Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La lucha por la tierra y por los medios de subsistencia mantiene en el presidio de Nacaome, departamento de Valle, a dos miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), publicó el Cofadeh en su pagina de facebook.
La publicación relata que, un tribunal de justicia de Amapala, decidió el martes 17 de mayo de 2016, suspender las medidas preventivas a favor de los imputados y resolvió enviarlos a la cárcel mientras determina elevar a juicio oral y público las acusaciones de usurpación, amenazas y daños a la propiedad privada, promovidas en 2015 por el Ministerio Público (MP); a petición del terrateniente Jorge Luis Cassís, que reclama como suyas una porción de tierras localizadas en Playa Blanca en las Península de Zacate Grande.
Abel Pérez miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR) y el pescador Santos Hernández, fueron remitidos al centro penal de Nacaome el pasado 19 de mayo, ya que por falta de recursos económicos no podían ir a firmar el libro de registro del juzgado de Amapala.
Otros 30 miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) enfrentan procesos judiciales acusados de usurpación y daños contra terratenientes de la zona.
Terratenientes que con la complacencia del Estado, están utilizando el sistema de justicia para acusar y criminalizar a los pobladores y pobladoras de ADEPZA.
La criminalización como una estrategia para desmovilizar los movimientos que aspiran a un pedazo de tierra, se acentuó después del golpe de estado de 2009 y es una respuesta de los grupos de poder que en medio de su voracidad, cuentan con el brazo acusador de la justicia en contra de los más débiles.
Familias de terratenientes como los Facussé o los Cassís reclaman amplias extensiones en la Península de Zacate Grande, siguiendo el guión de las políticas de estado entreguistas, que responden a los proyectos extractivos, represamiento de ríos y de energía solar, entre otros.
Zacate Grande está en el mapa estratégico de Honduras para convertirse en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que tendrá facultades autónomas donde el gobierno no intervendrá y que supone el éxodo de cientos de familias que han habitado desde hace más de un siglo esta porción de tierra que colinda con el océano Pacifico.
La judicialización de casos como los que enfrentan los pescadores y defensores de derechos humanos de ADEPZA, Santos Hernández Ortiz y Abel Antonio Pérez Ávila, responde a esta dinámica, donde los grupos económicos que realmente son el poder fáctico, avanzan vertiginosamente para adueñarse del país y de sus recursos.
Por su parte, miembros del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA) integrado por organizaciones defensoras de derechos humanos, la defensa de la tierra y las playas, contra la minería y ambientalistas de 25 municipios de los departamentos de Valle y Choluteca, han venido denunciando la explotación minera en la aldea El Tránsito de Nacaome, Valle
En Los Prados, Namasigüe, se ha violentado el derecho a la consulta, al pretender instalar un proyecto de energía solar, sin la previa socialización con los habitantes de la comunidad.
En Pespire, Choluteca, desde el 2013 se lucha contra la explotación del río Chiquito, de donde la empresa “panificadora Hernández” quieren extraer arena y grava, lo que afectaría cuatro pozos que abastecen de agua a las comunidades cercanas y el casco urbano. Esta empresa obtuvo permisos de forma irregular, y sin contar con el consentimiento de los pobladores, pese a que en cabildo abierto del 5 de abril del 2013, afirmaron su oposición a la explotación de los recursos naturales.
Hay comunidades sin acceso a las playas, porque las empresas de cultivo de camarón se han instalado en las orillas de los manglares. Además los terratenientes se apropian de predios con la intención de venderlos a inversionistas extranjeros para la construcción de una zona de empleo y desarrollo económico (ZEDE) o “ciudad modelo”. Si los pobladores quieren ir a la playa y no piden permiso para caminar por ese paso que es público, los acusan de usurpadores, y los operadores de justicia le dan trámite al caso, hasta judicializarlos.
Está claro que muchas comunidades localizadas en la porción del territorio nacional que comprende los departamentos de Choluteca y Valle se enfrentan a un monstruo de diez cabezas, que opera libre y en total impunidad.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)
Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Zona Sur (REDEHSUR)
