Por Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Los miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestaron su inquietud por la alta tasa de impunidad que rodea las agresiones contra defensores de derechos humanos y en especial por el crimen de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres.
La postura de las Naciones Unidas se dio en el marco de la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) que se llevó a cabo el 5 y 6 de julio en Ginebra, Suiza, donde acudió una nutrida delegación de funcionarios hondureños y representantes de organizaciones de derechos humanos, que integran la Coalición contra la Impunidad.
A juicio del Comité de Derechos Humanos en el caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada la madrugada del 3 de marzo del 2016 en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, todavía hace falta que se castigue a los autores intelectuales. Hasta el momento la justicia hondureña ha capturado a ocho supuestos autores materiales.
Al escuchar las posturas sobre el caso de Berta Cáceres, el procurador general de la República, Abraham Alvarenga, quien integró la delegación estatal de Honduras, manifestó que “hay que completar la información de este caso”. De eso se trata las reuniones en estas instancias de revisión de tratados, que tanto las personas (…) como los miembros del Comité puedan hacer preguntas, como el Estado contestarles, con el respaldo obviamente documental y el respaldo de las acciones que se han tomado en cada uno de los casos, que ellos tengan la duda o la oportunidad de confirmar las actuaciones que se han revisado”, expresó Alvarenga.
Mediante una nota de prensa la Coalición contra la Impunidad, informó que en uno de sus intervenciones el Comité de Derechos señaló que Honduras, era considerado, por los organismos internacionales como uno de los países más hostiles para la protección de los derechos humanos.
La Colación señala en el texto que el Comité expresó que “el patrón que continúa observándose es profundamente perturbador para los defensores y defensoras, por la alta tasa de acoso a su labor, y por el uso excesivo del derecho penal contra las protestas sociales. Al tiempo que manifestaron su inquietud por la alta tasa de impunidad por agresiones contra defensores de derechos humanos, ejemplo de esto el asesinato de la defensora Berta Cáceres”.
La modalidad bajo la que se práctica un examen de esta naturaleza, es que los expertos del Comité realizan preguntas al Estado, y luego hay un espacio de tiempo para que los delegados estatales respondan. En este plano, fue perceptible que los funcionarios hondureños no siempre tuvieron las respuestas más acertadas a las interrogantes que se les planteaban.
Fue de preocupación especial la situación de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, y existió un interés particular por conocer los obstáculos para facilitarles medidas que les permitan formalizar su identidad de género, la inexistencia de una ley al respecto, y las amenazas y atentados a los que se ven expuestos por parte de agentes estatales y particulares.
En el tema del aborto, el Comité aclaró al Estado que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protege esencialmente la vida de la mujer y no la del no nacido, como erróneamente interpreta el Estado de Honduras. Enfatizando los expertas del Comité, que la decisión de su despenalización no es un asunto de mayoría parlamentaria, si no que un compromiso de derechos humanos con las mujeres.
El tema de militarización fue parte de los puntos centrales en el desarrollo del examen a Honduras, siendo una de las inquietudes planteadas las medidas que pensaba asumir el gobierno para desmilitarizar las funciones policiales, y qué plazo tenía planificado para ello, y para concluir con la depuración judicial.
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El Estado de Honduras también fue cuestionado acerca del cumplimiento de sentencias internacionales. Se le planteó específicamente sobre la ejecución de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso «López Lone y otros», y la obligatoria reincorporación a sus cargos del juez Adán Guillermo López Lone y la magistrada Tirza Flores Lanza.
Ante el cuestionamiento la delegación oficial respondió con evasivas, justificando el incumplimiento en que el plazo para cumplir vence hasta el 25 de agosto. Asimismo, el Comité demandó el cumplimiento de las sentencias de los pueblos garífunas denominadas como los casos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, cuestión a la que el Estado respondió que estaban en proceso de ejecución.
Un comentario
Mientras no hayan acciones contundentes êstos se seguirãn reindose en nuestras caras