Este miércoles 19 de febrero concluye la primera prórroga del estado de excepción de 2025, reactivado el pasado 5 de enero. En este contexto, diversas voces instan al gobierno de Xiomara Castro a no extender la medida por otros 45 días, argumentando que podría ser utilizada para incidir en el desarrollo de los comicios primarios del 9 de marzo.
Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones de la sociedad civil y sectores de oposición demandan el cese del estado de excepción en Honduras, cuya prórroga de 45 días concluye hoy, miércoles 19 de febrero de 2025. Argumentan que esta medida, lejos de garantizar seguridad, podría convertirse en un mecanismo de control en el proceso electoral, favoreciendo los intereses del oficialismo de cara a las elecciones primarias del 9 de marzo.
Lejos del discurso de la oposición, que cuestiona el estado de excepción como una estrategia de distracción política, el punto central radica en que, según el artículo 318 de la Ley Electoral de Honduras, las Fuerzas Armadas (FF. AA.), actualmente dirigidas por Rixi Moncada, precandidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), están bajo disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto podría generar un conflicto de intereses, considerando que, durante esta administración, las FF. AA. han sido fortalecidas y han operado como un brazo ejecutor del gobierno de Xiomara Castro.
Un ejemplo del respaldo de las Fuerzas Armadas al gobierno se evidenció en agosto de 2023, cuando el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín, durante la conmemoración del 158 aniversario de la Fuerza Naval de Honduras, declaró no permitir un golpe de Estado. Sus palabras replicaron el discurso gubernamental, que suele atribuir las críticas a su gestión a intentos de desestabilización mediante supuestas conspiraciones golpistas.
En este contexto, el estado de excepción ha otorgado facultades extraordinarias a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a través de las Fuerzas Armadas, debido a la suspensión de los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución. Sin embargo, lejos de centrarse en la desarticulación de estructuras criminales, esta medida ha consolidado un patrón de abuso de poder contra la ciudadanía. Prueba de ello son las múltiples denuncias presentadas ante el Ministerio Público durante la vigencia de esta herramienta, que incluyen incluso casos de agresiones sexuales atribuidas a agentes militares.
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Desde su implementación en diciembre de 2022, esta medida ha sido renovada reiteradamente bajo la premisa de que permite a las fuerzas de seguridad actuar con mayor eficacia contra estructuras criminales que han operado con impunidad en el país. Según el Ejecutivo, la suspensión de garantías constitucionales ha facilitado capturas masivas, la ejecución de órdenes de arresto pendientes y la incautación de armas y drogas.
Las cifras oficiales reportadas por la Policía Nacional destacan que, en el marco del estado de excepción, se han detenido a cientos de personas vinculadas a actividades ilícitas, además de la desarticulación de supuestas redes de extorsión. La Secretaría de Seguridad ha defendido la medida asegurando que ha permitido la reducción de homicidios y la intervención en zonas con alta incidencia delictiva.
Sin embargo, estos argumentos no contrastan con la realidad que se vive en dos de los principales departamentos de Honduras, históricamente dominados por el narcotráfico: Colón y Olancho. En menos de una semana, más de 20 personas han sido asesinadas en estas zonas, mientras que grupos criminales han sembrado el terror entre la población al imponer restricciones de movilidad bajo amenazas. Esta misma dinámica se replica en Francisco Morazán y Cortés, los departamentos con mayores índices de violencia en el país.
CONADEH PIDE NO PROLONGARLO POR ESCENARIO ELECTORAL
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) exhortó al gobierno a no prolongar el estado de excepción, alertando que su extensión podría derivar en un mecanismo de control electoral en los comicios primarios de marzo de 2025. La medida vigente en 226 municipios del país bajo el argumento de combatir la criminalidad, pero sin una evaluación independiente sobre su impacto real.
El CONADEH subraya que la restricción de libertades en un proceso electoral conlleva riesgos de manipulación. En un contexto donde la movilidad de votantes y observadores podría verse afectada, la medida abre la puerta a que sectores con control territorial impongan su influencia, debilitando la equidad del proceso. Asimismo, advierte que la militarización y el estado de vigilancia refuerzan un modelo de coerción política que históricamente ha servido para desmovilizar a sectores opositores.
A esto se suma la creciente evidencia de que el estado de excepción no ha reducido de manera significativa los índices de criminalidad, pese a las justificaciones oficiales. A la par de la militarización, persisten las estructuras de crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico, mientras que la estrategia de seguridad se mantiene reactiva en lugar de preventiva.
Desde el ámbito jurídico, múltiples sectores han cuestionado la constitucionalidad de la medida, señalando que el Congreso Nacional, de las pocas ampliaciones que ha ratificado, lo ha hecho sin un análisis técnico que sustente su necesidad.
El Congreso Nacional en 2024 únicamente ratificó el estado de excepción en dos ocasiones, dejando en ilegalidad las extensiones emitidas por el Poder Ejecutivo.
Pese a los reiterados cuestionamientos, el gobierno ha defendido la medida como un instrumento esencial contra la criminalidad, justificando su continuidad sin rendir cuentas sobre sus resultados. La evidencia disponible, sin embargo, indica que la violencia no ha experimentado una reducción significativa y que la excepcionalidad se ha convertido en la norma, consolidando un modelo de seguridad de carácter punitivo sin abordar las causas estructurales de la crisis.
En conclusión, solo el tiempo dirá si el gobierno de Libertad y Refundación replicará la estrategia de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), quien utilizó a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas contra el fraude electoral que le aseguró un segundo mandato y, tras dejar el poder en 2022, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas.
