Tegucigalpa.- En medio de un conflicto agrario minero, que en los primeros dos meses de 2023 cobró la vida de al menos seis personas ligadas a la defensoría de la tierra y el territorio, las comunidades de Tocoa, en el norte de Honduras, salieron a exigir un alto a la violencia y los proyectos extractivos, así como soluciones al conflicto agrario.
“Sí a la vida, no a la minería”, fue una de las proclamas pregonadas por los integrantes de las diferentes comunidades que conforman el municipio de Tocoa durante la movilización realizada el domingo 12 de marzo y que tuvo como objetivo exigir a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como el Ministerio Público, tomar acciones encaminadas a solventar el conflicto y no profundizarlo aún más.
La marcha inició en el desvió que conduce a la comunidad de Guapinol, con un breve plantón frente a la entrada de la empresa minera Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, concluyendo en la municipalidad de Tocoa.
El defensor del territorio y regidor por Tocoa, Juan Antonio López, denunció que el mega proyecto minero está conformado por seis proyectos que incluyen desde minería, extracción de agua, generación de energía y una planta peletizadora de oxido de hierro, entre otros.
Agregó que tras el golpe de estado del 2009, el Grupo Emco Holding fue uno de los que tuvo mayor crecimiento en el control de medios de producción en Honduras. Asimismo, pormenorizó que por estos proyectos solo hay una licencia ambiental que corresponde a ASP, sin embargo, el resto, como la planta peletizadora de oxido de hierro, funcionan sin licencia ambiental.
López, junto a Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez Ramos, Marco Tulio Ramos y José Adaly Cedillo Mendoza, entre otros, fueron nuevamente criminalizados por el Ministerio Público de Tocoa al presentar un recurso de apelación al amparo otorgado por la Sala de lo Constitucional a todas las personas judicializadas por el caso Guapinol.
DIÓCESIS DE TRUJILLO, JUTICALPA Y LA CEIBA SE PRONUNCIAN
Por parte de las Diócesis de Trujillo, Juticalpa y La Ceiba se emitió un pronunciamiento en el que se señaló que los proyectos otorgados a Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek son “lesivos a la ecología social, ambiental y humana”, y que estos fueron “impuestos por la corrupción y la fuerza bruta”, dañando “directamente el agua, el ambiente y la fraternidad entre vecinos”.
Sobre el conflicto agrario en el Valle del Aguán, señalaron que el mismo “brota de la acumulación de bienes y capitales que se concentran en un puñado de terratenientes agroindustriales. El Neoliberalismo ha hecho de los gobiernos instrumentos que han facilitado la corrupción y la impunidad, la trampa, la mentira y la ilegalidad, violando el derecho agrario en la regulación en la tenencia de la tierra”.
Detallaron que este “pecado estructural” debe ser corregido, y atendido “el campesinado que legalmente está exigiendo un pedazo de tierra donde trabajar y producir su alimento”.
Con relación a la violencia común y organizada que se vive en estas zonas, advirtieron que la misma no puede ser normalizada, que desde el bloque empresarial agroindustrial y minero, junto a estructuras criminales, están imponiendo su propia ley, suplantando a autoridades legítimas.
Ejemplificaron este extremo, con el desplazamiento de las familias de la Empresa Asociativa Campesina Auxiliadora, realizado el 4 de marzo por la “vigilancia” al servicio del exdiputado por el Partido Nacional, Óscar Nájera, en la comunidad de Cuacú Brisas del Mar.
Entre las exigencias realizadas, destacan: la instalación inmediata de la comisión tripartita que tiene competencias para abordar violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto agrario y promover reparación a las víctimas ; la cancelación de contratos, permisos, licencias y decretos que sostienen los proyectos mineros en una zona protegida y productora de agua; y un alto a las acciones de criminalización contra defensores del agua, tierra y territorio, la cual responde a intereses empresariales.
