Aunque el gobierno hondureño asegura que la mayoría de las capturas de 3,810 durante el estado de excepción son por extorsión, datos de la Secretaría de Seguridad revelan que sólo 513 están vinculados a este delito
Tegucigalpa, Honduras. – La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos más alarmantes y extendidos en Honduras, afectando a todos los sectores de la sociedad y generando consecuencias devastadoras para las víctimas. Según datos recientes, este flagelo no sólo golpea a empresarios y comerciantes, sino también a ciudadanos comunes que deben lidiar con el miedo constante y la pérdida económica.
Debido a este delito, que ha causado muerte y desplazamiento forzado, el gobierno liderado por Xiomara Castro instauró a partir de diciembre de 2022 un cuestionado estado de excepción que se mantiene vigente y además ha dado potestad a los militares de participar en roles para garantizar la seguridad ciudadana.
LA FRASE:
“Capturamos 3,800 personas que pertenecen a diferentes estructuras criminales, algunos de ellos, la mayoría, relacionadas con el delito de extorsión y delitos conexos”: Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad (17 de junio de 2024).
La frase anterior es parte de una comparecencia televisiva que tuvo el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Gustavo Sánchez, el pasado 17 de junio, cuando aseguró que las cifras citadas corresponden a los datos de este año como y que son resultado de la supuesta efectividad que ha experimentado el estado de excepción y el plan de seguridad (Plan Solución Contra el Crimen) implementado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
CAPTURAS POR EXTORSIÓN NO SON LA MAYORÍA
La administración Castro anunció el pasado 14 de junio la implementación de una segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen, que consta de 14 medidas y que fue aprobado en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Esta controversial estrategia, que vulnera los derechos humanos, ha sido justificada por el ministro Sánchez, por un supuesto descenso en la tasa de homicidios y la captura de 3,800 personas vinculadas a estructuras criminales.
Además, el ministro de Seguridad, señaló que la mayoría de las capturas corresponden al delito de extorsión y delitos conexos y que el 90% de los responsables están privados de libertad, es decir, 3,420 personas “por lo tanto, la efectividad del Estado hondureño y el sustento de los expedientes investigativos han sido suficientes para darle sostenibilidad y mantener a ese número de personas en prisión”.
Una gráfica presentada por el ministro de Seguridad durante una conferencia de prensa indica que las capturas de personas vinculadas a estructuras criminales son 3,810.
Para verificar las estadísticas proporcionadas por el ministro de Seguridad, Criterio.hn hizo un análisis de datos con base a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, a través de la petición de información SSSS-2365-2024, que refiere que desde diciembre de 2022 a mayo de 2024 –con el estado de excepción vigente— se realizaron 35, 271 detenciones por diversos delitos.
La misma información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, señala además que los cuerpos de seguridad del Estado dieron captura a 513 personas vinculadas al delito de extorsión.
Haciendo números y al contrastar las 513 capturas por extorsión con las 3,810 que señala Sánchez, éstas sólo representan 13.5% y no la mayoría como lo asegura que están relacionadas al delito de la extorsión.
Además, la data solicitada a la Secretaría de Seguridad, indica que las 513 capturas por extorsión, sólo representan 1.4% de las 35,271 capturas efectuadas durante el estado de excepción.
ÉXITO RELATIVO
El Proyecto Regional Infosegura, del que forma parte la Secretaría de Seguridad con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), señala que en el 2022 las extorsiones en Honduras se incrementaron en 153% en comparación al año 2021.
Lo anterior significa que las estadísticas de 2022, (1,824 denuncias) sólo están siendo superadas por los registros de 2013 cuando se contabilizaron 1,929 denuncias. Siendo los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula los más afectados con el 62% de las denuncias de extorsión.
Esta realidad que enfrenta la ciudadanía hondureña, conllevó a la suspensión de garantías constitucionales a través del estado de excepción, una estrategia que ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales por violentar los derechos humanos.
“El estado de excepción se convierte en violatorio de derechos humanos cuando no se cumplen los requisitos que la propia Convención Americana establece para dictar un estado de excepción”, señaló Andrea Pochak, relatora para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una entrevista exclusiva con Criterio.hn.
La funcionaria internacional expresó su preocupación debido a que la medida utilizada por el gobierno de Xiomara Castro, ha tenido sucesivas prórrogas, que “están siendo aprobadas sin un análisis y control efectivo por parte del Congreso Nacional”.
Respecto a los resultados que se han obtenido sobre la extorsión, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), refirió que “el éxito es relativo”, aún con las medidas de la suspensión de las garantías.
Del mismo modo, recordó que las medidas que contempla la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen, son las mismas que se tomaron con la implementación del estado de excepción, pero “nunca se pusieron en práctica”.
Entre esas medidas, el defensor de derechos humanos, mencionó el control de la venta de ships telefónicos para evitar la salida de llamadas telefónicas desde los centros penitenciarios y el control de las billeteras electrónicas. “Si se hubieran aplicado bien, no se tendría la necesidad de estar saliendo cada cierto tiempo con una propuesta de intervención o acción de los establecimientos penitenciarios”, reprochó Acevedo.
Otra de las medidas anunciadas, es la construcción de una Centro de Reclusión de Emergencia que, de acuerdo con Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), junto con la mega cárcel que el gobierno ha anunciado construir en la reserva natural de Islas del Cisne, servirán como aislamiento para los privados de libertad y evitar “la facilidad de contacto” con la población. “Por la experiencia hemos visto que el aislamiento es necesario para evitar que estas personas privadas de libertad logren hacer este tipo de actividades ilícitas aun estando en condición de privación de su libertad”, señaló.
De acuerdo con el informe, Estado de País 2024: Seguridad y Justicia, de la Asociación para una Sociedad más Justa, en 2023, 1 de cada 10 hondureños fueron víctimas del delito de la extorsión.
NO HAY INVESTIGACIÓN
En los primeros seis meses de la aplicación del estado de excepción, Criterio.hn desarrolló un análisis de datos que refiere que el 81% de los capturados, en ese periodo de tiempo, fueron liberados, porque no se tuvo las pruebas para incriminarlos.
Para Javier Acebedo, el punto donde falsean los resultados de las medidas para contrarrestar el delito de extorsión, está en el sistema de justicia, porque no hay capacidad de investigar y documentar los casos, lo que conlleva que no pueden sustentar –en muchos de los casos—, la responsabilidad de las personas que han sido capturadas.
El informe de la ASJ, refiere que en 2022 las denuncias por el delito de extorsión fueron 1,812 y en 2023 se redujeron a 912, situación que ha despertado la preocupación de analistas.
Para Mirna Flores, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el delito de extorsión es complejo, a tal extremo que existe una “cifra negra”, debido a que las personas que son víctimas de este flagelo no denuncian por miedo a las represalias que puedan tomar las estructuras criminales. “La extorsión campea en la sociedad hondureña”, expresó.
La especialista en materia de seguridad ciudadana, indicó que los mecanismos de saturación implementados por el Estado de Honduras “no tienen resultados” frente a un problema como la extorsión, porque son medidas a corto plazo y Honduras debe avanzar a la implementación de medidas de mediano y largo plazo que tienen que ver con la reducción de desigualdades e inequidades sociales.
En ese sentido, refirió que lo que da resultado en el combate a este delito está en la investigación criminal y la judicialización de las personas que cometen el delito.
Luego del análisis de datos y las fuentes consultadas, Criterio.hn concluye que lo asegurado por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, respecto a 3,800 capturas por extorsión, es falso, ya que desde la implementación del estado de excepción sólo se han capturado 513 personas vinculadas a este delito, que ha causado muertes, desplazamientos forzados y migración.
