Por: Redacción CRITERIO
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GINEBRA.- El experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que subrayen su compromiso en la lucha contra la corrupción, garantizando que el proceso de selección de los fiscales generales de cada país sea transparente y justo.
Los llamados paises del Triángulo del Norte nombrarán nuevos fiscales generales a partir del próximo mes.
«Tendrán un papel clave para romper la espiral de violencia en estos países», dijo el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán,
«Los nuevos fiscales generales enfrentarán grandes desafíos, tales como las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área, la corrupción y la impunidad, mismos que impiden la seguridad y el desarrollo en los paises del Triángulo Norte’.
En Guatemala, el proceso ya está en marcha y se espera que el Presidente designe a un nuevo fiscal general en mayo de 2018. En Honduras, la Junta de Nominación será determinada en marzo de 2018 con el objetivo de preseleccionar a los candidatos y el gobierno de Juan Orlando Hernández ha programado la elección para el último trimestre de 2018. En El Salvador, la Asamblea Legislativa debería elegir al Fiscal General entre noviembre de 2018 y enero de 2019.
«Los procesos de selección deben ser inclusivos, transparentes y seguir criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la integridad, idoneidad y competencias de los candidatos. Es crítico que estos procesos de selección se administren con transparencia», dijo García-Sayán.
«Los nuevos fiscales generales deben tener credenciales inmaculadas y un alto prestigio en su campo. Deben entender la importancia de los esfuerzos anticorrupción, la independencia judicial y tener un claro compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho:’
«Es vital que las mujeres y los pueblos indígenas participen plenamente en todo el proceso’, dijo. tos medios de comunicación, los órganos de vigilancia independientes y las organizaciones de la sociedad civil deben poder desempeñar una función de supervisión y comunicarse con el público sin temor a represalias».
