La falta de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impide avanzar en el debate legislativo, profundizando la percepción de estancamiento institucional en un país que opera bajo estado de excepción desde diciembre de 2022
Tegucigalpa, Honduras. -A más de un año desde que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) remitiera al Congreso Nacional un paquete de reformas legales como parte del Plan Solución Contra el Crimen Organizado 2.0, el trámite legislativo permanece estancado.
El plan, considerado clave para fortalecer la lucha contra estructuras criminales, contempla reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la modificación de reglamentos administrativos. No obstante, hasta la fecha, el Congreso Nacional no ha discutido formalmente el paquete.
De acuerdo con el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, el Congreso Nacional no ha podido avanzar porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha emitido aún la opinión jurídica requerida para poder dictaminar las reformas penales.
“Cuando se trata de reformas a los códigos, como el Penal o el Procesal Penal, es obligatorio que la Corte Suprema de Justicia emita una opinión técnica antes de que podamos presentar un dictamen final”, explicó Barrios en entrevista brindada a Criterio.hn.
Uno de los puntos más relevantes del paquete consiste en reformar el Código Penal para que se tipifique como terroristas a los miembros de maras, pandillas y bandas del crimen organizado responsables de delitos como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas y lavado de activos.
Otra de las reformas pendientes al Código Procesal Penal permitiría aplicar prisión preventiva de forma automática a los procesados por los delitos anteriormente mencionados. Además, se plantea incorporar el juzgamiento colectivo para integrantes de estructuras criminales.
En la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), se ordenó al Congreso Nacional que someta a votación el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz, como parte del Plan de Solución Contra el Crimen Organizado.
Barrios detalló que la Ley de Colaboración Eficaz, ya ha sido discutida en dos debates y está lista para ser sometida a un tercer y último debate, pero que está pendiente de ser agendada por parte de la Junta Directiva del Congreso.
Esta normativa, permitiría a exintegrantes de estructuras criminales brindar información a cambio de beneficios como la reducción en las penas, siempre y cuando esta “colaboración” con la justicia ayude al desmantelamiento de redes de corrupción y estructuras del crimen organizado y narcotráfico.
Sin embargo, dentro de la resolución del CNDS, la normativa fue propuesta más enfocada en el interés de combatir a las maras y las pandillas, junto con otras medidas como el enjuiciamiento colectivo y la designación de estos grupos criminales como terroristas.
Sobre el resto de reformas, como la tipificación del terrorismo o el endurecimiento de penas contra quienes atenten contra operadores de justicia, todas permanecen en espera de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El plan también incluye una ley para controlar la venta de tarjetas SIM, chips o eSIM y bloquear comunicaciones en centros penitenciarios. Esta medida busca frenar las extorsiones dirigidas desde las cárceles, y contempla sanciones para las empresas proveedoras que incumplan.
Además, se propone reformar el Reglamento del Banco Central de Honduras sobre dinero electrónico, con el fin de evitar transacciones atípicas relacionadas con delitos como la extorsión o el secuestro, que suelen utilizar billeteras electrónicas para eludir controles.
DICTAMEN DE CSJ: PRINCIPAL OBSTACULO PARA APROBACIÓN DE REFORMAS PENALES
La falta de avance ha generado inquietud en sectores sociales y políticos que consideran urgente la adopción de medidas más robustas para enfrentar al crimen organizado, especialmente ante el incremento de extorsiones y homicidios en el país.
Barrios insistió en que, en este caso, el principal obstáculo ha sido la falta de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “La ley no establece un plazo para que el Poder Judicial dé su opinión, por eso esto puede durar indefinidamente”, lamentó.
La inacción ha generado un vacío normativo que dejaría sin herramientas actualizadas a los operadores de justicia y a las fuerzas de seguridad del Estado, para la efectividad de la tercera fase del Plan Solución contra el Crimen.
Pese a los múltiples llamados del Ejecutivo para avanzar en estas reformas, el Congreso Nacional no ha fijado una fecha para su discusión en el pleno. La ausencia de dictámenes legislativos refuerza la percepción de estancamiento institucional.
El propio CNDS ha mantenido silencio sobre el retraso, aunque su propuesta fue en su momento una de las principales apuestas del gobierno de Xiomara Castro para combatir el crimen de manera integral y con respaldo legal.
Este paquete de reformas solicitadas para el combate a la criminalidad organizada, según los integrantes del CNDS, buscaba mantener el control de las comunicaciones en las cárceles, pero esto sigue siendo una deuda pendiente.
Por otro lado, informes de organizaciones de sociedad civil señalan que, en 2024, se registró una disminución del 32.1% en las denuncias por extorsión, y en 2025, la extorsión se extendió a varios municipios considerados como zonas turísticas.
En el informe Dos años y medio bajo estado de excepción: ¿Y los resultados?, detalla que, a más de 18 meses del estado de excepción, parte del Plan Solución Contra el Crimen, los resultados del mismo son mínimos.
El Congreso Nacional, aunque ha expresado respaldo a las reformas a través de diputados oficialistas, no puede avanzar sin la opinión técnica del máximo tribunal de justicia hondureño, lo que lo mantiene en una especie de limbo legislativo.
De no cambiar el panorama en los próximos meses, Honduras podría cerrar el cuatrienio 2022–2026 sin haber modernizado su marco legal para combatir uno de los mayores flagelos del país: el crimen organizado.
