La demanda, que se origina de organismos internacionales, se enmarca ante el conflicto social que ha puesto en vulnerabilidad a los pobladores garífunas de la comunidad de Nueva Armenia, en el municipio de Jutiapa, Atlántida.
Tegucigalpa, Honduras. – Más de 20 organizaciones internacionales denunciaron la violencia racista en contra de las y los defensores de la comunidad garífuna de Nueva Armenia a manos de oficiales de seguridad del Estado, seguridad privada y personas vinculadas al crimen organizado.
“Pedimos al Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional, y la Secretaría de Derechos Humanos que garantice la vida, integridad física, psíquica y moral de los y las integrantes de la comunidad garífuna de Nueva Armenia y las demás comunidades que reivindican sus derechos”, demandaron a través de un pronunciamiento publicado el jueves 17 de octubre.
De igual forma, instaron al Estado a realizar una investigación pronta e imparcial sobre los hechos que se han desarrollado a lo largo de octubre, entre los que se incluyen el ataque armado en el que resultaron gravemente heridas dos personas garífunas el domingo 6 de octubre, entre otras agresiones y amenazas.
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Manifestaron, además, preocupación ante un posible incremento de la violencia en contra de las poblaciones garífunas que reinvindican sus derechos sobre su territorio ancestral, por parte de la Policía Nacional y fuerzas especiales, entrenados en Estados Unidos.
Recordaron que estas agresiones, además de violentar los derechos de propiedad colectiva, violentan las garantías de no repetición emitidas en los fallos de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
“Desde diferentes partes del mundo, reiteramos nuestra solidaridad con miembros de la Ofraneh [Organización Fraternal Negra Hondureña], quienes no están ni estarán solos o solas en esta lucha por sus derechos ancestrales”, lee el comunicado.
En las primeras semanas de octubre, liderazgos de Nueva Armenia denunciaron que la Policía Nacional realizó perfilamientos, intimidaciones, amenazas y disparos contra garífunas que participan en procesos de recuperación de tierras que fueron usurpadas por la empresa aceitera Palmas de Atlántida.
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En el pronunciamiento, las organizaciones expresaron que estas agresiones forman parte de la “histórica violación al derecho de la autodeterminación del pueblo garífuna por parte del Estado de Honduras, entre ellas las comunidades aledañas de Nueva Armenia y Cayos Cochinos”.
Honduras Solidarity Network, Inter-Religious Task Force on Central America (IRTF), el Institute for Policy Studies – Global Economy Program, Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alliance for Global Justice (AFGJ), Latin America Caucus of Interfaith Council for Peace & Justice y La Voz de los de Abajo, son algunas de las organizaciones que firmaron el pronunciamiento.
En marzo de este año, la comunidad garífuna de Chachahuate en Cayos Cochinos, en el Caribe hondureño, denunciaron agresiones sistematicas en su propio territorio para favorecer el programa de tele-realidad español Supervivientes. Mientras que en septiembre de 2021, alertaron sobre la deforestación de al menos dos manzanas de tierra en la isla Cayo Menor, responsabilizando de la acción a la Fundación Cayos Cochinos.
En enero de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso sobre la afectación del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos.
En su informe de fondo, la CIDH concluyó “que la declaración del territorio de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos como área natural protegida y Monumento Natural Marino, junto con restricciones a la pesca sin considerar prácticas tradicionales, generó afectaciones en el uso de la propiedad y recursos colectivos, incumpliendo obligaciones internacionales”.
