Tegucigalpa, Honduras. – Ante la petición de Inversiones Los Pinares de renovar la concesión minera ASP por 30 años más en el Parque Nacional Carlos Escaleras, defensores ambientales pidieron al Ministerio Público actuar ante denuncias de abuso de poder e indicios de corrupción en el otorgamiento inicial.
Las y los integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa presentaron este martes 16 de enero una petición escrita solicitando se notifique sobre la resolución emitida el 19 de abril de 2023 por la Dirección General de Fiscalías y se asegure el efectivo enjuiciamiento por los delitos de explotación ilegal y daños ambientales.
La representante legal, Rita Romero, explicó a Criterio.hn que las denuncias acumuladas tanto en la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Fiscalía del Medio Ambiente (Fema) están sustentadas en los daños causados por diez años de concesión minera.
“¿Por qué estamos aquí? Porque conocimos en los últimos días de 2023 que la empresa Inversiones Los Pinares –cuyo derecho de concesión minera ASP se vence próximamente el 28 de enero 2024– pidió el 26 de octubre [2023] una renovación de su contrato de concesión hasta por 30 años más”, contó Romero.
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La profesional del derecho calificó la solicitiud de la empresa minera como “inadmisible” e “inaudito” cuando el Ministerio Público tiene sustentados los daños causados en la zona protegida.
“Ante el silencio del Ministerio Público se cumple el dicho de que quien calla otorga. Por lo tanto, ese contrato de concesión se firmó en el 2014 al amparo de un decreto fraudulento, 252-2013, que fue el que extrajo las 200 héctareas de la zona núcleo para entregarsela a Inversiones Los Pinares”, pormenorizó Romero.
AUTORIDADES INTERINAS DEL MP DEBEN REEXAMINAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN APROBACIÓN DEL DECRETO 252-2013
De igual forma, exigieron se reexamine junto a las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público las líneas de investigación relacionadas a la “irregular aprobación del Decreto 252-2013” en la víspera de esa Navidad. En ese momento, la presidencia por ley del Congreso Nacional era ostentada por Mauricio Oliva, mientras Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Poder Legislativo, buscó ser electo a la presidencia de la República para el periodo 2014-2018.
En el escrito presentado establecen como causales de la petición, “el próximo vencimiento este 28 de enero 2024 del derecho minero ASP otorgado al amparo del irregular decreto legislativo; y la petición de renovación del lesivo derecho minero en la zona protegida por un máximo de 30 años presentada por Inversiones Los Pinares el 26 de octubre 2023 al amparo del mismo irregular Decreto 252-2013, con vigencia actual”.
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Además, remarcaron la necesidad que el director de fiscales, junto a las autoridades interinas del ente acusador público analicen “la destrucción producida por la concesión minera 2014-2024 ASP y ASP2 en los ecosistemas del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, documentada en los informes de inspección y técnicos […] acumulados en la FEMA [Fiscalía del Medio Ambiente]”.
En abril de 2019, pobladores de los municipios de Sabá, Trujillo y Tocoa, Colón, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 252-2013, sustentando que existía una acción de dolo consumada en el Congreso Nacional.
Las y los pobladores de Tocoa se enfrentan a un megaproyecto minero con siete componentes en el que se incluyen una planta de generación termoeléctrica a base de coque de petróleo. El pasado 9 de diciembre –tras un boicoteado cabildo abierto por parte del alcalde Adán Funez– más de dos mil personas constituyeron una asamblea soberana, mediante la cual rechazaron el proyecto energético.
