Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los últimos debates con relación a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras gira en torno a si el organismo debe ser financiado por el Gobierno y a quién debe realizar los nombramientos de sus funcionarios.
El Gobierno hondureño y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) negocian la suscripción de un memorando de entendimiento que daría paso a dos fases previas a la instalación de la CICI en Honduras. No obstante, hay algunas condicionantes interpuestas por la Administración Xiomara Castro que estarían deteniendo la firma.
El 20 de noviembre de 2022, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, aseguró que fundamentalmente el financiamiento de la CICI debe provenir del Gobierno hondureño. “Lo que se ha planteado en las negociaciones, por parte de Honduras, es que el financiamiento debe darlo el Gobierno, pero eso no es excluyente de poder recibir asistencias o cooperaciones de carácter técnico u otra naturaleza. Sin embargo, la CICI fundamentalmente debe ser financiada por el Gobierno”, declaró Moncada.
Las declaraciones de Rixi Moncada, una de las personas más cercanas al círculo social de la presidenta Xiomara Castro, despertaron polémica y rechazo en varios sectores de la sociedad. Analistas y oposición han asegurado que, en caso de propiciar esa limitación en la independencia financiera, se estaría manifestando expresamente la intención de contar con una CICI débil.
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Ante las constantes críticas hacia lo expresado por la secretaria de Finanzas, el Ejecutivo ha intentado acomodar sus intenciones ante la palestra pública. El 1 de diciembre de 2022, en el marco de las negociaciones efectuadas los últimos días entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, aclaró que el financiamiento se efectuará por tres vías: ONU, países miembros de la ONU y Estado hondureño.
“El costo es alto y es uno de los detalles que estamos definiendo con la ONU, ellos han puesto a disposición sus recursos, igualmente los países miembros que aportarán recurso, pero sí, una parte la pondrá el Gobierno”, declaró Pastor de María y Campos en una rueda de prensa, sin precisar qué porcentaje le corresponderá a Honduras
Desde la sociedad civil se asegura que, si el Gobierno llega a convertirse en el principal financista de la CICI, se estará afectando la independencia financiera del ente anticorrupción. En esa línea se pronunció el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, en inglés), Luis León, quien manifestó que “si no se tiene la independencia de accionar y ese amarre va ligado al financiamiento, puede haber dificultad en la implementación del mecanismo. Debemos aspirar a una comisión independiente, capaz de hacer investigaciones y procesos judiciales sin ningún tipo de obstáculo, ni dificultades para su desarrollo”, comentó.
Similar criterio tuvo el exfuncionario de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Álex Navas, al afirmar que el Gobierno debe colaborar administrativa y logísticamente.
“Ser financiada en mayoría por Naciones Unidas y cooperación internacional, le daría a la CICI una mayor independencia, legitimidad y autonomía. El gobierno debe aportar las cuestiones logísticas y administrativas que le corresponden”, expresó a Criterio.hn.
¿QUIÉN NOMRARÁ A LOS FUNCIONARIOS?
El otro contrapeso que se está generando en las negociaciones entre el Gobierno y las Naciones Unidas radica en quién realizará los nombramientos de los funcionarios de la CICI.
Dentro de la contrapropuesta que Gobierno hizo al memorando de entendimiento, que la Cancillería hizo pública el 23 de agosto de 2022, se establece que deberá ser el Estado hondureño quien designe a los funcionarios del organismo.
“La fase 2 procedería en pasos, incluyendo la identificación y el nombramiento de parte del Estado de los funcionarios nacionales e internacionales que integrarían el mecanismo internacional”, indica el numeral ocho de la contrapropuesta del Gobierno al memorando de entendimiento.
Criterio.hn ha conocido, a través de fuentes de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, que el organismo internacional no accederá en esa condicionante que ha puesto la Administración Xiomara Castro.
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Por su lado, Álex Navas considera que habrá que esperar a los resultados de las negociaciones entre Gobierno y Naciones Unidas y, a partir de ese momento, discutir acerca de los métodos de nombramiento de los funcionarios.
“Creo que hay que definir el mecanismo de cómo se elegirá a estos funcionarios, si será el Gobierno o mediante concurso supervisado por Naciones Unidas, pero eso deberá determinarse en las reuniones que se están efectuando en Nueva York”, valoró.
POCA CLARIDAD SOBRE EL VIAJE
El 29 de noviembre de 2022, una comitiva encabezada por el canciller Enrique Reina y los secretarios de Finanzas y Transparencia, Rixi Moncada y Edmundo Orellana respectivamente, viajó a la sede de las Naciones Unidas y se reunió con Miroslav Jenča, enlace de la ONU encargado de las negociaciones de la CICI en Honduras. Sin embargo, los resultados de las negociaciones que se han efectuado esta semana todavía no se han hecho públicas.
Mientras tanto, en Honduras crece la duda en torno a cuándo se firmará el memorando de entendimiento. El Gobierno sugiere que se eleve a la CICI a un rango constitucional, aun cuando solo será un ente transitorio. Además, la simple figura de querellante adhesivo, que se readecuaría mediante una reforma al Código Procesal Penal, podría garantizarle al mecanismo internacional un trabajo seguro, indican juristas.
