Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Puntualizando en materia de acceso a calidad de información pública, la organización Honduras en Acción Contra la Corrupción “HONDURACTION”, presentó un estudio alternativo que detectó una serie de murallas que obstaculizan el buen cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en Honduras.
Analizando los flujos de información presentadas por las instituciones hondureñas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en los distintos portales de transparencia “HONDURACTION” encontró una serie de barreras que impiden un acceso a información pública de calidad.
De acuerdo al coautor del estudio, Marlon Ochoa, “en materia de barreras de acceso a la información, las primeras barreras refieren a la informalidad que tiene que ver con la calidad de información que se le entrega al usuario”.
Específicamente en lo referente a los formatos que las instituciones responden las solicitudes de información, donde “por ejemplo, el formato en que se le entrega esta información al usuario usualmente suele ser poco amigable”, precisó.
“El caso más extremo tiene que ver con una solicitud de información que se hizo a una dependencia pública que entregó esta información a través de 9,000 páginas de información”, citó Ochoa.
Asimismo, el acceso a información de calidad fue afectado por una serie de barreras políticas y legislativas, puesto que “existen barreras formales producto de una legislación permisiva que le da mucha discrecionalidad a diversas entidades públicas; ciertos marcos legales como la ley de secretos que autoriza a la institución públicas decretar como confidencial información que es solicitada”.
Mientras que “en términos de barreras políticas podemos encontrar la reacción de los funcionarios, incluso de amenazar de muerte a las personas que están solicitando información pública”, añadió Ochoa.
A la presentación de los hallazgos del informe, la coordinadora de la Coalición Contra la Corrupción y exdiputada del Partido AntiCorrupción, Fátima Mena, añadió también el retraso que la institucionalidad hondureña tiene con el procesamiento óptimo de los datos abiertos.
Asimismo, “un componente que siempre he cuestionado es que los oficiales de transparencia de las diferentes instituciones no deberían de ser empleado de las instituciones”. “Por ejemplo, el oficial de transparencia del Congreso Nacional no debería de ser pagado por el Congreso Nacional debería de existir -un fondo para que ellos puedan tener independencia y no sientan que ellos tienen que auditar a sus jefes”, recomendó Mena.
Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Sociales de Honduras (Flacso-Honduras), Rolando Sierra, también añadió la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, también conocida como “Ley de Secretos”, como una barrera en materia de acceso a información pública de calidad.
Por otro lado, la existencia de una barrera tecnológica al interior de muchas instituciones públicas que “si bien tiene los portales de transparencia es muy difícil acceder a ellos”, concluyó el representante de Flacso-Honduras.
