Este viernes 17 de noviembre vence la prórroga de 45 días a esta medida, pero las autoridades de seguridad, en reiteradas ocasiones, han afirmado que seguirán postergándola, por los resultados favorables que han obtenido, pese a los cuestionamientos de la vulneración a los derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras.- El próximo seis de diciembre de 2023, el estado de excepción cumplirá un año desde su implementación. Para las autoridades es la medida con la que han logrado disminuir la criminalidad en el país, pero analistas abordados por Criterio.hn sostienen que, además de no percibir los resultados que favorables, violenta los derechos humanos.
“El estado de excepción no ha sido efectivo porque fue una medida implementada para combatir la extorsión y no vemos ese delito en las estadísticas de capturas y requerimientos fiscales. Y se mantendrá así, si no es acompañado de un plan estratégico”, analizó el director de Justicia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid.
Agregó que “Esta medida debe ir acompañada de políticas públicas que den como resultado mayor seguridad ciudadana. Sólo la suspensión de garantías constitucionales no trae ni traerá resultados efectivos. La efectividad se consigue con una estrategia integral”.
Desde el seis de diciembre de 2022, que entró en vigencia el estado de excepción, se suspendieron las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, de la Constitución. Lo anterior, en pocas palabras, faculta a las autoridades a realizar arrestos, allanamientos, entre otras cosas, sin la necesidad de tener una orden emitida previamente por un juez.
Madrid planteó, entre varias aristas, que el estado de excepción podría no estar dando resultados esperados, por el bajo número de efectivos que tiene la Policía Nacional lo que, en consecuencia, no permite que se ejecuten operativos en barrios y colonias en los que se registra alto índice de extorsión y homicidios.
“La suspensión de derechos constitucionales es válida si también hay un incremento en el número de policías. Es imposible que con el número de policías que hay se haga una saturación a nivel nacional para garantizar seguridad. Por lo tanto, es imposible que con este número de policías se hago algo elemental”, precisó.
De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en la actualidad hay 20 mil funcionarios policiales y, en los próximos dos años, que le resta al gobierno a la presidenta Xiomara Castro, pretenden sumar cuatro mil más a las filas de la institución armada.
De igual manera, Madrid considera que el plan de ejecución que tiene el gobierno en contra de la criminalidad, falta la parte preventiva que, podría comprenderse de fomentar oficios y la generación de empleos para que los jóvenes menores de 18 años, no sean reclutados por las diferentes maras y pandillas.
“No hay programas del Estado que vengan a garantizar lo que se está haciendo por los jóvenes; no hay programas de formación continua. Al contrario, ha aumentado el número de jóvenes menores de 18 años en las calles Se debe trabajar para evitar que los jóvenes sigan siendo caldo de cultivo de las maras y pandillas”, mencionó.
El alto índice de impunidad que campea en las instituciones operadoras de justicia, sería el factor principal por el que los integrantes de maras y pandillas continúan cometiendo homicidios y extorsionando a los rubros más vulnerables de la sociedad.
“En Honduras sabemos que la tasa de impunidad está en un 95%, de 100 casos que llegan, sólo cinco logran sentencia condenatoria. Para el crimen organizado eso es suficiente, porque saben que si cometen un delito hay un 95% de posibilidades que no los van a investigar”, opinó.
Sin embargo, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que en los últimos meses han logrado arrestar unas dos mil personas por extorsionar y otros delitos conexos, de los cuales, el 80% de los casos están siendo procesados en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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ESTADO DE EXCEPCIÓN: MEDIDA PELIGROSA
Para el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, el estado de excepción podría ser una medida peligrosa, en la que se estén capturando personas inocentes, sólo para mandar un mensaje a la sociedad que se están logrando erradicar y desarticular el crimen organizado.
“No sólo se trata de capturas, la Policía puede capturar mil personas, pero eso no significa que esas mil personas están vinculadas con crímenes o delitos (…) estamos hablando de una peligrosa medida que, para enviar un mensaje que se está logrando algo, se puede estar capturando personas que no tienen nada que ver con el delito”, opinó Mejía.
“En Honduras lo que hay son acciones que no responden a un norte y desafortunadamente el gobierno no escucha las voces expertas y, lo que está haciendo, es adoptando acciones únicamente represivas que no tienen objetivos ni dirección”, agregó.
Mejía coincidió con el análisis de Madrid, al explicar que, para que la estrategia policial funcione, se debe implementar una política pública, sin embargo, entre los altos funcionarios falta la arista principal, que es la voluntad.
“El implementar una política pública es cuestión de voluntad. Recordemos que la Constitución de atribuye al Poder Ejecutivo la instrucción de políticas públicas. No hay que inventar el agua caliente, ya están los elementos sobre la mesa, lo único que se requiere es voluntad política para construir a partir de eso”, mencionó.
Respecto a que el estado de excepción cumplirá un año de su implementación, Mejía aseguró que este ya perdió su naturaleza y se está convirtiendo en una medida permanente que se blinda ante el argumento de la baja en la incidencia de los homicidios.
“La reflexión más importante que debemos hacer es que el estado de excepción es una medida extraordinaria, excepcional, pero cuando estamos hablando que se va a cumplir un año, esa medida ya perdió su naturaleza y se ha convertido en permanente”, precisó.
El principal argumento de las autoridades de seguridad para extender periódicamente el estado de excepción es la reducción en el índice de homicidios. De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) desde el uno de enero de 2023, hasta el 16 de noviembre, se han registrado 723 homicidios menos que en 2022.
Sin embargo, la extorsión, asesinatos múltiples y femicidios, en el mismo periodo de tiempo han registrado un alza, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) y denuncias de transportistas, respectivamente.
