Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. – Violaciones a los derechos humanos y falta de efectividad en los resultados, serían los motivos por los que el estado de excepción en Honduras no sería ratificado en el Congreso Nacional, han advertido diputados opositores.
“Ellos (las autoridades de Seguridad) manejan como logros desde que comenzó el estado de excepción que han hecho decomisos de armas, drogas y otras cosas, pero para eso no se necesita un estado de excepción, esos son resultados normales que debe tener la Policía”, dijo a Criterio.hn la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Ligia Ramos.
La congresista vaticina que el acecho del crimen organizado y narcotráfico continuará sobre Honduras, pese a que el Poder Ejecutivo siga extendiendo el estado de excepción y que el único resultado que se esté viendo es que no haya garantías constitucionales.
“Desde que se suspenden garantías constitucionales se están violentando los derechos humanos. Desde que se les faculta a las autoridades de seguridad en hacer allanamientos o hacer arrestos sin ningún tipo de orden se vulneran los derechos humanos de la población”, cuestionó a través de una llamada telefónica.
La postura de Ramos se sustenta en el reciente cuestionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien, durante una visita in loco, señaló que “el estado de excepción debe tener una fecha final, no puede volverse un estado de normalidad”.
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El estado de excepción entró en vigor el 6 de diciembre de 2022 con el fin de erradicar el crimen organizado que muestra su poderío en las distintas cárceles del país, en la extorsión y en los homicidios que mantiene en zozobra a diversos sectores de la sociedad hondureña.
El gobierno de Xiomara Castro amplió el estado de excepción parcial hasta el 21 de mayo de este año, por medio del decreto ejecutivo PCM- 23-2023. Pero hasta el pasado 3 del mismo mes fue ratificado por el Congreso Nacional, en donde algunos diputados aprovecharon esta tercera ratificación para externar la inconformidad con la medida.
“Honduras necesita políticas en materia de seguridad, no que se implementen medidas que no den frutos”, planteó la congresista del PSH, Ligia Ramos.
Desde que se implementó, hasta la fecha que se extendió el estado de excepción, a los hondureños se les están suspendiendo seis derechos (artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99), garantizados en la Constitución de la República. Por ejemplo, la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio.
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“EL PAÍS CONTINÚA EN EL MISMO CAOS”
El diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, aseguró que pese a respaldar al Poder Ejecutivo en algunas decisiones, desde el Congreso Nacional, no han visto resultados positivos porque a juzgar por los resultados el país continúa en el mismo caos.
“Entonces, estos PCM, ¿para qué sirven?, no han funcionado”, dijo a periodistas.
Para Jorge Gámez, del Partido Nacional, este sería un momento idóneo para ver los frutos de las fallidas políticas contra el crimen organizado en Honduras.
“No podemos ni controlar a los de las cárceles, y con esto (estado de excepción) nos quieren decir que vamos a controlar a los que están afuera”, cuestionó.
PACIENCIA, PIDE POLICÍA
El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, pidió a los diputados que se encuentran inconformes con el estado de excepción, tener paciencia, argumentando que los resultados positivos se están comenzando a ver y se continuarán teniendo de manera progresiva.
“Sería bueno que las autoridades políticas evalúen, examinen y piensen muy bien la medida que van a tomar porque la realidad es que la sociedad se está beneficiando con esta medida que habilita a la Policía a realizar este tipo de operaciones”, dijo en un foro de televisión.
Tras los señalamientos de los diputados, Sánchez, mencionó que desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de abril del mismo año se logró reducir alrededor de 340 homicidios relacionados al cobro de extorsión en comparación a los primeros cuatro meses de 2022.
Con respecto a los allanamientos de morada, que ahora se pueden hacer sin una orden judicial, precisó que desde 2021 hasta el 5 de diciembre de 2022 se hicieron sólo 205, mientras que, desde que entró en vigor el estado de excepción hasta el 30 de abril de 2023, se contabilizaron 2,456.
“Tenemos buenos resultados (…) hemos logrado bajar seis puntos la tasa de homicidios; en los allanamientos hemos realizado capturas, decomisado armas, dinero, drogas, vehículos y bienes, son resultados que benefician a la sociedad hondureña”, argumentó el alto mando de la Policía.
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Sobre la queja de violentar los derechos humanos, expuesta por algunos congresistas, aseguró que, con el PCM, la policía está autorizada a ejecutar capturas y allanamientos sin ningún tipo de orden judicial, pero “estos operativos vienen acompañados de investigaciones que tenemos para golpear a las estructuras criminales”.
En la práctica, mientras el gobierno de Castro continúa ejecutando sus medidas de seguridad, en lo que va de año han acribillado a 957 personas, y por el cobro de extorsión han asesinado a 23 transportistas y quemado dos unidades, según fuentes oficiales.
Sin embargo, el gobierno asegura y celebra un descenso en los homicidios de 6 puntos en la actualidad en comparación con el año anterior que cerró con una tasa de 35.78 por cada 100 mil habitantes.
