Honduras arribó hoy a 115 días de un estado de excepción que ha provocado violaciones de derechos humanos y que no ha logrado reducir la curva de contagio de la Covid-19
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –En una nueva sesión legislativa virtual, el Congreso Nacional dio trámite a la extensión de la suspensión de garantías constitucionales aprobadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, medida que, a criterio de analistas y especialistas en derechos humanos, goza de vicios de nulidad e ilegalidad.
La decisión fue tomada bajo el argumento de enfrentar la propagación de la COVID-19 y fue materializada bajo Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 16 de marzo de 2020, que decretó restringir a nivel nacional las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de la República.
El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, calificó la decisión como una ilegalidad, pues la misma violenta algunos requisitos que ya plantea el artículo 187 de la Constitución de República. “Para suspender las garantías constitucionales se deben reunir cuatro requisitos: los motivos por los que se suspende, los derechos restringidos, el territorio que afectará y el tiempo que durará que, de acuerdo con la Constitución, debe ser de 45 días. También se establece que en el plazo de 30 días se convoque al Congreso para que lo ratifique o impruebe, y vemos que el Congreso lo está haciendo fuera de lo que ya establece ese artículo”, explicó Mejía.
Para Mejía Rivera la forma en cómo lo han hecho es un reflejo de la ilegalidad permanente y el autoritarismo en el que la actual administración nacionalista maneja la institucionalidad y también la emergencia sanitaria. “La decisión viola la Constitución y muestra que quieren legalizar algo ilegal”.
Por otra parte, el abogado Antonio “Tony” García valoró la extensión aprobada por el Congreso Nacional y se detuvo en algunos artículos que se han incluido en el Decreto Ejecutivo, específicamente en el artículo 99 de la Constitución, el cual dice: “ El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”.
En ese sentido, García cree que este artículo no tiene nada que ver con el manejo coherente de la pandemia, por lo que valoró que es un abuso que busca violar los derechos humanos. “Nada tiene que ver el domicilio con la pandemia, no tendrían que ponerlo allí, pues con esa excusa perfectamente pueden entrar a su casa, eso es preocupante”, manifestó.
García se refirió también al artículo 103 de la Constitución que habla sobre la propiedad privada. “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley”.
“La suspensión del 103 tampoco tiene nada que ver con la pandemia, a esta gente se le está yendo la mano, una cosa es medidas por la pandemia y otra es violentar derechos humanos”, cuestionó García.
Para el profesional del derecho es necesario plantearse los motivos por los que se ha decidido suspender garantías constitucionales. “Uno se pregunta, por qué se van más allá de lo necesario para manejar la pandemia, pero no se entiende la razón por la que están yendo más allá, da para sospecha y responde a ese ambiente donde se violan los derechos humanos y que este gobierno es especialista en ello”, culminó García.
Confinamiento debe respetar los derechos humanos
Especialistas en salud pública consideran que Honduras necesita en este momento aplicar medidas más estrictas de confinamiento para iniciar un proceso de disminución de la curva de casos de la COVID-19. El especialista en salud pública y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Valle, afirmó que si Honduras continúa con la aplicación de las mismas medidas la curva seguirá aumentando y con ello se reportarán más muertos y enfermos.
Valle dijo que hasta el momento el confinamiento, que lleva en vigencia más de tres meses, no ha sido el adecuado, tampoco ha tenido un manejo acertado y sigue sin lograr la cooperación de la gente, por lo que incitó a tomar medidas más fuertes.
Desde la perspectiva jurídica, especialistas afirman que un confinamiento con respeto a los derechos humanos es posible, pero para ello debe existir claridad en quienes están al frente de la institucionalidad y de la mano de ello también debe existir una voluntad clara al respeto de los derechos humanos.
“Hay ejemplos de otros países donde se manejan las crisis de forma integral, con gente capaz y con amplias capacidades, entonces en un confinamiento se deben respetar los derechos, asistir a la gente, y también garantizar asistencia y atención médica gratuita, pero para ello hay que manejar la crisis respetando todas las garantías de la gente y asumiendo roles responsables y no prepotentes”, consideró el experto en derechos humanos Joaquín Mejía Rivera.
Para Mejía Rivera un adecuado confinamiento parte del manejo integral de la crisis, el cual debe ser liderado por gente capacitada que conozca de salud pública, economía, derechos humanos, género y otros.
Por su parte la diputada, Doris Gutiérrez, se refirió al asunto y al papel que el Congreso Nacional ha jugado durante la emergencia sanitaria. La congresista cree que algunas decisiones como la de aprobar la extensión de la suspensión de las garantías constitucionales es producto de la dinámica tramitadora que ha jugado el Congreso con todo lo que el Poder Ejecutivo envía a ese poder del Estado. ”El Congreso es ahora un simple tramitador del Poder Ejecutivo”, dijo Gutiérrez.
“Sabemos que la emergencia se ha podido abordar desde otra perspectiva, pero depende de la situación que viva el país y algunos dicen que no es legal, pero toca abordar esto desde diversas ópticas, también hay que cuidar la vida de la gente y el Congreso debe dar otros pasos para asistir a la gente en este tiempo de pandemia”, consideró.
Gutiérrez manifestó que desde las bancadas de oposición han pedido a la junta directiva del Congreso que se cree una mesa de alto nivel de decisiones en las que se incluya a sectores capacitados y con credibilidad como el Colegio Médico.
Por ahora la suspensión de garantías queda vigente de forma indefinida, en un ambiente de violación a derechos humanos y de falta de acceso a la salud pública.
Durante el estado de excepción, en Honduras se han registrado varias violaciones a los derechos humanos, que van desde asesinatos de defensores del territorio, retenciones arbitrarias, agresiones a ciudadanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, despedidos, suspensiones y disminuciones salariales para los trabajadores.
