Colectivos ambientalistas y comunitarios advierten que la mina Cerro Blanco amenaza una cuenca transfronteriza protegida y se sostiene pese a graves anomalías administrativas
Tegucigalpa, Honduras. –– Organizaciones contra la minería en el norte de Centroamérica exigieron el cese de la impunidad ambiental y de los privilegios otorgados a la transnacional Aura Minerals en la mina ubicada en Asunción Mita, Guatemala, municipio fronterizo con El Salvador.
Aura Minerals tiene presencia en Honduras a través de la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), que opera la mina San Andrés en el municipio de La Unión, Copán, departamento fronterizo con Guatemala. En Guatemala, la transnacional minera adquirió en 2024 la mina de Cerro Blanco, ahora rebautizada como Era Dorada.
La organización comunitaria Resistencia Miteca, junto al colectivo ecologista Madre Selva y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin), denunciaron mediante un comunicado que las regalías son insuficientes ante los daños ambientales irreparables que deja el modelo económico extractivista impuesto en Centroamérica.
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Afirmaron que Cerro Blanco es un proyecto minero fracasado ––en 18 años no ha extraído ni oro ni plata–– cuya vigencia es sostenida únicamente por la corrupción. Agregaron que la misma representa una amenaza directa para la cuenca transfronteriza Ostúa-Guija-Lempa, debido a su ubicación en la zona del trifinio, protegida por un tratado entre El Salvador, Guatemala y Honduras, ratificado en 1997.
Las organizaciones señalaron que Cerro Blanco acumula irregularidades administrativas y técnicas desde su origen. Recordaron que en junio de 2024 el Ministerio de Ambiente de Guatemala canceló la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para minería a cielo abierto, otorgado durante el gobierno de Alejandro Giammattei, tras detectar anomalías como la desaparición de expedientes y firmas falsificadas.
Lestter Castro, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en Honduras, denunció por videoconnferencia las afectaciones ambientales, culturales e institucionales a las que se enfrenta la comunidad maya chortí de Azacualpa en La Unión, Copán, entre ellas la destrucción del histórico camposanto de San Andrés, pese a ordenes judiciales que ordenaban su protección.
“La Sala de lo Constitucional ordenó proteger a la comunidad y al cementerio, prohibiendo cualquier exhumación. Sin embargo, pese a la resolución, autoridades municipales, el juzgado local y la empresa violentaron esa resolución. El cementerio fue arrasado y hoy la comunidad indígena maya chortí no sabe dónde están enterrados sus familiares”, explicó Castro.
Ante sus inversionistas, Aura Minerals sostiene que el área de la mina San Andrés en Honduras no está habitada por pueblos indígenas y que no existen reclamaciones contra la concesión. No obstante, un estudio etnohistórico del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) documentó la presencia del pueblo indígena maya chortí en Azacualpa desde al menos 1678, con base en registros coloniales, censos y manifestaciones culturales que perduran hasta hoy, contradiciendo la narrativa de la empresa.
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