Por: Nancy García
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Tegucigalpa.-Las mujeres de comunidades rurales, pertenecientes a diferentes plataformas en Honduras, han expuesto sus acciones y medidas para contrarrestar el contagio del coronavirus (Covid-19) y sus acciones de sobrevivencia en medio de una inminente crisis alimentaria.
Las prácticas fueron conocidas en un foro virtual realizado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) en el que mujeres de las comunidades rurales y barrios contaron sus experiencias y condiciones en las que se están desenvolviendo en medio de la pandemia.
Amalia Reyes, coordinadora de la Red de Mujeres Contra la Violencia Doméstica de la colonia Ramón Amaya Amador, de Comayagüela, expone que la primera semana que se decretó el aislamiento se evidenció que sólo quienes cuentan con los recursos pueden subsistir y las mujeres pobres no entran en ello.
Para Amalia, las personas que viven del día a día, del sector informal, no existe la posibilidad de quedarse en casa, donde la situación se complica por la falta de agua potable.
Comenta que un día llegaron vecinos y vecinas a su hogar para solicitarle ayuda, que no tenían el dinero para comprar alimentos. Reyes contactó a otras mujeres que integran la Plataforma 25 de Noviembre para buscar alternativas. En ese momento recordó que una de las alternativas que surgieron en el 2009, durante el golpe de estado, fueron las ollas comunitarias, las que han traído de regreso para llevar la crisis. Alrededor de 180 familias son beneficiadas con esta acción.
«El hambre seguirá teniendo rostro de mujer»
En el caso de las mujeres campesinas, Jazmín López, coordinadora del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer, asevera que el trabajo militante no se ha detenido, pues desde las casas han estado laborado a través de las redes sociales y agradece que espacios virtuales se abran para visibilizar la situación de las mujeres.
«El acceso a los medios es una deuda. En esta crisis, las mujeres pagamos las consecuencias. Están cuidando a todo mundo, haciendo trabajo de enfermeras, pero a las mujeres nadie las cuida» comenta.
Además, señala que no sólo se están enfrentando a la pandemia, también a la militarización y que los medios de comunicación tradicionales le están abordando el Covid-19 con la intención de inyectar miedo a la ciudadanía.
Indica que las mujeres no están seguras en sus hogares, y ahora al salir, el miedo acrecienta por la presencia de policías militares.
Algunas veces han llegado a las milpas y se han encontrado sin ningún alimento, porque se los han robado. «El hambre seguirá teniendo rostro de mujer», señala.
Las mujeres campesinas han elaborado gel de manos, jabones, todos hecho a base de plantas medicinales. Han establecido personas que se encargan de hacer veeduría con las bolsas solidarias que entrega el gobierno. También practican el intercambio de productos alimenticios, y como herramienta de comunicación comunitaria, intercambian mensajes de textos para saber cuándo les toca salir y estar pendiente de su cuidado.
La realidad diferenciada de las zonas rurales
Para Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonzo de Tocoa, Colón, las mujeres tienen cierta independencia económica con los productos que elaboran y venden, pero esto es precario.
Esquivel asevera que la situación generará mayores desigualdades y ejemplifica con el caso de los infantes escolares de las zonas rurales que no tienen acceso a internet, en cambio las que viven en las zonas urbanas cuentan con estas herramientas y finalizarán su año escolar, al contrario, los que viven en el campo, perderán el año escolar.
Otra preocupación, es la militarización de las actividades agrícolas y la probabilidad del aumento de fondos para este rubro y que el control de los militares agudice la crisis en el sector.
En octubre del año pasado el gobierno involucró de manera directa en el sector agrícola a los militares mediante la ejecución de 4.000 millones de lempiras anuales para un plan orientado, supuestamente, a incrementar la productividad y rentabilidad agrícola.
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El controvertido Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), consignado en el diario oficial La Gaceta 35,076, publicada el pasado 18 de octubre, violenta la Constitución de la República, que define los límites de las funciones de las Fuerzas Armadas en la defensa del territorio y soberanía nacional.
Por su parte Jennifer Mejía, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) detalla que las tácticas han sido la implementación de centros de información, elaboración de mascarillas, gel de manos, la entrega de distintos tipos de té para fortalecer el sistema inmunológico y la enseñanza de tests para utilizar el agua de los mares.
Para Mejía esta es la forma de vivencia que adoptaron sus ancestros. «Así hemos estado «paleteando» el hambre, como sobrevivieron nuestros ancestros. La forma de vida de nuestros ancestros es la única forma como podemos seguir existiendo como cultura”, específica.
De su lado Amada Martínez, de la Mesa Coordinadora de Cooperativas de Viviendas del Sur, habla del trabajo ejecutado hasta el momento, específicamente sobre el impacto de la crisis económica en el periodo de confinamiento.
«Desde las cooperativas estamos viviendo situaciones difíciles. Nos mandan a un aislamiento social, pero las personas no están proveyendo dinero para el hogar. Luego nos sumamos al hecho que tenemos familias que están yendo a trabajar a las azucareras, meloneras, bajo supuestas medidas de seguridad que no funcionan», destaca Amada.
La coordinadora considera que las personas que trabajan en la agroindustria son un posible foco de contagio, pues estas empresas no dotan a sus trabajadores y trabajadoras de los insumos de protección. De igual forma, indica que el encierro afecta a las mujeres de manera psicológica, ya que existe un cansancio por las labores que asumen de manera sola y por ello han solicitado a los hombres hacerse responsables de las obligaciones en el hogar.
La estrategia comunitaria ha consistido en una vigilancia en las entradas para que personas ajenas no ingresen y evitar el contagio de la pandemia. También identificar los salones comunales para que puedan ser centros de atención para las personas que tengan coronavirus en la región. Satisfactoriamente a la fecha no existen casos registrados.
Las medidas se han adoptado por necesidad frente al olvido del gobierno por no comprar los insumos biomédicos necesarios para el personal médico y los pacientes de Covid-19.
