Copinh advierte que justicia para Berta Cáceres está en peligro ante ausencia de sentencias firmes contra los siete autores materiales del crimen y el coautor David Castillo
Foto portada: Geovanny Canahuati
Tegucigalpa. – Al menos 200 personas del pueblo Lenca de Intibucá recorrieron 182 kilómetros hasta la capital hondureña para exigir sentencias firmes contra los siete autores materiales y el coautor David Castillo condenados en 2019 y 2022, respectivamente, por el asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres.
“Demandamos que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia emita y falle las casaciones de los dos juicios que se desarrollaron en estos siete años y cerrar este ciclo para nosotras como víctimas y desde el punto de vista de la justicia, asegurar las sentencias que ya se lograron”, afirmó a Criterio.hn la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zúniga Cáceres.
Zúniga señaló que estas sentencias “no fueron nada fáciles” y que “fueron resultado de una ardua lucha” con el objetivo de “avanzar con certeza hacia la deducción de responsabilidades de los autores intelectuales” del crimen contra la líderesa indígena y ambiental, Berta Cáceres.
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La coordinadora del Copinh declaró que la confirmación de las sentencias permitirá “avanzar con certeza hacia la deducción de responsabilidades de los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres”.
“Cuatro años esperando la confirmación de las sentencias de los asesinos de Berta Cáceres. ¡Ya es hora! ¡Basta de impunidad!”, consignó una de las pancartas que integrantes del Copinh llevaron durante su manifestación pacífica que inició en el Banco Central de Honduras, avanzó hacia la Corte Suprema de Justicia y finalizó frente a las oficinas del Ministerio Público en Las Lomas del Guijarro, Tegucigalpa.
FISCALÍA DEBE PREPARARSE PARA UN JUICIO CONTRA UNA DE LAS FAMILIAS MÁS PODEROSAS DE HONDURAS
Con relación al reciente requerimiento fiscal con orden de captura contra Daniel Atala Midence, Zúniga sostuvo que si bien es muy importante e implica voluntad política, también es cierto que la relación con la Fiscalía de Delitos Contra la Vida no ha sido la mejor.
“Esperamos que el Ministerio Público no solo haya cambiado las personas que están al frente sino que cambie la actitud respecto a las víctimas” compartió la coordinadora del Copinh, quien lamentó la secretividad existente en los expedientes de la causa Berta Cáceres para con las víctimas, que también son parte del proceso.
La lideresa lenca relató que anteriormente no se le había querido requerir a Daniel Atala y otros miembros de la familia Atala Zablah – accionistas del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca–, por los mismos hechos y las mismas pruebas.
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“Lo importante es lograr una condena y que el Ministerio Público se debe preparar para un juicio que sin duda no será nada fácil. Estamos hablando que forman parte de una de las familias más poderosas de este país y que desde hace mucho tiempo han tenido muchas maniobras de la impunidad. Entonces, que se preparen de manera profesional y que se preparen respetando nuestro lugar como víctimas y nuestros derechos en este proceso y que se rompa la secretividad de todo lo que se sigue ocultando en el Ministerio Público para nosotras”, planteó Bertha Zúniga.
La Misión de Observación Calificada – Causa Berta Cáceres reiteró “el llamado de la familia de Berta Cáceres y del Copinh para que se lleve a cabo un proceso judicial pronto y riguroso para deducir las responsabilidades de todos los autores del crimen”.
Recordaron que Daniel Atala era el director financiero de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) al momento del crimen y “presuntamente coordinó el asesinato con el coautor David Castillo”.
JUSTICIA PARA BERTA PELIGRA EN TANTO NO SE CONFIRMEN SENTENCIAS
Durante la lectura del comunicado, el Copinh señaló que “el desmedido retraso judicial vulnera el acceso a la justicia de las víctimas”. A la vez que recordaron que Cáceres fue asesinada a causa de “su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros recursos naturales hace 7 años y 10 meses”.
Recalcaron que “la confirmación de las sentencias representa un paso fundamental en el camino de la justicia, para sus hijas e hijo, para el pueblo de Río Blanco, y para todo Honduras, brindando un cierre y asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones”.
Recordaron que han transcurrido 2,841 días desde el crimen, el cual calificaron como “un femicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia” para quienes defienden los territorios de “los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales” y que no equivalen a desarrollo, sino al saqueo de los recursos.
“Justicia para Berta está en peligro en tanto no se confirmen sentencias” afirmó durante la movilización el coordinador de organización del Copinh, Selvin Milla. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
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Desde 2019, cuando fueron condenados Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez y Henry Javier Hernández Rodríguez como autores materiales, sus sentencias no han sido confirmadas.
En la misma espera esta la confirmación del fallo condenatorio de 2022 contra David Castillo como coautor del crimen contra la lideresa indígena y ambiental.
Durante la estación en la Corte Suprema de Justicia, Vicenta Bautista –quien construyó un altar para rendir homenaje a las y los ancestros y que estos remitan sus fuerzas a la lucha– pidió que la justicia ampare a los pueblos indígenas y que los políticos que están en el poder no vendan los bosques, los ríos y los recursos de los cuales depende su subsistencia.
“Pedimos justicia por quienes han muerto por la defensa de nuestros rios, bosques y tierra”, demandó Bautista frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia.
URGEN A CORTE RESOLVER RECURSOS DE CASACIÓN
A la petición del pueblo Lenca y el Copinh se sumo la Misión de Observación Calificada – Causa Berta Cáceres, que mediante un comunicado urgió a la Corte Suprema de Justicia resolver “urgentemente los dos recursos de casación actualmente estancados en la Sala de lo Penal”.
Agregaron que “la demora judicial durante años causa en las víctimas inquietud sobre la justicia y pone en entredicho las garantías de no repetición que el Estado tiene la obligación de asegurar”.
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La Misión de Observación recalcó que tras las lecturas de sentencias en 2019 y 2022, no hay una resolución definitiva sobre los recursos de casación planteados por las defensas de los sentenciados, lo que ha dejado a las víctimas sin garantía efectiva de sus derechos.
“Esta inseguridad jurídica pone en riesgo el debido proceso y las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena”, concluyeron.
