro de Transparencia Jaime Turcios, se ha limitado a dar declaraciones relacionadas a cómo avanza la posible instalación de la CICIH en el país.
Criterio.hn trató de comunicarse con los integrantes de la comisión u otras personas del gobierno de Castro que manejan el tema para conocer, por ejemplo, cuántas visitas le hacen falta a los expertos y cuál es el diagnostico que han dado hasta el momento, pero hasta la publicación de este artículo no respondieron mensajes ni llamadas.
Pastor, reconoció que, si en la actualidad el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no estuvieran maniatado por la clase política y económica, el país podría avanzar en materia de lucha contra la corrupción e impunidad y la agenda de la presidenta Castro avanzaría sin la necesidad de recurrir a un ente investigador internacional.
“Si tuviéramos un Ministerio Público y un Poder Judicial comprometidos en la lucha contra la corrupción, no necesitaríamos de una CICIH, pero estamos trabajando para que se instale; esa comisión va a venir y nos ayudará a investigar”, valoró
“El país está destruido, las escuelas, la salud, la economía misma está colapsada. Salir de este episodio tomará varias administraciones y cooperación (…) pero con el gobierno de la presidenta se contribuirá trayendo la comisión”, agregó.
Nota relacionada: Luis Javier Santos urge a la Corte resolver recursos de inconstitucionalidad de decretos que protegen corruptos
Lo expuesto por el funcionario tiene lógica, pues el antecedente más reciente de cómo la Corte Suprema de Justicia podría estar respondiendo a intereses de la clase política, es que la Sala de lo Constitución no admitió dos recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del decreto 04-2022, bautizado como pacto de impunidad.
La Sala de lo Constitucional está encabezada por la abogada Sonia Marlina Dubón, que es esposa Enrique Flores Lanza, quien fue funcionario en el gobierno de Manuel Zelaya y fue acusado por robar dinero del Estado. Lanza, actualmente es asesor presidencial y se campea por las calles del país, siendo el reflejo de cómo las instituciones operadoras de justicia son manipuladas para beneficiar a exfuncionarios salpicados en corrupción.
La derogación de este “pacto de impunidad 2.0”, que benefició tanto a Lanza como a otra veintena más de políticos corruptos, forma parte de otros decretos que promueven la corrupción e impunidad, son algunos condicionantes que impuso la Organización de Naciones Unidas al gobierno de Castro para instalar la comisión anticorrupción en el país.
Este impase de la nueva administración de Rebeca Obando (presidenta de la Corte), al no valorar los recursos contra el decreto 04-2022, podría ser una réplica similar a las acciones que se tomaron mientras Rolando Argueta era presidente de ese poder, pues otorgó sobreseimientos definitivos a actuales diputados que fueron salpicados en varios casos de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
¿DESDE EL CONGRESO QUÉ MÁS FALTA PARA PERMITIR UNA CICIH?
Para que se instale la comisión anticorrupción en el país, falta que desde el Congreso derogue el decreto 117-2019, aprobado en la presidencia del diputado nacionalista Mauricio Oliva y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz son algunos obstáculos que hay para que se instale la comisión en el país.
Con la aprobación del decreto 117-2019, se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en la que, de forma literal, se estableció que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por acciones o conductas que se deriven de sus funciones como legisladores.
Este decreto establece que el Congreso Nacional es el único órgano competente que debe conocer, analizar y valorar cada caso en concreto y, en consecuencia, establecer las sanciones respectivas, dejando de lado las investigaciones que el Ministerio Público (MP) y la misión anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puedan presentar en el futuro.
En tanto, la Ley de Colaboración Eficaz, presentada el pasado 15 de noviembre de 2022 en el Congreso Nacional, discutida en un primer debate y después archivada, en palabras sencillas, se trata de beneficios que el gobierno les otorga a privados de libertad o integrantes de maras y pandillas que cooperen con la justicia, a través de testimonios y pruebas.
Lo abrogación de estos decretos y la aprobación de dicha ley, son algunos de los requisitos que se establecieron en el memorándum de entendimiento entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno hondureño, firmado en diciembre de 2022.
