Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Observatorio por la Justicia de los Defensores del río Guapinol instó al Estado de Honduras a resarcir los daños causados, investigar y sancionar a los responsables de los hechos y ofrecer medidas de protección física y psicológica inmediata a los defensores y su entorno.
En febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria hizo pública su resolución que la detención «preventiva» de los ocho defensores era ilegal e hicieron un llamado para su liberación inmediata; así como una investigación exhaustiva e independiente de los jueces y fiscales que promovieron el juicio. No obstante, el Estado de Honduras no tomó ninguna medida para poner fin y reparar su privación injusta de libertad.
A través de un comunicado, el Observatorio destacó que fueron 914 días de detención arbitraria, un juicio plagado de irregularidades, una sentencia injusta y dilaciones indebidas en ejecutar la orden de excarcelación.
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Luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el proceso contra los ocho ambientalistas, el Tribunal de Sentencia de Trujillo tardó 14 días en ordenar su liberación.
El Observatorio remarcó que “la decisión de la CSJ debió ser ejecutada de manera inmediata para poner fin a más de dos años de criminalización, detención ilegal y hostigamiento contra ocho personas que alzaron la voz para defender de manera pacífica el medioambiente en un país que privilegia un modelo de desarrollo nocivo para los recursos naturales”.
No fue hasta el 24 de febrero que los defensores del medioambiente José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez, Porfirio Sorto Cedillo y Orbin Nahún Hernández salieron libres del Centro Penal de Olanchito. Previamente, el 9 de febrero, habían sido liberados Jeremías Martínez y Arnol Javier Alemán.
El documento destaca cómo a lo largo de dos semanas el expediente de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro fue enviado de un tribunal de justicia a otro, en lo que el Observatorio calificó de “maniobras dilatorias para el cumplimiento de los fallos de amparo” emitidos por la CSJ, “cuyas decisiones son definitivas e inapelables”.
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El Observatorio por la Justicia de los Defensores del río Guapinol manifestó que “esta situación generó inseguridad jurídica y la extensión de la detención de los defensores de Guapinol, ya de por sí injusta e ilegal”.
El grupo jurídico, integrado por organizaciones nacionales e internacionales, celebran la liberación de los defensores de Guapinol, pero lamentan la dilación de dos años en reconocer la arbitrariedad del proceso y la injusta detención en su contra.
Además, enfatizó que “el derecho penal debe dejar de ser utilizado como una herramienta para la criminalización de personas defensoras en Honduras, incluyendo contra la totalidad de los defensores de Guapinol, e insta a dejar de privilegiar los modelos de despojo y violencia en detrimento de los territorios y bienes comunes”.
Finalmente, establecieron que el Estado hondureño debe dar cumplimiento a la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria y reparar los daños a los defensores como paso previo a la no repetición de estos hechos.
Esto, señalaron, no solamente consiste en la restitución económica a los defensores, sino también el restablecimiento de la zona nuclear del Parque Nacional Carlos Escaleras, la reparación de los daños ambientales causados por la mina, y la cancelación de los proyectos mineros, que están operando con licencia ambiental ilegal como se demostró durante el juicio de los ocho defensores.
