Tegucigalpa, Honduras.- La comisión interpartidaria encargada de conocer, analizar y valorar el perfil de los cinco candidatos que entregó la Junta Proponente, cerró este jueves las entrevistas públicas y mañana llevará la segunda parte de este proceso que es la evaluación de requisitos constitucionales para poder ostentar la titularidad del Ministerio Público (MP).
En palabras sencillas, está comisión encabezada por la secretaria de Congreso Nacional, Angélica Smith, revisará el perfil de los cinco candidatos para conocer si cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución de la República para ostentar una figura de tal envergadura.
Aunque esa misma fase, con diferente nombre y con más tiempo para analizar, la desarrolló primero la Junta Proponente, órgano que se encargó de llevar el proceso de selección de los candidatos (que fueron 26), precisamente por eso salieron estos cinco abogados en la nómina porque se ajustaron más al perfil idóneo y cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución.
El artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los requisitos son: ser hondureño de nacimiento, tener más de 40 años, ser abogado colegiado, ser de reconocida solvencia moral y 10 años de experiencia en materia penal o haberse desempeñado como juez en el área penal por lo menos durante 10 años.
Sin embargo, por los antecedentes en procesos de elección de segundo grado, como lo es la del Ministerio Público, los diputados podrían implementar otros requisitos o literalmente no valorarlos (los requisitos en ley), para perjudicar de alguna manera a cualquiera de los candidatos que no cuente con la avenía política.
Por ejemplo, el antecedente más reciente de cómo los diputados no respetaron el trabajo hecho por la Junta Proponente ni el de la comisión que nombraron en ese entonces, fue en 2018, en la reelección del actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, quien no participó ni en el proceso de los proponentes ni en el grupo de congresistas encargados de evaluar los perfiles.
Chinchilla ostenta la titularidad de la fiscalía desde el hace 10 años, tiempo en el que ha mantenido una hegemonía de corrupción e impunidad, protegiendo principalmente a líderes del Partido Nacional al no investigar casos de corrupción.
Uno de los posibles escenarios que amenaza con la continuidad de Chinchilla en la fiscalía, es que el Congreso no escoja a las futuras autoridades del MP antes del 31 de agosto de 2023, si pasa lo contrario, “el fiscal cinco estrellas” por mandato constitucional estaría en la obligación de seguir en el cargo hasta que sean electas las nuevas figuras.
PROCESO RELENTIZADO
Aunque la comisión interpartidaria quiera establecer todos los filtros para valorar los perfiles de los candidatos, el tiempo no se los permitirá, porque después deben enviar al Congreso una conclusión de lo encontrado a más tardar el próximo lunes (28 de agosto), para finalmente iniciar con el proceso de elección que, respetando los tiempos, tendría que desarrollarse en sólo tres días (29, 30 y 31 de agosto).
Sin embargo, las sesiones legislativas no se han podido desarrollar porque el presidente de ese poder Luis Redondo las ha suspendido, argumentando que el equipo de audio y votación están en mal estado, luego que la bancada nacionalista dañara algunos micrófonos, en uno de las insurrecciones que han venido desencadenando.
El Congreso Nacional tiene un equipo de audio donado por China Taiwán en 2022, sin embargo, el titular de ese poder sostiene que deben comprar uno nuevo porque el que actualmente está, lo vienen usando desde 2011.
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“Mientras ellos están con sus pitos (en insurrección) sus líderes están negociando (…) los nacionalistas con su insurrección están condicionando la elección del fiscal. Ellos (diputados) dicen que no quieren hacer la elección del fiscal, pero sus líderes están negociando”, dijo el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera.
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Herrera, quien no logró participar en el proceso de selección y elección del MP como candidato, aseguró que el proceso se desarrollará en el tiempo y forma establecido en la Constitución, con o sin pactos políticos que están trazando los líderes del tripartidismo, de los cuales se limitó a hablar.
El pacto político del que Herrera se limitó a hablar podría ser el “tripartito”, mismo que entregó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al oficialismo en las pasadas elecciones de los magistrados y, ese mismo mecanismo, pretenden ejecutar en la elección del fiscal general y adjunto.
Aunque primero se manejaba que debían hacer la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear la figura de un segundo fiscal adjunto y que el cargo de director de fiscales entrara en proceso de elección, ahora manejan un mecanismo más simple: repartirse las cuotas de poder en los cargos que ya están establecidos.
Es decir, la titularidad de la fiscalía podría caer en el oficialismo, el fiscal adjunto en los liberales y el director de fiscales, nombramiento que hace el fiscal general, recaería en el Partido Nacional y de esa manera se podrían estar repartiendo las cuotas de poder en el ente investigativo.
