Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Un grupo de afiliados urgió el martes al presidente del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Eduin Natividad Romero García, para que requiera las transferencias estatales que ha dejado de captar tratando de evitar la auditoría de los fondos que administran por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El IPP, un sistema creado para financiar las pensiones de los periodistas, ha dejado de percibir 1.9 millones de lempiras de los años 2014 y 2015, debido a que Romero García y el ex presidente del ente, Juan Ramón Mairena, no requirieron los fondos, según fuentes de los ministerios de la Presidencia y Finanzas.
Y si Romero García no requiere los fondos asignados en el presupuesto nacional del 2016, el IPP perderá 900.000 lempiras adicionales, lo que aumentaría la pérdida de los periodistas afiliados al sistema a 2.8 millones de lempiras.
En franca violación a la ley del IPP, los directivos y gerente desistieron de requerir los fondos estatales desde 2014, cuando la junta directiva era presidida por Mairena, en tanto que el cargo de fiscal lo desempeñaba Romero García.
Romero García, quien asumió la presidencia en febrero del 2015, continuó en la ilegal determinación de no requerir los fondos estatales, afectando las precarias finanzas del IPP, que otorga a una buena parte de los jubilados, pensiones de apenas 4.000 lempiras.
El Estado transfirió al IPP, desde 1987 a 2013, un monto de 53.2 millones de lempiras, pero a partir de 2014, inexplicablemente, los directivos del ente, cesaron de requerir los fondos estatales previstos en el decreto 190-85, mediante el que fue creado dicho instituto.
«La única explicación posible para renunciar a los fondos estatales, es evitar la auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas y eludir registrarse en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) como Instituto de previsión financiado con fondos públicos», dijo a Criterio.hn el periodista Gustavo Palencia, que sin éxito ha solicitado a través de peticiones de acceso a la información, documentos vitales para conocer la situación financiera y administrativa del ente.
La ley del TSC obliga al organismo a auditar al IPP, debido a que la institución recibe fondos públicos y la Ley Marco de Protección Social establece que todos los Institutos de previsión que captan fondos públicos deberán registrarse en la CNBS para poder continuar operando.
Un grupo de afiliados, en una carta entregada al IPP, describen la decisión de los directivos de no cobrar los fondos estatales como «arbitraria» y advierten que «está sujeta a deducción de responsabilidades legales, por lo que los exhortamos a proceder de inmediato a requerir los fondos asignados en el presupuesto nacional en el año 2016».
Le recuerdan a Romero García y a su antecesor Mairena, que el artículo 1 de la ley del IPP señala que el Instituto es el «órgano de ejecución» del sistema, y que el artículo 4 establece que el «Instituto tiene como objetivo la percepción, administración e inversión de todos sus recursos».
Los directivos del IPP no han requerido los fondos, pese a que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández cumple con la ley del ente de previsión de los periodistas y asignó fondos en el presupuesto nacional en los años 2014, 2015 y 2016 y proyecta para 2017 una transferencia de 900.000 lempiras.
Los afiliados le dicen a Romero García: «lo urgimos a que abandone la inexplicable decisión de no requerir las aportaciones estatales y proceda a iniciar la gestión para la transferencia de esos recursos vitales para las finanzas el IPP».
El artículo 18 de la ley del IPP, dice que “los miembros de la Junta Directiva en todo tiempo responderán por sus actuaciones dentro de la gestión que les tocó fungir como tal”.
